Las epifanías de los Demócratas

El mundo, se dio cuenta, sería un lugar más agradable si el Congreso promulgara que todas las empresas de 100 trabajadores o más proporcionaran una semana de vacaciones pagadas a aquellos que trabajan al menos 25 horas a la semana. Después de tres años, tendrían derecho a dos semanas, y las empresas con más de 50 trabajadores en plantilla tendrían que empezar a proporcionar una semana de vacaciones pagadas. Grayson no obligaría a que las vacaciones pagadas se pasaran en Disney World.

Con el estado del bienestar al borde de la insolvencia y las empresas perdiendo posiciones, es un momento extraño para ampliar la mentalidad de derechos sociales de los estadounidenses. Pero las industrias del viaje y el turismo piensan que la idea de Grayson es buena.

Los integrantes del Comité Negro del Congreso quieren que la Agencia Tributaria subsidie a los titulares de medios de comunicación pequeños que pertenezcan a minorías. Los estudios no son "demasiado grandes para impedir su quiebra" y por tanto no plantean un "riesgo para el sistema", pero, sostienen los representantes, las quiebras de medios en manos de minorías reducirían la diversidad.

Tal gestión directa de la economía por parte del gobierno prolifera por doquier. The Washington Post informaba recientemente que Richard Wagoner, el antiguo consejero delegado de General Motors apartado de sus funciones por el gobierno, sigue en la nómina de GM “porque los altos funcionarios de la agencia tributaria no han decidido aún si debe recibir o no el paquete de compensación de 20 millones de dólares que la empresa le había prometido”. Su remuneración del año 2009 — 1 dólar — es pagadera el 31 de diciembre. Los 20 millones de dólares prometidos incluyen concesiones contractuales, compensaciones adeudadas y las prestaciones de la pensión alimentada durante 32 años en la empresa. Mantener las promesas, incluyendo satisfacer los contratos, es la postura por defecto de una sociedad que se rige por la ley. Pero repentinamente, las reclamaciones legales de muchos ciudadanos son simplemente puntos de partida de negociaciones con un gobierno autoritario.

También se espera de los gobiernos estatales que acepten los caprichos de Washington, pero la valiente Indiana se muestra obstinada. El Gobernador Mitch Daniels, alarmado por lo que llama "el estatismo desmesurado" de la administración Obama, apoya la impugnación planteada por el encargado de las cuentas del estado Richard Mourdock del trato dispensado por la administración a los acreedores de Chrysler, que incluyen fondos de pensiones de profesores y policías estatales jubilados de Indiana y un fondo estatal de infraestructuras. Juntos son titulares de 42,5 millones de dólares de la deuda (presuntamente) garantizada de Chrysler de 6.900 millones de dólares.

Los obedientes, por ser dependientes, bancos claudicaron a la exigencia de la administración de aceptar menos de lo que les habría dado el procedimiento de concurso de acreedores como compensación en calidad de acreedores asegurados. A continuación, el presidente denunciaba como "especuladores" a los acreedores asegurados restantes, que a continuación cedieron y aceptaron menos por cada dólar de deuda de lo que están percibiendo los acreedores sin garantías — el Sindicato de Trabajadores del Sector del Automóvil. Esta cruda incautación de propiedades de inversores asegurados penaliza a esos “especuladores” — profesores y agentes de policía de Indiana jubilados de los que Mourdock dice "el gobierno les deja con lo puesto”.

Él solicita a un tribunal que declare que las acciones de la administración Obama han violado "más de 100 años de jurisprudencia aceptada redefiniendo 'acreedor asegurado' de forma que signifique otra cosa,” y que las acciones violan la protección de la Quinta Enmienda a la expropiación de propiedades. Además, dice que el gobierno es culpable de "uso indebido" de los fondos del Programa de Ayuda a Activos sin Liquidez, que pone el dinero a disposición de la agencia tributaria para ayudar exclusivamente a instituciones financieras, no a compañías industriales.

Una de las improvisaciones del New Deal que no ha sido emulada por la administración Obama aún es la masacre en septiembre de 1933 — mientras el índice de desempleo alcanzaba el 25% y millones pasaban hambre — de 6 millones de cerdos pequeños. La finalidad era elevar el precio del cerdo reduciendo la oferta. Pero la idea de "dinero por talabartes" no le anda muy lejos.

Joseph B. White, del Wall Street Journal, informa que las propuestas que se cuelan en el Congreso subsidiarán aún más el sector del automóvil — y enfriarán el planeta, por supuesto — sobornando a la gente para que prescinda de coches y camionetas antiguas (los concesionarios disponen de 400.000 vehículos pesados sin vender) y adquieran vehículos de consumo moderado. Según un plan, si la nueva camioneta recorre una milla más por cada galón de combustible que la antigua, el comprador recibe 3.500 dólares; una mejora de dos millas por galón consumido valdría 4.500 dólares.

Tal política contrariaría la política medioambientalmente perjudicial del presidente de obligar al sector del automóvil a fabricar con rapidez coches que son mucho más económicos – léase ligeros, pequeños y peligrosos. Tales productos serán poderosos incentivos para que los estadounidenses sigan conduciendo sus antiguos, más contaminantes y menos económicos coches. Esto privará al sector del automóvil de algunos clientes, pero seguramente el gobierno haya pensado una solución a esto.

© 2009, Washington Post Writers Group