Bolivia: Un golpe a la alianza de Evo Morales con los más pobres

En La Ceja, el lugar en el que entonces se produjo el multitudinario acto político para apoyar al mandatario, se vieron imágenes más propias de las protestas contra los presidentes "neoliberales" que derivaron en la caída, primero, de Gonzalo Sánchez de Lozada, y, después, de Carlos Mesa.

Según informó ayer por la tarde el diario cruceño El Deber, en ese intersección de autopistas hubo cortes y choques entre quienes protestaban contra el fuerte incremento de combustibles decidido por el gobierno, bautizado popularmente como "gasolinazo", y algunos que respaldaban al presidente.

Lo que más llama la atención es que, según el diario, dirigentes de El Alto, hasta ahora afines a Morales, en este verdadero bastión del MAS en el que el presidente lograba hasta hace poco un 69% de aprobación, se han atrevido a emplazar al presidente a revertir en 24 horas el "brutal" aumento. Era previsible: muchos de ellos viajan en pequeños ómnibus urbanos que les cobraban hasta ahora 1,5 pesos bolivianos. Ahora les piden 2,5 por el mismo viaje.

Además, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), estatal, incrementó entre 15,1 y 16,1% los precios del azúcar, harina, arroz y aceite que comercializa, en otro golpe directo a los bolsillos de los más pobres, algunos de los cuales ya se atreven a afirmar que Morales los ha traicionado. También, según el diario La Razón, ayer empezaba a verificarse el desabastecimiento de artículos de primera necesidad.

"La medida supone un enorme shock para las familias. El impacto en los precios va a ser significativo: en la Fundación Milenio hemos calculado que la inflación llegará a un 13 o 14% en los próximos tres meses", dijo a La Nacion el economista boliviano Roberto Laserna.

El gobierno de Bolivia, un país gasífero pero que está lejos de autosustentarse en carburantes, ha intentado, de todos modos, preservar la imagen del presidente, al anunciar en pleno festejo navideño una medida tan impopular como la eliminación de los subsidios a la nafta y al gasoil que, en la práctica, supone un incremento del 73%y del un 83%, respectivamente.

Además, el anuncio fue realizado por el vicepresidente, Alvaro García Linera, no por Morales, que en su discurso de anoche intentó justificar la medida y anunció paliativos al duro ajuste en el precio de los combustibles.

Pese a estos intentos de mitigar el costo político, para Laserna el gobierno "no parece haber calculado muy bien el costo económico" de la medida. "Si opta por transferir el mayor costo al sector privado mediante un aumento de salario puede generarse una escalada inflacionaria o el cierre de empresas, por lo que la situación es muy delicada", dijo.

Además, el gobierno parece haber considerado que dar la noticia de una vez podría suponer un menor desgaste para Evo que hacer la corrección de precios en forma sucesiva. El presidente, que en 2005 había pedido el acortamiento del mandato de Mesa luego de que éste dispusiera un aumento del 10% en la nafta, tiene un respaldo popular del 49%, mucho más bajo que el que experimentaba en diciembre pasado, cuando se impuso en los comicios con un 63% de los sufragios.

La explicación oficial es que la medida se pone en marcha para evitar el contrabando a los países de la región de nafta y gasoil adquirida en Bolivia a precios subsidiados.

Pero un comunicado emitido ayer por la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, al que tuvo acceso La Nacion, afirma que mantener congelados los precios del combustible en los últimos seis años "ha acumulado una carga cada vez más costosa e insostenible de financiar para el Estado en relación con la realidad de los precios internacionales".

Costo fiscal

En efecto, esta política le estaba suponiendo al Estado, que debe importar los combustibles líquidos y adquirirlos a precio internacional, un costo fiscal de 400 millones de dólares cuando los ingresos que produce el sector hidrocarburos al Estado llegan a 1600 millones de dólares.

También, según afirman opositores y algunos analistas, el aumento supone un reconocimiento implícito del gobierno de que fracasó la política de nacionalización de los hidrocarburos, vital para los planes sociales de Evo, al desalentar la inversión privada en exploración y explotación de yacimientos.

En 2009, los equipos de perforación llegaron a apenas cuatro en toda Bolivia, pero este año, gracias a la renegociación del contrato de abastecimiento de gas con la Argentina, ascendieron a 10. No obstante, Laserna reveló que en momentos de auge de la inversión extranjera llegaban a 65.