Ecuador y su futura Constitución: La “función social y ambiental” de la propiedad

El Expreso de Guayaquil

El pleno aprobó los primeros artículos sobre la propiedad

Cuatro artículos referentes a la propiedad fueron aprobados ayer, con un promedio de 83 votos, por el pleno de la Asamblea.

El primero de los textos estipula que el Estado reconoce y garantiza siete tipos de propiedad: pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa y mixta. Pero se especifica que “siempre deberá cumplir su función social y ambiental”.

Este aspecto preocupa a la oposición ya que, según advierten, podría conllevar a que el Estado redistribuya las tierras. Así lo consideran César Rohón (PSC) y Pablo Lucio Paredes (Futuro Ya). Este último señala que para evitar que se pueda dar esa interpretación se debió mantener lo que reza la Constitución de 1998. Es decir, que la función social se determina en la ley.

Esa sugerencia la realizó el pasado sábado durante el segundo debate de los textos. Sin embargo, los asambleístas Irina Cabezas, Ana Moser (ambas de PAIS) y León Roldós (RED), que fueron los encargados de la redacción final, no la acogieron.

Caso contrario sucedió con la propiedad intelectual. Este tema, que no constaba originalmente en el articulado, fue incorporado luego de las observaciones hechas por el mismo Lucio Paredes, Leonardo Viteri (PSC) y María Paula Romo (PAIS), que dejaron en evidencia el riesgo para “los saberes ancestrales o los medicamentos”, si es que no se lo incluía.

Por tanto, el artículo reconoce ese tipo de propiedad y establece prohibiciones a “toda forma de apropiación sobre conocimientos colectivos: ciencias, tecnologías y saberes ancestrales”, así como de los recursos genéticos que “contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad”. Otro punto polémico consta en el tercer artículo. Allí se estipula la capacidad del Estado de expropiar bienes “por causa de utilidad pública o interés social y nacional”.

Para la oposición, esa norma es “ambigua”. Según Mae Montaño (UNO), dejaría abierta la posibilidad de confiscaciones, algo que la oficialista Cabezas rechaza, ya que el artículo contempla la indemnización “previa justa valoración” y prohíbe la confiscación. El último artículo aprobado garantiza la igualdad de derechos -de mujeres y hombres- en el acceso a la propiedad y a la administración de la sociedad conyugal.

Este paquete de artículos se complementa con los de soberanía alimentaria, que contemplan que “el Estado normará el uso y acceso a la tierra” y prohíbe el latifundio. Además, en una disposición transitoria, establece la creación de un Fondo Nacional de Tierras. Estos últimos textos quedaron listos para ser votados en el pleno. (GFS)