Restricciones en Miami, represión en Cuba

Por Alejandro Armengol
El Nuevo Herald

Durante la reciente audiencia en el Congreso, para valorar la conveniencia de levantar las restricciones a los viajes y la ayuda a Cuba, salió a relucir de nuevo el argumento de que estas medidas fueron la respuesta de este país a la ola represiva del 2003, cuando fueron encarcelados 75 disidentes y se fusilaron a tres cubanos que habían secuestrado una lancha.

Las fechas, sin embargo, no apoyan esta afirmación. El 29 de abril del 2003, tras ocurrir los hechos represivos mencionados, el entonces secretario de Estado, Colin Powell, declaró la intención de revisar la política hacia la isla, pero sin precisar cuándo se efectuaría esa revisión y sin especificar si sería precedida por un cambio de política.

La respuesta a lo que motivó las restricciones a las remesas y los viajes familiares hay buscarla en otra parte. Estas no fueron impuestas en el 2003, cuando se produjeron los hechos, sino el siguiente año. La diferencia radicó en que el 2003 no fue un año electoral y el 2004 sí. La intención nunca fue llevar la libertad a Cuba. Se trató simplemente de ganar votos. Si determinados legisladores y grupos de opinión de la llamada ”línea dura” del exilio no hubieran amenazado con retirar su apoyo a la campaña de reelección de Bush, nada hubiera cambiado.

Son ellos los verdaderos culpables de que tantos en Miami estén ahora impedidos de ver a sus padres, hijos y hermanos en un momento difícil.

Bush y sus asesores escogieron a un grupo de votantes, los mismos que ahora se declaran a favor del senador John McCain. Son los únicos que les interesan a ese establishment de legisladores y funcionarios republicanos que intentan frenéticamente mantenerse en el poder, para cerrarle la puerta a cualquier cambio.

Las restricciones a remesas y viajes no respondieron a un clamor de la comunidad cubana de Miami, tampoco a un deseo de todo el sector del exilio que tradicionalmente se cataloga de ”histórico”. Exiliados moderados, muchos de ellos miembros del Partido Republicano, habían dejado claro que una restricción a los viajes y remesas dañaba al pueblo cubano.

Washington no debía responder a la reciente ola represiva en Cuba con la suspensión de las remesas de dinero y los viajes familiares, sino implementando medidas razonables que fortalezcan la incipiente sociedad civil en la isla, indicaba un informe realizado por un grupo de prominentes empresarios y líderes cívicos de Miami, de acuerdo a una información aparecida en este periódico el 26 de abril del 2003.

En un informe de recomendaciones titulado Una respuesta constructiva de la política estadounidense a la represión en Cuba, el Grupo de Estudios sobre Cuba (Cuban Study Group) sugirió que las iniciativas de Washington debían sustentarse sobre ”el pragmatismo y la efectividad” con objetivos a largo plazo, y “no enviar la respuesta que [el gobernante Fidel] Castro estaba esperando”.

La aparente falta de iniciativa de la Casa Blanca, que se extendió por más de un año, obedeció a que mientras el mandatario contaba con pocas alternativas de peso para satisfacer a los exiliados más radicales –ya que estaba descartada una internacionalización del embargo, por falta del apoyo de otras naciones y una acción militar, al no ser éste un asunto de seguridad nacional y esta nación no haber sido agredida–, temía que el disgusto de estos votantes se tradujera en un rechazo en las urnas.

Desde la llegada al poder, Bush se había limitado a continuar la política del ex presidente Bill Clinton hacia Cuba. Año tras año se habían ido incrementado las ventas de alimentos a La Habana, para beneficio de los granjeros norteamericanos, se habían seguido devolviendo a los balseros y aplazado la puesta en práctica del Capítulo III de la Ley Helms-Burton.

En mayo del 2003, algunos legisladores republicanos hicieron saber su disgusto con la administración. La congresista Ileana Ros-Lehtinen exhortó al Presidente a poner en práctica las promesas realizadas por esa fecha el año anterior en Miami. Lincoln Díaz-Balart también hizo un llamado a Bush.

El disgusto se convirtió en algo cercano a una rebelión tras la repatriación de un grupo de secuestradores, interceptados por los guardacostas norteamericanos, que en la isla fueron condenados a penas entre siete y diez años de prisión.

La crítica más fuerte vino, sin embargo, de un grupo de legisladores estatales y políticos de la Florida, que el 12 de agosto del 2003 urgieron al presidente Bush a que actuara respecto al tema de Cuba, o de lo contrario se arriesgaba a perder su apoyo para las elecciones del 2004. Se consideraba que el voto cubanoamericano era clave en esas elecciones. Entonces la Florida contaba con 9.3 millones de votantes registrados, de los cuales 450,000 eran cubanoamericanos. Bush había recibido el apoyo del 80 por ciento de estos votantes en el 2000. De acuerdo a los estimados de aquel momento, recibir sólo el 60 por ciento de estos votos este año podría resultar en una victoria de su oponente demócrata, John Kerry, en este estado, y posiblemente también en las elecciones presidenciales.

Al final, terminaron imponiéndose las opiniones de los miembros del Consejo por la Libertad de Cuba, de los legisladores cubanoamericanos y los funcionarios del mismo origen en el gabinete de Bush. La Casa Blanca adoptó la solución más fácil: favorecer la retórica y perjudicar a los infelices. Las reducciones en los viajes y remesas no han servido para limitar el poder de quienes gobiernan en La Habana, y mucho menos ha amenazado la permanencia del régimen, al tiempo que han perjudicado y causado dolor en muchos cubanos de ambas orillas. Un simple instrumento electoral de poco valor, que incluso le sirvió a Bush en una medida muy limitada, ya que en las pasadas elecciones perdió el condado Miami-Dade, sólo se mantiene para satisfacer los criterios de quienes tienen secuestrada la política hacia Cuba.