Educar el talento tecnológico para deportarlo

Por George Will
Libertad Digital, Madrid

Hace cincuenta años, Jack Kilby, criado en Great Bend, Kansas, trasladó los conocimientos de ingeniería eléctrica que había adquirido como estudiante de la Universidad de Illinois y licenciado de la Universidad de Wisconsin a la compañía Texas Instruments de Dallas. Allí ayudó a inventar el mundo moderno tal como lo experimentamos y manipulamos rutinariamente hoy en día. Trabajando con equipos improvisados, creó el primer circuito electrónico en el que todos los componentes iban montados en una sola pieza de material semiconductor del tamaño de la mitad de un clip de oficina.

El 12 de septiembre de 1958, Kilby hizo una demostración de este microchip, que según los estándares actuales, no sería micro, sino enorme. Mientras que hace 50 años un transistor iba insertado en un chip de silicio, hoy mil millones de transistores pueden ocupar esta misma “superficie de silicio”. En 1982, Kilby fue incluido con gran ceremonia en la National Inventors Hall of Fame, donde es apropiadamente honrado junto a Henry Ford, Thomas Edison y personajes similares.

Si busca un monumento en su honor, venga a Silicon Valley, el laboratorio de ideas de la industria de los semiconductores. Si busca pruebas (redundantes) de la reticencia por parte del Estado federal a cumplir el mínimo creativo (no estorbar la creación de riqueza), venga aquí y escuche las conversaciones sobre la perversa política nacional de expulsión de personas con talento.

Modernidad significa depender de cosas que resultan completamente misteriosas para aquellos que dependen de ellas. Cosas como semiconductores, los cuales controlan el funcionamiento de casi todo, desde móviles a ordenadores pasando por automóviles. “El semiconductor – dice un enterado que los fabrica – es la OPEP de la funcionalidad, excepto que carece del poder de un cártel.”

Al igual que el petróleo, los semiconductores resultan fundamentales para el funcionamiento de cosas indispensables. Los americanos lamentan su dependencia de unas importaciones de crudo que no pueden reducir inmediatamente. Pero la política de su nación consiste en expulsar o excluir de forma obligatoria a los cerebros cruciales para la creatividad de la industria del semiconductor, un sector que alimenta la porción más dinámica de nuestra bifurcada economía. Mientras gran parte de la economía renquea, las exportaciones suben, y la industria de los semiconductores es el segundo mayor exportador de América, muy cerca de la industria automovilística en exportaciones totales y de la aviación civil en exportaciones netas.

El problema de la industria de los semiconductores está vinculado a un asunto del que los locuaces candidatos presidenciales se resisten a hablar: la inmigración, especialmente la de las personas de elevada cualificación. Respecto a estos trabajadores, la política norteamericana debería ser la siguiente: ninguna nación tiene nunca suficientes personas de ese perfil, de modo que enviadnos a todos vuestros doctores que deseen ser libres.

En vez de esto, esta es la política norteamericana: tan pronto como las instituciones norteamericanas de educación superior te hagan entrega de un doctorado que te dota de un enorme valor para la economía, sal de aquí. Vete a tu casa o a Europa, que está respondiendo a la demencia de Estados Unidos con “visados azules” para acelerar el ingreso a los inmigrantes que América está rechazando.

Dos tercios de los doctorandos en ciencias e ingeniería de las universidades norteamericanas son extranjeros. Pero sólo se facilitan 140.000 tarjetas de residencia y empleo al año, y un millón de profesionales con educación superior espera su tarjeta durante cinco años, o a menudo incluso más. El Congreso podría añadir con facilidad un cero a la cifra disponible, dando así un espaldarazo a la economía norteamericana y complicando las cosas a los competidores de Estados Unidos.

Suponga que un Estado extranjero tuviera como política el envío de trabajadores a Estados Unidos a formarse en una disciplina sofisticada y altamente especializada a expensas del contribuyente norteamericano, y después obligara a estos empleados a volver a casa y competir contra las compañías norteamericanas. Pues eso es lo que estamos haciendo por ser demasiado genéricos a la hora de definir la bolsa de inmigrantes.

Barack Obama y el resto de los demócratas andan teatralmente indignados con las compañías norteamericanas que deslocalizan sus operaciones en el extranjero. Pero una de las razones por las que Microsoft abrió un centro de desarrollo de software en Vancouver es precisamente que las leyes canadienses de inmigración permiten que Microsoft contrate personal cualificado que no podría permanecer en ese país si allí estuvieran en vigor las restricciones norteamericanas a la inmigración. Ni el señor Cambio En El Que Se Puede Creer ni el señor Hablo Claro están defendiendo este cambio sencillo, este cero adicional.

La página web de la campaña de John McCain contiene una sucinta declaración sobre la “reforma de las leyes de inmigración” que no dice nada a propósito de elevar el límite de inmigrantes altamente cualificados. La de Obama sólo afirma que “siempre que podamos aceptar más trabajadores extranjeros con las habilidades que necesita nuestra economía, deberíamos hacerlo.” ¿”Siempre que podamos”? Ya podemos.

Algunos problemas tienen soluciones complejas, pero eliminar las barreras a los inmigrantes con educación superior no. Sin embargo, es políticamente difícil, en parte porque esta reforma está siendo utilizada por distintos grupos de presión como arma arrojadiza, principalmente por los miembros del Caucus Hispano del Congreso, que insisten en una reforma “integral” que satisfaga sus demandas. Desafortunadamente, en este asunto nadie defiende un cambio en el que podamos creer, de manera que América se arriesga a perder el valor añadido de los Jack Kilby extranjeros.

© Washington Post Writers Group