El fomento del privilegio en Guatemala

Prensa Libre

La pretendida “Ley de Fomento a la Industria Cinematográfica y Audiovisual” nos recuerda cómo la función de los diputados sigue siendo la dispensa arbitraria y discrecional de privilegios hacia aquellos sectores que tienen la capacidad de “seducirlos”. Es una función vergonzosa que debería haberse terminado hace tiempo.

De acuerdo con el proyecto de ley, “es imperativo estimular… la actividad audiovisual y cinematográfica de Guatemala”. Pues… debe ser imperativo para los diputados y para los interesados en lucrar de esa actividad porque yo puedo imaginar muchas otras cosas más “imperativas” que hacer películas, dada nuestra realidad nacional. No obstante lo anterior, los diputados han decidido “quedar bien” con aquellos que se dedican a esa actividad y quieren crearles un nuevo ente estatal.

El Instituto Nacional del Audiovisual y la Cinematografía formulará “políticas nacionales”, “estimulará la calidad”, promoverá “el desarrollo profesional”, y una larga lista de otras buenas intenciones. Por supuesto, todo ello es imposible de realizar con fondos privados de aquellos que buscan dedicarse al arte cinematográfico. No. Necesariamente lo tienen que pagar los tributarios guatemaltecos, quienes deberían destinar el 0.025 por ciento del presupuesto de gastos de la Nación para financiar el tal instituto. Con un presupuesto nacional de ingresos de Q40 mil millones, fácilmente les tocarían unos 10 milloncitos que no le caen mal a nadie.

Así que la cosa está tan bien en Guatemala que ya nos podemos dar el lujo de financiar, con fondos públicos, la producción de películas. ¡Qué alegre! Menos mal que ya no necesitamos más medicinas en hospitales públicos porque, de otra manera, el costo de oportunidad de esos fondos sería altísimo. ¡Grande la visión de los diputados de la Comisión de Economía al darle un dictamen favorable a tan oportuna iniciativa de ley!

Pero la cosa no termina ahí, porque también se crea una “Comisión Fílmica Guatemalteca”, ante quienes la ley establece la obligatoriedad del registro de las producciones realizadas en el país por productoras extranjeras. ¿Por qué? ¿Para qué? La excusa es “mantener un orden”. La realidad suena a censura para aquellas entidades que no “inicien los trámites correspondientes” ante la Comisión Fílmica Guatemalteca.

Está claro que los miembros de la Comisión de Economía del Congreso fueron incapaces de entender que no fueron electos para malgastar los impuestos que con tanto esfuerzo pagan los tributarios. Por lo tanto, ahora le tocará al pleno del Congreso votar en contra de esta absurda ley. La producción cinematográfica es una actividad legítima que debe ser financiada exclusivamente con fondos de los interesados. De ninguna manera se deben usar los escasos fondos públicos.