Panamá: El paradigma del salario mínimo

La Prensa, Panamá

Usualmente se asocia el establecimiento de un salario mínimo como una medida justa y beneficiosa para las clases más vulnerables de la sociedad, al garantizar el acceso a los bienes y servicios básicos a todos los trabajadores de una nación.

Se parte también del supuesto de que, inevitablemente, el costo de la vida aumenta con el tiempo y, en consecuencia, lo deben hacer los salarios.

Pero, ¿qué implicaciones reales tiene fijar mediante fuerza de ley el salario mínimo que los empleadores deben ofrecer a sus trabajadores? Pocas veces nos detenemos a reflexionar en este sentido.

Es importante recordar que la nuestra, en principio, es una economía de mercado en la que no existe desde hace años la regulación de precios por parte del Gobierno. Obligar a que los empleadores paguen salarios por encima de lo que indica el mercado y, sobre todo, sin que haya aumentos en la productividad, lo que realmente hace es disminuir el número de personas que pueden acceder a empleos formales dentro del sector privado.

Recordemos que son, justamente, las personas con menor experiencia y capacitación quienes reciben los salarios más bajos, y quienes se verían excluidos del mercado laboral formal al fijarse una cantidad mínima para los salarios que los empresarios les deban pagar por sus servicios.

Si se obliga a los empleadores a cumplir con un mínimo salarial, estos siempre optarán por contratar a personas con algo de experiencia o educación, dejando fuera del sector formal a quienes más lo necesitan: a la mano de obra no calificada, sin experiencia laboral, pero que tendría la posibilidad de superarse al obtener un empleo que le pagaría un salario acorde a su capacidad productiva real y no a un mínimo establecido por la ley.

La mayoría de los trabajadores que comienzan muy abajo y logran ir subiendo, lo hacen por dedicación y esfuerzo propio, no por leyes de salarios mínimos. Los gobiernos pueden fijar el salario mínimo, pero no pueden garantizar el empleo.

Una última reflexión: ¿no tendría un mayor impacto para nuestra sociedad que nos esforcemos por detectar y corregir las distorsiones y asimetrías que existen en nuestro mercado y que no permiten que exista una verdadera libertad económica, en la que la oferta y la demanda asignen el precio de los bienes y servicios pero, también, de los salarios?

¿Existe real libertad económica en la cadena de distribución de los alimentos que producimos?, ¿tienen nuestros productores acceso real a los mercados?, ¿existen privilegios en el acceso a la información dentro de nuestra cadena de comercialización? Responder estas simples preguntas y actuar en conformidad permitiría, entre otras cosas, acabar con el supuesto que mencioné al inicio de este artículo: “que inevitablemente el costo de la vida aumentará con el tiempo”.