Los regalos a funcionarios, entre la flexibilidad y la “tolerancia cero”

Por Fernando Peinado Alcaraz
El País – La Nación

MADRID.- Recibir ciertos regalos de ciertos amigos puede acarrear el fin de una carrera política: la luna de miel que le pagó un empresario al ministro alemán de Baja Sajonia, Gerhard Glogowski, le costó el puesto. La cocina y el sistema de aire acondicionado que instalaron unos contratistas gratuitamente en la casa del gobernador estadounidense de Connecticut, John Rowland, forzaron su dimisión.

Pero, ¿puede y debe un alto cargo seguir en su puesto tras recibir regalos de personas a las que su administración adjudica contratos? Más allá de lo que digan los jueces, la tolerancia de un país hacia esa promiscuidad también pone en evidencia el nivel de su talla ética.

En Francia, por ejemplo, Nicolas Sarkozy usa en sus vacaciones el avión privado y el yate del multimillonario Vincent Bolloré. El mandatario francés, quien no tiene ningún reparo en exhibirse con sus amigos empresarios, no comprende el recelo que despierta su conducta entre sus compatriotas: "No veo dónde está la polémica. Esto no les cuesta nada a los contribuyentes", ha manifestado.

A su ministra de Justicia, Rachida Dati, Dior le pone a su disposición sin coste alguno un amplio guardarropa, que le permite vestirse con trajes valorados en 15.000 euros, cuando su salario es de 14.000 euros al mes.

Otros países, como Dinamarca, aplican una política de "tolerancia cero". El país escandinavo sólo permite recibir regalos de protocolo como "un chocolate, un libro o una botella de vino, con ocasión del 25° aniversario de servicio público de un empleado", según los ejemplos que da la Autoridad del Empleo Público, un órgano que redactó un código ético común para los funcionarios y que incentiva a los organismos públicos a ser aún más duros cuando lo crean necesario.

Por citar un caso singularmente estricto, los empleados de la embajada danesa en Vietnam no pueden recibir regalos de más de 50 euros y, con todo, deben dar parte a su superior, ya que se consideran recibidos en nombre de la embajada y no a título personal. Dinamarca es el país menos corrupto del mundo, según el índice de percepción de la corrupción de la ONG Transparencia Internacional.

España, que ocupa el puesto 28 en ese listado, mejor posición que Italia o Israel, aunque peor que Barbados, Chile o Uruguay, tiene normas taxativas: "Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía", reza el Código de Buen Gobierno de 2005, aplicable a cargos electos de la administración central.

El Código Penal, además, castiga con multa la aceptación de regalos, como modalidad leve de cohecho, y la condena será de cárcel si el político o funcionario responde con una contrapartida al empresario dadivoso, como por ejemplo adjudicarle un contrato millonario.

Más allá de las sanciones, para erradicar la pandemia de la corrupción, instituciones internacionales como Access Info Europe reclaman medidas de prevención y control.

El acceso a las declaraciones patrimoniales de funcionarios es un instrumento básico para detectar su enriquecimiento ilícito. En los últimos 20 años se han generalizado y los países más desarrollados han ampliado su contenido (ingresos, regalos, viajes), los obligados a presentarlas (cónyuges e hijos del cargo público) y su difusión (los más transparentes las publican en Internet).

El Banco Mundial informa que en 2009, de 175 países analizados, sólo 109 obligan a sus parlamentarios a presentar una declaración patrimonial, y de ellos únicamente 63 las ponen a disposición del público, aunque en muchos casos sólo parcialmente.