Argentina: El escándalo Schoklender

El Imparcial, Madrid

En materia de corrupción, los argentinos hemos perdido sin duda el sentido del límite. Recuerdo que cuando Néstor Kirchner asumió el poder, parte del discurso oficial se centró en la “demonización” de los noventa, a los que se asociaba en bloque con la corrupción administrativa y el enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios. Parecía instalarse entonces el lenguaje de la virtud, inclusive en boca de secretarios o ministros repentinamente “reciclados” que habían tenido durante aquella década un rol protagónico, empezando por el propio Kirchner, gobernador de la provincia de Santa Cruz e incondicional defensor y beneficiario de las políticas del ex presidente Menem.

Sin embargo, el pasado no llegó a salpicar a quienes, repentinamente, nada habían tenido que ver con aquellas tropelías ni con el apoyo a la convertibilidad monetaria. Erigidos en guardianes de la ley y la independencia de la justicia, nuestros prohombres inauguraban una nueva política y una gestión que con el tiempo se daría en llamar “el modelo” que, según dicen, nos mantuvo al margen de la crisis financiera global y que, en caso de ser ratificado próximamente en las urnas, nos preservará de cualquier medida que nos retrotraiga al 2001 prolongando nuestra fiesta consumista y nuestro crecimiento a tasas chinas.

“¡Quién lo diría! La misma virtud necesita límites”, sentenció Montesquieu en una página de El espíritu de las leyes. Es que en los ocho años que llevamos de kirchnerismo, primero con Néstor y luego con Cristina, ninguno de nuestros tribunos parece haberse dado por enterado de los casos escandalosos de corrupción que han salido a la luz involucrando a sus propios allegados, como el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, o últimamente Sergio Schoklender, ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, quien se enriqueció a niveles exorbitantes (él y su hermano Pablo, ambos parricidas con condena cumplida en virtud de una ley que les permitió en su momento computar doblemente sus años detrás de las rejas) malversando fondos procedentes del Estado (es decir, de los impuestos de todos los ciudadanos) para la construcción de viviendas sociales mediante la firma Meldorek. La Fundación recibió en total fondos por 765 millones de pesos y las obras fueron asignadas, sin licitación alguna, a la mencionada constructora, de la que es accionista mayoritario Sergio Schoklender, hoy convertido en un supermillonario dueño de varias casas y departamentos, campos, yates, una Ferrari y quién sabe cuántas cosas más pues todos los días nos enteramos de otra inexplicable adquisición.

Sin bien ahora todos los dardos se dirigen contra Schoklender, a quien el propio gobierno y la Presidente de las Madres, Hebe de Bonafini, soltaron la mano acusándolo de sátrapa, traidor, psicópata y delincuente, es obvio que los niveles de responsabilidad superan holgadamente a su persona alcanzando, entre otros organismos, a la Subsecretaría de Vivienda que depende del Ministerio de Planificación. ¿Afectará este escándalo el humor electoral de los argentinos? No falta mucho para saberlo pues el 14 de agosto tendremos las internas abiertas. Si recuperamos el sentido del límite y el compromiso se impone a la apatía, el cuarto oscuro quizá nos permita expresar nuestra indignación.