Líderes mundiales piden legalizar marihuana

(Puede descargar el informe completo en español: Global Commission Report -Spanish-)

El Comité Global de Políticas Antidrogas, que integran varios ex presidentes latinoamericanos, presentó el jueves en Nueva York un duro informe que denuncia el “fracaso” de la lucha mundial antidrogas y pidió cambios “urgentes”, entre ellos “despenalizar” el consumo del cannabis.

“Detengamos esta guerra contra las drogas y seamos más constructivos. No es paz en lugar de guerra: es una forma más inteligente de combatir el uso de drogas”, resumió el ex mandatario brasileño Fernando Henrique Cardoso en rueda de prensa en el hotel Waldorf Astoria en la que se presentó el documento.

“Entre prohibición y legalización, hay alternativas. Despenalizar no es lo mismo que legalizar”, añadió Cardoso, en referencia a la propuesta de “regular” el consumo del cannabis lanzada por este comité que integran personalidades como el ex secretario general de la ONU Kofi Annan, el ex presidente colombiano César Gaviria y la ex mandataria suiza Ruth Dreifuss.

En su informe, redactado por un grupo de expertos, estos líderes mundiales concluyen que “la lucha global contra las drogas ha fracasado”, apoyándose por ejemplo en cifras de la ONU según las cuales el consumo de opiáceos aumentó 35,5%, el de cocaína un 27% y el de cannabis un 8,5% entre 1998 y 2008.

“Cincuenta años después de la firma de la Convención de la ONU sobre drogas y 40 años después de que el presidente (Richard) Nixon lanzara la guerra anti-drogas del gobierno norteamericano, se necesitan en forma urgente reformas fundamentales en las políticas nacionales y mundiales de control de drogas”, afirman.

En ese marco, además de proponer “regular” el uso del cannabis, el comité plantea “terminar la criminalización, marginalización y estigmatización de gente que utiliza drogas pero que no causan daño a los otros”.

“Las iniciativas de descriminalización no tienen como resultado un aumento significativo del uso de drogas”, destaca el informe, que cita los ejemplos en ese sentido de Portugal, Holanda y una provincia de Australia.

Sentado junto a Cardoso, el ex presidente colombiano Gaviria atacó con dureza las políticas antidrogas de Estados Unidos: “Está gastando el dinero de una forma ineficaz: el consumo no está siendo reducido, hay más gente en las cárceles”, dijo.

“Para Latinoamérica, para México, para Centroamérica, para Colombia, para Perú y Bolivia, es muy importante ver que las políticas de Estados Unidos para reducir el consumo, para reducir el tamaño del negocio, sean efectivas”, continuó.

Durante la conferencia de prensa en Nueva York, se presentó también una petición con unas 550.000 firmas recogidas en apenas 6 días apoyando la propuesta, que será presentada el viernes al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

El Comité Mundial de Política Antidrogas tiene como objetivo “llevar a nivel internacional un debate documentado y basado en datos científicos sobre los caminos humanos y efectivos para reducir el daño provocado por las drogas en las personas y las sociedades”.

Sus trabajos retoman la experiencia de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, también integrada por Cardoso, Gaviria y Zedillo, que había revisado la guerra antidroga en la región y abierto un debate público sobre la cuestión.

Entre sus miembros también se encuentran intelectuales y escritores como el mexicano Carlos Fuentes y el peruano Mario Vargas Llosa.

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Resumen Ejecutivo

La guerra global a las drogas ha fracasado, con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo. Cincuenta años después del inicio de la Convención Única de Estupefacientes, y cuarenta años después que el Presidente Nixon lanzara la guerra a las drogas del gobierno norteamericano, se necesitan urgentes reformas fundamentales en las políticas de control de drogas nacionales y mundiales.

Los inmensos recursos destinados a la criminalización y a medidas represivas orientadas a los productores, traficantes y consumidores de drogas ilegales, han fracasado en reducir eficazmente la oferta o el consumo. Las aparentes victorias en eliminar una fuente o una organización de tráfico son negadas casi instantáneamente por la emergencia de otras fuentes y traficantes.

Los esfuerzos represivos dirigidos a los consumidores impiden las medidas de salud pública para reducir el VIH/SIDA, las muertes por sobredosis, y otras consecuencias perjudiciales del uso de drogas. Los gastos gubernamentales en infructuosas estrategias de reducción de la oferta y en encarcelamiento reemplazan a las inversiones más costo-efectivas y basadas en la evidencia orientadas a la reducción de la demanda y de los daños.

Nuestros principios y recomendaciones pueden resumirse como sigue:

Terminar con la criminalización, la marginalización y la estigmatización de las personas que usan drogas pero que no hacen ningún daño a otros. Desafiar los conceptos erróneos comunes acerca de los mercados de drogas, el uso de drogas y la dependencia de drogas en lugar de reforzarlos.

Alentar a los gobiernos a que experimenten con modelos de regulación legal de las drogas a fin de socavar el poder del crimen organizado y para salvaguardar la salud y la seguridad de sus ciudadanos. Esta recomendación se aplica especialmente al cannabis, pero también alentamos otros ensayos de descriminalización y regulación legal que puedan conseguir estos objetivos y proveer modelos para otros.

Ofrecer servicios de salud y tratamiento a los que los necesiten. Asegurar que esté disponible una variedad de modalidades de tratamiento, incluyendo no sólo los tratamientos con metadona y buprenorfina, sino también programas de tratamiento asistido con heroína que han probado ser exitosos en muchos países europeos y en Canadá.

Implementar programas de intercambio de jeringas y otras medidas de reducción de daños que han probado su efectividad en reducir la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sanguínea, así como las muertes por sobredosis.

Respetar los derechos humanos de las personas que usan drogas. Abolir las prácticas abusivas llevadas a cabo en nombre del tratamiento –tales como la internación forzada, los trabajos forzados, y los abusos físicos o psicológicos- que contravienen los principios y normas de derechos humanos o que eliminan el derecho a la autodeterminación.

Aplicar en gran medida los mismos principios y políticas antes expuestos a las personas involucradas en los segmentos inferiores de los mercados ilegales de drogas, tales como campesinos, correos, y pequeños vendedores. Muchos de ellos han sido víctimas de violencia e intimidación

o son dependientes de drogas. Arrestar y encarcelar decenas de millones de estas personas en las recientes décadas ha llenado las prisiones y destruido vidas y familias, sin por ello reducir la disponibilidad de drogas ilegales o el poder de las organizaciones criminales. Pareciera no haber límite al número de personas que se vinculan con esas actividades para mejorar sus vidas, proveer a sus familias, o para escapar de la pobreza.

Focalizar las acciones represivas en las organizaciones criminales violentas, pero hacerlo de manera de socavar su poder y su alcance, mientras se da prioridad a la reducción de la violencia y la intimidación. Los esfuerzos para imponer el cumplimiento de la ley no debieran focalizarse en reducir los mercados de drogas per se, sino más bien en reducir sus daños en los individuos, las comunidades y en la seguridad nacional.

Invertir en actividades que puedan prevenir en primer lugar que las personas jóvenes usen drogas y a la vez prevenir que los que las usan desarrollen problemas más serios. Evitar mensajes simplistas al estilo de “sólo di que no” y políticas de “tolerancia cero”, y alentar los esfuerzos educativos asentados en información creíble y en programas preventivos que focalicen en las habilidades sociales y la influencia de los pares. Los esfuerzos preventivos más exitosos son aquellos dirigidos a grupos específicos en riesgo.– y adoptar criterios apropiados para su evaluación.

Revisar la clasificación de drogas que ha resultado en obvias anomalías como la defectuosa categorización del cannabis, la hoja de coca y el MDMA (éxtasis). Asegurar que las convenciones internacionales sean interpretadas y/o revisadas para adaptarlas a una sólida experimentación con la reducción de daños, la descriminalización y las políticas de regulación legal.

Romper el tabú acerca del debate y la reforma. Ahora es el tiempo de actuar.