La desastrosa política alimentaria de Chávez: Los pollos podridos

Human Rights Foundation

En transmisión al vivo a través de todo canal de televisión y radio de Venezuela —de acuerdo a decreto presidencial— Hugo Chávez anunció la semana pasada que tropas militares venezolanas estaban siendo movilizadas a la frontera occidental con Colombia, y que esto se estaba haciendo "en secreto" para no alarmar a la población venezolana. Afectado por una montaña de pruebas que demuestran su apoyo al grupo terrorista FARC, Chávez está utilizando el conflicto con Colombia para agitar el fervor nacionalista, mientras su revolución bolivariana se desmorona sin un final previsible. Su celebrada guerra contra el hambre ha sido derrotada por siete años de una política alimentaria temeraria que produce escasez, impone el control de precios, la planificación central y la manipulación de la moneda, además de que premia la corrupción. En los últimos meses el gobierno de Venezuela se ha visto sumido en un caos, y tratando de manejar una crisis que él mismo ha provocado. Hoy por hoy, la política alimentaria es el asunto más importante para los venezolanos —sin duda más que las probadas relaciones de Chávez con las FARC— y tal vez sea lo que más afecte las elecciones legislativas de septiembre.

Semanas atrás, desde el Palacio de Miraflores, el Ministro de Alimentación, Félix Osorio, denunció "la campaña mediática impulsada por la oligarquía" en base a una noticia difundida únicamente por Globovisión, que es la última estación de televisión independiente que queda en Venezuela. La noticia señalaba que 23.000 libras de pollo en estado de descomposición habían sido encontradas en un vertedero de residuos rurales al Este de Venezuela, y que toda esa cantidad de pollos podridos provenían del programa de alimentos del gobierno.

El Ministro rechazó esto como falso y lo calificó como parte de una "arremetida imperialista" contra la revolución bolivariana de Hugo Chávez.

En aquella oportunidad, el ministro guardó silencio en relación a otro escándalo de alimentos (diez mil veces más grande) que ha generado titulares en todo el mundo: 2.340 contenedores con más de 120.000 toneladas de comida podrida (suficiente para alimentar aproximadamente a 17 millones de personas durante un mes) estaban varados en Puerto Cabello. El puerto donde se produjo este desastre había sido recientemente nacionalizado, y tanto la incompetencia de la nueva gerencia, como el racionamiento de la electricidad, produjeron la descomposición de los alimentos que debían estar almacenados en contenedores refrigerados. Esta torpeza pone en evidencia que la red nacional de distribución de alimentos (PDVAL), a pesar de ser el programa emblemático de la revolución, y de todo el apoyo logístico que recibe de la empresa petrolera estatal de Venezuela y del ejército, es un fracaso vergonzoso que deja al descubierto los desastrosos resultados de la política alimentaria gubernamental.

Tal vez no sea de extrañarse que la política agrícola de Venezuela esté inspirada en la de otro país con escasez crónica de alimentos: Cuba. Los asesores agrícolas cubanos se han unido a las filas de maestros, militares y médicos que ponen su conocimiento especializado al servicio del gobierno venezolano. Con una retórica que nos remonta a los días del comunismo soviético, las autoridades venezolanas hablan de reforma agraria, pero no para crear pequeñas propiedades agrícolas, sino para confiscar las grandes haciendas productivas y convertirlas en "cooperativas" sin propiedad privada.

La falta de producción y las confiscaciones de tierras han causado la disminución de la oferta de pollo, azúcar, leche y otros productos de la canasta básica familiar. Ante la caída de la oferta, la subida de precios y la especulación a través del acaparamiento de alimentos se han convertido en problemas que el gobierno trata de solucionar a través del control de precios y la persecución penal de los especuladores. Pero estas medidas más bien causan mayor escasez, y mayor dependencia en la importación de alimentos.

Para mantener un control riguroso del mercado de divisas, el Estado venezolano también monopoliza la venta de dólares a los importadores destinados a la compra de alimentos en el exterior. Pero los dólares cotizados a la tasa de cambio fija que vende el gobierno, valen mucho más en el mercado callejero venezolano que cotiza a una tasa flotante, así que el escenario está dado para la corrupción gubernamental, para el fraude de divisas y para mayor especulación en los precios. Para remediar este nuevo problema, el gobierno acaba por imponer más control de precios y más persecución penal.

Este conjunto de políticas erráticas han terminado por ocasionar una fuerte subida de precios, y la dependencia casi total en las importaciones de alimentos. Hoy en día, setenta por ciento de la comida de Venezuela se importa (de cuarenta por ciento hace diez años) y los precios han subido en un 21% solamente en el 2010. El resultado es que, en un país que nada en petrodólares, los alimentos más básicos no están al alcance, ni económico ni físico, de la gente más pobre.

La corrupción es hoy generalizada en el mercado de alimentos de Venezuela, y la red estatal de alimentos de bajo costo, Mercal, sea quizá el ejemplo más flagrante de esto.

Creada en 2003 para competir con los supermercados privados, el principal beneficiario de Mercal no ha sido el consumidor venezolano sino Ricardo Fernández Barruecos, un empresario con estrechos vínculos con la familia Chávez. En una ocasión en que los medios de comunicación privados criticaron a Fernández, Chávez hasta salió públicamente a defenderlo. Gracias en gran medida a los dividendos procedentes de los programas de bienestar social venezolanos, Fernández se convirtió en dueño de una fortuna que sobrepasa los mil millones de dólares.

Esto me consta porque en 2007 Fernández se apersonó a un banco internacional y presentó un informe de auditoría personal elaborado por KPMG, una de las cuatro compañías auditoras más grandes del mundo. La auditoría revelaba que Fernández tenía una fortuna personal de más de mil quinientos millones de dólares. El banco declinó realizar cualquier transacción financiera con Fernández, y una copia de la auditoría de KPMG me fue enviada por un funcionario de ese banco (incluyendo copia notariada del pasaporte de Fernández y de su hermano).

Envié el documento al corresponsal en Caracas de uno de los principales periódicos de Estados Unidos. Poco tiempo después, la computadora portátil del corresponsal —con los estados financieros de Fernández— fue robada de su casa en Caracas. Temiendo por su seguridad personal, el periodista decidió abandonar su investigación sobre Fernández y sus vínculos con altos personeros del gobierno. Posteriormente, sin embargo, la auditoría de KPMG fue muy circulada, y hoy incluso se la puede encontrar en internet.

Después del robo de la computadora del corresponsal, comencé a ser un blanco frecuente de la televisión estatal venezolana, y los ataques han continuado desde entonces. En noviembre de 2009, Fernández fue finalmente devorado por la revolución que lo creó y ahora está en una cárcel venezolana acusado de fraude bancario. Fernández no es un personaje inusual en la Venezuela de Chávez y su historia ilustra cómo la revolución bolivariana es incapaz de frenar el oportunismo, la incompetencia y el apetito voraz de sus compinches.

El gobierno de Chávez tiene el toque de Midas pero a la inversa. Todo lo que administra se deteriora: la política energética, el sistema de salud, el sector financiero, la reforma agraria, la política alimentaria, la prevención del delito, la producción petrolera, la agricultura. Pero Chávez bien sabe que la exposición pública y el reportaje mediático es su flanco débil, lo que explica por qué el principal accionista de Globovisión, Guillermo Zuloaga, es hoy un fugitivo de Venezuela. Irónicamente, se le acusa de especulador por el "acaparamiento" de 24 vehículos.

Thor Halvorssen es presidente de la Human Rights Foundation, con sede en Nueva York.