España: Redefinir el Estado

Libre Mercado, Madrid

El Fondo Monetario Internacional acaba de recomendar al Gobierno, entre otras cosas, que recorte el sueldo de los empleados públicos, con el fin de reducir el déficit presupuestario. Yo no digo que no haya que acometer ni esa medida ni otras muchas de las que propone el organismo multilateral. Pero, a mi juicio, las recomendaciones que realiza el FMI adolecen del defecto fundamental de no entender cuál es la estructura de la Administración pública española y por eso carga las tintas en los ajustes que puede llevar a cabo el Estado, como la referida reducción de la retribución de los funcionarios, la subida del IVA o la desaparición de la desgravación por vivienda, mientras que no dice nada de aquellas otras partes donde reside el grueso del gasto público español.

La razón por la que nuestra situación fiscal es insostenible se debe, fundamentalmente, a algo de lo que no habla el Fondo, y es a las competencias impropias asumidas tanto por las autonomías como por los ayuntamientos, que son las que disparan el gasto. Por supuesto, eso no quita para reconocer que la plantilla del sector público esta hinchada; que, probablemente, sobra un millón de empleados públicos y que hay que actuar en este sentido. Pero el problema fundamental no es ese, sino las competencias que ejercen las autonomías y los ayuntamientos y que no les corresponden. Solamente con eliminar las duplicidades entre las comunidades autónomas y el Estado nos ahorraríamos 45.000 millones de pesetas, más de la mitad de la cantidad en la que tenemos que reducir nuestro déficit presupuestario. Y si a ello le unimos todas aquellas políticas asumidas por las corporaciones locales con la simple excusa de que el ciudadano se las demanda tendríamos resuelto nuestro problema fiscal sin necesidad de subir impuestos ni nada por el estilo.

¿Por qué los ayuntamientos y las autonomías no actúan de esta forma y resuelven, así, sus problemas presupuestarios? Pues muy sencillo. Quien está a su frente considera que el ejercicio de esas políticas le aporta votos y, por tanto, en ningún momento quiere renunciar a ellas, por mucho que ni las comunidades ni las corporaciones locales puedan seguir permitiéndoselas. Por ello, y dado que no cabe esperar nada de los políticos regionales y locales, el Gobierno debería proceder a toda una restructuración y reordenación del conjunto de las administraciones públicas, definiendo claramente cuáles son las competencias de cada nivel y prohibiéndole ejercer aquellas otras que no le corresponden. Pero, claro, para eso hay que tener en la cabeza un modelo de Estado. Y si hay algo que caracteriza desde el principio al Ejecutivo de Rajoy es por la ausencia de dicho modelo. Pues bien, o el Gobierno reordena la Administración, o ya sabe lo que le toca: adoptar más medidas impopulares, como la subida del IVA o el recorte de los salarios de los funcionarios. Rajoy elige.