Diputados argentinos aprobaron estatización de pensiones
Buenos Aires. Con 162 votos a favor y 75 en contra, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó, la madrugada de este viernes, el proyecto de ley que nacionaliza las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFJP) y que busca transferir al Estado más de US$23.000 millones, que hasta ahora controlan 10 aseguradoras privadas.
La iniciativa, enviada al Congreso por la presidenta Cristina Fernández el 21 de octubre pasado, establece la eliminación del sistema privado de fondos y la creación de un único régimen previsional, llamado Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa).
La nacionalización implica además el traspaso al Estado de US$5.000 millones que aportan cada año los afiliados al sistema previsional y garantiza a los 9,5 millones de inscritos en el actual sistema privado “la percepción de iguales o mejores prestaciones y beneficios que los que gozan a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley”.
Al respecto, el jefe del bloque oficialista Frente para la Victoria, Agustín Rossi, sostuvo que “para cualquier Estado y para este gobierno, la sola eliminación de este sistema perverso es una buena noticia para planificar un país”.
En tanto, el opositor Federico Pinedo, calificó la iniciativa como “una vulneración al derecho de propiedad”.
Según la presidenta Fernández, la medida busca proteger a los futuros jubilados de la caída en la rentabilidad de los fondos privados como consecuencia de la crisis global. Sin embargo, diversos analistas creen que el Gobierno busca asegurar el financiamiento de sus vencimientos de deuda para los próximos tres años, que suman unos US$28.000 millones, informó este viernes La Tercera citando a AP.
Por ello, ante los cuestionamientos y por temor a una derrota en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo introdujo cambios en el proyecto inicial y así logró al apoyo de algunos legisladores no oficialistas, como un artículo que establece que la totalidad de los recursos transferidos a la Administración Nacional de Seguridad Social “únicamente podrán ser utilizados para pagos de los beneficios del Sipa”.
Asimismo, accedió a la creación de un “consejo del fondo de garantía de sustentabilidad” del sistema público, que estará integrado por representantes del Gobierno, de sindicatos, de organizaciones empresariales, de entidades bancarias y del Poder Legislativo.
El Ejecutivo espera convertir el proyecto en ley en la sesión del Senado fijada para el próximo 20 de noviembre.
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