Ecuador: No hay revolución para los trabajadores

El Universo

El lunes el ‘Congresillo’ aprobó una reforma para obligar a cualquier trabajador afiliado a realizar aportes por cinco años más (de 35 a 40 años) para poder cobrar una pensión mínima de 218 dólares mensuales. También se reducía en el 40% la pensión de aquellos afiliados jubilados que ganen más de 768 dólares mensuales y que hayan vuelto a trabajar como empleados. Y se reportó también que ahora el Estado, a través del IESS, se dedicará a comprar la cartera hipotecaria de la banca privada en un intento estatal de promover el crédito para la vivienda (así se originó la debacle del mercado hipotecario en Estados Unidos, pero eso es tema para otro artículo).

Ninguna de estas medidas resolverán el problema de la seguridad social porque no lidian con los males crónicos del sistema: (1) la costumbre de que el seguro social se utilice como caja chica del gobierno de turno; y (2) el futuro de cada trabajador no lo decide él sino los políticos en el poder.

El Gobierno actual se enfrenta a la difícil situación de tener que pagar las cuentas incurridas durante épocas de un barril de petróleo caro con los ingresos de un barril de petróleo barato. En lugar de eliminar el gasto excesivo en propaganda, o el ineficiente subsidio a los combustibles, entre otras cosas, este Gobierno decidió meterle mano a los ahorros de los trabajadores, al igual que gobiernos anteriores.

¿Cómo? Muy sencillo, el directorio del IESS compró entre diciembre y enero 1.249 millones de dólares en bonos del Estado. Esto representa 67% de las inversiones financieras del IESS. Yo quisiera saber, si en consulta popular, los afiliados hubieran optado por invertir tanto en bonos del Estado ecuatoriano.

Lo triste es que a los afiliados nada se les consulta porque en realidad no son dueños de sus ahorros. No eligen en qué se invierten, no tienen la opción o el incentivo de aportar más, tampoco pueden elegir entre varios administradores de fondos de ahorro para jubilación –son clientes cautivos del único administrador, el Estado–. Y como nadie les consulta y los que se consumen el fondo suelen ser gobiernos en una situación fiscal apretada o jubilados que no tienen conexión alguna con el afiliado, no son pocos los trabajadores que hacen fila para cobrar su fondo de reserva cada vez que pueden. Es decir, tenemos un sistema supuestamente de ahorros que más bien fomenta el consumo.

Lo más triste es que no hay una sola voz en el ‘Congresillo’ que salga a defender el derecho de los trabajadores a ser dueños de sus ahorros.

La revolución para los trabajadores sería que se les permita tener una libretita de ahorros con nombre y apellido y que ellos decidan quién se las  administra y en qué invierten. Para eso habría que eliminar el monopolio de la seguridad social estatal y permitirles a los ciudadanos la libertad para elegir entre la seguridad social del Estado o aquella ofrecida por entidades privadas. Esto ya ha sido implementado exitosamente en países latinoamericanos como Chile, El Salvador, Perú, entre otros. Pero los trabajadores ecuatorianos tendrán que seguir esperando su revolución y seguir recibiendo dádivas de los que administren el Estado.