Entre la ley y el derecho

Por Rómulo López Sabando
El Expreso de Guayaquil

Para que se respete la Ley ella debe ser respetable. Ninguna sociedad puede existir, en ambiente de paz, si no hay respeto a las leyes. Pero cuando la moral y la Ley están en contradicción, hasta el más sencillo de los ciudadanos escogerá entre perder la noción de lo moral o perder el respeto a la ley. Estamos entonces ante alternativas nefastas.

Para que la ley sea acatada deberá ser justa o inducir a encontrar la justicia. Por esto “lo justo” no se deriva de “la norma” sino que la norma (la Ley) debe nacer de lo que creemos justo. Hay dos clases de leyes. Las que el hombre (o científico) “descubre” (que son propias de la naturaleza) y las que el “legislador” inventa para “regular la vida social”. Las primeras no deben ser violadas, so pena de sufrir graves consecuencias. La ley de gravedad, por ejemplo. Las segundas se imponen por la fuerza. Y así lo dice el artículo 1 del Código Civil. “La ley es la declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite”.

A las primeras se las califica como las leyes naturales (derecho natural) y a las segundas derivan del arbitrio del poder. Es decir son arbitrarias. Este enfoque determina las dos grandes corrientes del pensamiento jurídico, El “derecho natural” versus el “derecho formal”.

El “legislador” debe tener claro que no todo lo que a él se le ocurra o le sugieran debe ser convertido en “ley”. Un viejo proverbio alemán dice que “cuantas más leyes, menos justicia”. Y Cornelio Tácito (a/C. 55 -120), historiador, senador, cónsul y gobernador del imperio romano afirmó que “Cuanto más numerosas son sus leyes, más corrupto es el Estado”.

El gran dilema político consiste en: a) legislar para establecer normas generales, abstractas de conducta social e individual; o b) “leyes” (mandatos) para conseguir resultados específicos de bienestar material y/o satisfacer intereses particulares o de grupos, sean de mayoría o de minoría. El concepto de “soberanía” da soporte al arbitrio legislativo. La “voluntad soberana” (particular) del legislador se ha convertido en el artificio para que la “norma suprema”, esto es, la Constitución, no cumpla su objetivo fundamental que es proteger los derechos del hombre versus los poderes gubernamentales.

La monarquía absoluta y la omnipotencia del poder dieron, por oposición, paso a la democracia y a la República. De allí que el “constitucionalismo” es la vigencia del Estado de derecho.

Pero el “arbitrio legislativo” y la voluntad soberana dieron al autoritarismo dictatorial del nacionalsocialismo (Hitler) un concepto de “Estado de derecho” diferente que “justificó” las barbaries juzgadas en Núremberg y la violación de los derechos a la vida, la libertad y la propiedad.

Es el imperio del autoritarismo legalizado. Es el “Estado Legal” contrario al “Estado de derecho”, que no es todo lo que se le ocurra al legislador, sino el respeto a los derechos fundamentales, contra el poder de los funcionarios y gobernantes (mandatarios) del Estado.

Las normas de la Constitución no son reglas de conducta. Son reglas para organizar al Gobierno y, fundamentalmente, proteger los derechos humanos contra los abusos del poder.

Error garrafal es creer que todo lo que emana del legislador debe acatarse como “Ley”, incluso los arbitrios y abusos legislativos. Es lo que los gestores del constitucionalismo denominaron “gobierno arbitrario”. Una “Constitución” implica y explica la “libertad” del individuo y no una licencia para que la mayoría actúe arbitrariamente como le plazca. Por esa línea, nada raro que al legislador se le ocurra que el Estado reparta, por ley o mandato, los atributos de los campeones mundiales o las virtudes de Beethoven.