Paraguay: Pobre Parlamento, pobre ciudadanía

Por Marcos
Cáceres Amarilla
Desde que los
parlamentarios son electos de acuerdo a la Constitución de 1992 hasta llegar a
la actualidad, la calidad del Congreso de nuestro país ha ido empeorando a ojos
vista. Tenemos cada vez peores legisladores. Esta realidad, obviamente,
repercute en la calidad de la democracia. Las posibilidades de encontrar una
solución parecen remotas, lamentablemente.
En los primeros
años de “recuperación democrática”, a pesar de que las elecciones se hacían con
listas “sábana”, los caudillos políticos de entonces incluyeron en sus nóminas
a ciertos prestigiosos juristas y estudiosos del derecho, profesionales con
buena formación, algunos de los/as cuales estaban en el exilio o fueron
anteriormente relegados. En general, se trataba de personas que se tomaban el
trabajo legislativo en serio. Por suerte fue así, porque fueron los encargados
de estudiar y aprobar leyes referidas al funcionamiento de instituciones
básicas de nuestra incipiente democracia (Es inimaginable pensar cómo serían
esas leyes si las tuvieran que hacer los parlamentarios que tenemos ahora).
Sin embargo, en
las legislaturas siguientes, el deterioro institucional se fue haciendo
evidente. El criterio de los “líderes” de los partidos para elegir a los
legisladores que integrarían las listas para el Senado y la Cámara de Diputados
se redujo cada vez más a consideraciones sobre su capacidad de “aportar” dinero
a la campaña electoral o a su condición de “caciques” con eficacia para
acarrear votos. Estas premisas dejaron a un lado una valoración de las
condiciones intelectuales, la formación jurídica o de otra índole, e inclusive
las cualidades morales de los candidatos.
Otro criterio
más lamentable aún para digitar candidatos era (y es hasta ahora) el de la
“lealtad” al líder, rótulo bajo el cual se encolumnan personajes lamentables
que “adornan” las bancas legislativas.
Tal vez, el
problema de fondo es la poca relevancia que la clase política da al Congreso,
que es visto sobre todo como un pasaporte al poder y la impunidad, más que como
un foro de discusión y de planteamientos de solución a los problemas
nacionales. En cuanto a lo de ser un “contrapeso” a los otros dos poderes de
Estado quedó reducido a un mecanismo de chantaje y tráfico de influencias
mutuos, que solamente favorecen a una claque de dirigentes políticos, sus
familiares y amigos.
¿Cómo rever
esta situación tan ajena a lo que debería ser una genuina representación
popular?
La solución que proponen algunos pasa por implementar la elección con listas
desbloqueadas. Sin embargo, la experiencia del Partido Patria Querida con ese
sistema demuestra que no siempre los mejores candidatos tendrán la preferencia
del electorado y que el riesgo es que los primeros lugares sean copados por
algunos “tirabombas” y expertos en el arte de conseguir espacios en la prensa o
algunos con mucho tiempo para hacer proselitismo, relegando a otros con mayor
experiencia y capacidad intelectual para el cargo. Es decir, no hay un sistema
que asegure totalmente que serán elegidos los más capaces y honestos.
La solución a
largo plazo pasaría porque tengamos una ciudadanía con mayores posibilidades de
formación, cada vez más atenta, informada y celosa de sus derechos.
La cuestión es
que el mayor acceso a la educación y una activa participación ciudadana pasan,
en buena medida, por decisiones y políticas de Estado que seguirán en manos de
los dirigentes que tenemos. No hay razones para ser optimistas, pero tampoco
absolutamente pesimistas, si es que comenzamos a darnos cuenta de lo que pasa.
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