Ayuda y política

Por Alejandro Armengol
El Nuevo Herald

Cada ciclón que pasa por Cuba tiene la posibilidad de afectar los vínculos políticos que ésta mantiene con el sur de la Florida y Washington. Al tocar tierra cubana, un huracán pasa a ser un hecho político, una irrupción momentánea que el gobierno de la isla ha sabido convertir en una reafirmación del poder central, mientras en el exilio se han debatido incansablemente los límites y medios de cualquier ayuda. La ayuda internacional, que La Habana ha sustentado el derecho de recibir o rechazar, siempre ha sido concebida de tal forma que brinde una ganancia política a quien la otorga o recibe.

Esta situación fue tratada de subvertir en 1996, tras el paso por la isla del huracán Lili, que causó extensos daños. Las consideraciones humanitarias se impusieron sobre las políticas y en poco tiempo se reunieron más de 250,000 libras de alimentos para enviar a Cuba (desde el principio, los organizadores de la campaña excluyeron la posibilidad de enviar dinero).

Varias de las principales organizaciones del exilio se unieron al plan de ayuda a los damnificados. La Fundación Nacional Cubano Americana, Hermanos al Rescate, el Movimiento Democracia y el Partido Demócrata Cristiano de Cuba respaldaron las donaciones a través de la Iglesia Católica.

Se logró que el gobierno del entonces presidente Bill Clinton autorizara los vuelos directos desde Miami de los aviones cargados de comida, para ser entregados a la organización católica Cáritas Cuba. El único requisito impuesto –además de la negativa a mandar dólares– fue que lo recaudado fuera entregado directamente a los cubanos, sin la intervención gubernamental.

Frente a este esfuerzo popular se alzaron las organizaciones de los exiliados de ”línea dura”. Con la Junta Patriótica Cubana al frente, dirigentes de Alpha 66, la Brigada 2506, el Hogar de Tránsito para Refugiados Cubanos y personalidades de la comunidad, junto a los congresistas cubanoamericanos Ileana Ros-Lehtinen y Lincoln Díaz-Balart, se pronunciaron en contra de la campaña de ayuda. Su argumento principal fue la falta de confianza en Castro, la posibilidad de que la comida fuera a parar a las casas de los dirigentes, vendida en las tiendas para extranjeros, destinada al turismo internacional y consumida por los militares.

Por primera vez en Miami, se intentaba poner en práctica un plan popular, que utilizaba a la organización de la Iglesia Católica, pero trascendía las fronteras institucionales en un verdadero intercambio de pueblo a pueblo.

Al final, la política terminó imponiéndose y dificultando todo el esfuerzo hasta casi anularlo.

Aunque al principio el gobierno cubano dijo que aceptaba con gusto la ayuda proveniente de los cubanos residentes en Estados Unidos y otros países, pronto comenzaron los obstáculos. El primer lote sufrió una ”demora temporal” en La Habana, bajo el pretexto de que algunos productos “no cumplían las especificaciones”.

El desacuerdo radicaba en que algunas cajas de mercancías traían escrito: ”El amor todo lo puede” y ”Del exilio al pueblo cubano”. Las trabas fueron en aumento, sin que el gobierno cubano mostrara el menor interés en que la comida procedente de Miami llegara a los más necesitados. Más de 30 toneladas de arroz, frijoles y leche esperando almacenadas.

Luego de indecisiones y demoras, el 2 de noviembre de 1996, Granma publicó un editorial en que dictaminaba que la cooperación procedente de Estados Unidos era prácticamente insignificante y agregaba que no había sido rechazada ”para no lastimar los sentimientos de muchas personas que de buena fe en aquel país hicieron sus modestos, aunque nobles, aportes a esta donación”. El documento también especificaba la devolución a Cáritas de los productos con “consignas políticas y mensajes contrarrevolucionarios”.

Un segundo y último vuelo Miami-La Habana partió a finales de diciembre con unas 76,000 libras de aceite de soya, arroz y harina de maíz sin los mensajes que habían molestado al gobierno cubano y que también fueron criticados por figuras de la Iglesia Católica. En vez de ser distribuidos en paquetes familiares, los alimentos fueron servidos en comedores de beneficencia y refugios.

Ahora, tras el paso del huracán Gustav que dañó notablemente la provincia de Pinar del Río y la Isla de la Juventud, la historia no sólo se repite sino que hasta el momento se limita a brindar una muestra del estancamiento en que se mantiene la situación cubana y la falta de voluntad de cambio presente en todos los factores que influyen en ésta.

La propuesta del actual gobierno norteamericano, de enviar inmediatamente $100,000 en ayuda de emergencia y mucho más si a un equipo de evaluación, aprobado por Washington, se le permite recorrer las zonas más afectadas, resulta ofensiva para la soberanía cubana. Por lo general, Estados Unidos despacha cuadrillas de expertos sobre el terreno, aunque sólo lo hace a petición del país afectado. Cuando en el 2006 Katrina azotó Nueva Orleans, La Habana brindó 1,600 médicos para ayudar a las víctimas, pero el ofrecimiento no fue aceptado.

Washington aplica a La Habana unas condiciones más estrictas que a cualquier otro lugar del mundo, a la hora de enviar ayuda. Cuando el régimen militar de Myanmar decidió aceptar el auxilio norteamericano, la Casa Blanca permitió que los envíos humanitarios fueran transportados en camiones militares birmanos, no en transportes de Estados Unidos, como acaba de recordar el especialista Phil Peters, del Lexington Institute.

No hay que ser simpatizante de la Plaza de la Revolución para comprender que el gobierno de la isla tiene razones para no aceptar el ofrecimiento de la Casa Blanca, que además de una intromisión en los asuntos cubanos resulta hipócrita.

En el caso cubano, en la actualidad la única manera de esquivar las trabas políticas a la hora de enviar ayuda, por parte de los exiliados cubanos, es recurrir a organizaciones como Solidaridad Judía, Cáritas Cubana e Hijas de la Caridad y otras similares. Lo demás es asistir a la repetición de la repetición.