Argentina: Breve historia del impuesto a las exportaciones

Por Gerardo Gallo Candolo
Fundación Atlas 1853

El impuesto a las exportaciones, mal llamadas retenciones, es difícil de explicar fuera de la Argentina. La mayoría de los países modernos entienden que para un efectivo desarrollo de sus economías es necesario estimular las exportaciones, y para ello se recurre a reintegros, subsidios y otros procedimientos que luego deben justificar en las organizaciones de comercio internacional, pero no dejan de aplicarlos. Por el contrario, en nuestro país y desde hace seis años se reimplantó este impuesto a los productos primarios y a los industrializados que provienen de ellos.

En el caso de los granos: el 5 de marzo de 2002 el entonces presidente Eduardo Duhalde, aplicó este impuesto a los granos que en el caso de la soja y del girasol era del 13.5%, al mes se elevó al 23.5% para ambas oleaginosas, y 20% para los aceites.

En los cereales, maíz y trigo se observaban para esa época, abril de 2002 un 20% de impuesto.

Las arcas vacías, la deuda externa y la crisis política en que se vivía motivaron ese pedido del poder ejecutivo para utilizar esos fondos y paliar así las necesidades mínimas de los sectores sociales más vulnerables.

El manejo diario de la economía que en cuatro semanas obligo a actualizar las alícuotas, muestra que las necesidades de financiación del estado eran mayores a las esperadas en un primer momento.

El gobierno, que tenía que timonear la crisis social y económica, tuvo de su lado al sector agroindustrial colaborando para el bien común.

A decir verdad, las condiciones del sector en esa cosecha fue excepcional, ya que la siembra gruesa se había implantado con un dólar de un peso y se cosechaba con otro de 3,50. A pesar que existían muchas deudas con proveedores de insumos se cerraron las mismas con pagos que reconocieron un dólar de 1,60 a 2, El resurgimiento del sector después de tantos años de pérdidas y postergación no vio en ese momento este impuesto como distorsivo, sino como un tributo transitorio.

Algunas voces se levantaron firmando que en “la Argentina ningún impuesto es de corta duración”, y el tiempo les daría la razón.

En Enero de 2007, ya con la administración Kirchner, las alícuotas se elevaron un 4% para los granos. En el caso de la soja alcanzaba entonces un arancel del 27,5%, y se justificó el aumento con la creación de un fondo de compensaciones que, manejado por la ONNCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario), serviría para mantener los precios de los alimentos en “accesibles”.

Mientras la citada oficina aumentaba en cientos sus agentes, se esgrimía el argumento que ese aumento aportaría unos 400 millones de dólares, que sumados a otros 100 que aportaría el estado, crearían ese fondo compensador para desarticular el precio interno de los alimentos con los internacionales.

Es decir que la soja, que se exporta casi en su totalidad, aportaría la mitad de ese dinero con fines de mantener controlada la inflación producida por el posible aumento de los alimentos básicos.

La realidad es que por una mal cálculo y por el aumento de los precios internacionales, a 16 meses de esa medida la recaudación es el doble de lo esperada para un año y solo se distribuyeron compensaciones por unos 1.600 millones de pesos, es decir que el estado no solo no aportó ningún peso (salvo algunos adelantos en las primeras semanas), sino que se estaría quedando con una diferencia sustancial respecto a lo estipulado.

Otra sorpresa a los productores fue entender con el tiempo, que esas compensaciones fueron dirigidas en su mayoría a grandes industrias, y no a los pequeños productores primarios, como se manifestaba en un principio.

Los chacareros comenzaron a preocuparse por ese arrebato, pero los precios internacionales seguían aumentando y el trabajo preferido de ellos que es el de todos los días, el de tranqueras adentro, confiando en sus dirigentes para discutir el tema, pensando que era la última vez que ocurriera tal situación.

Se equivocaron nuevamente.

Durante la campaña electoral de la primavera de 2007 circulaban versiones sobre un posible nuevo aumento de retenciones después de las elecciones (no sea de perder votos). En esa oportunidad no había más argumentos de desarticulaciones con los precios internacionales, no había crisis sociales de por medio, al contrario, se vislumbraba un futuro promisorio para el sector y todo el país por la situación de alta demanda mundial de alimentos.

De ganar la candidata oficialista, la idea era hacerle un “colchón de fondos” para que la nueva presidenta pueda manejarse con holgura financiera en los primeros meses de su mandato.

Y las versiones se cumplieron el 12 de noviembre de 2007 se elevaron al 35% para la soja, pero a diferencia del anterior, este no tuvo explicación.

Las entidades del campo empezaron a forjar su entendimiento, el precio de la soja que cotizaba 829 pesos la tonelada había bajado a 760 con la medida mientras se estaba en el proceso de la siembra (las principales siembras del país se efectúan entre Octubre y Noviembre)

La confrontación parecía inminente, pero un aumento de los precios internacionales hizo que la soja en dos semanas recuperara el precio anterior.

Los chacareros, con sus cuatro entidades en un principio de unión empezaban a reclamar, pero ante un gobierno recién elegido, sin segunda vuelta, y con un precio similar a quince días atrás que le aseguraba cierta rentabilidad no daba margen para demasiadas maniobras, aunque la llaga quedó abierta.

Los productores pensaron que era la última vez que le aumentaban este impuesto, ya un 35% es lo legalmente permitido, se decían… y se volvieron a equivocar.

El 12 de marzo del corriente año, cuando se empezaba a cosechar, se conocieron nuevas alícuotas y un nuevo sistema denominado “móvil”, es decir que a medida que aumentaba el precio internacional la voracidad del estado se multiplicaba –si es más de 500 u$s la tonelada de soja, 81 de cada 100 u$s son del estado, si supera los 600 u$s el 95% de ese plus serían del estado-

Se imponía por decreto un precio máximo, es decir un desaliento a futuras inversiones. Sobre la llaga abierta, el gobierno empezaba a tirar sal.

Para explicarlo se recurrió a varios argumentos, es decir a ninguno cierto: la desarticulación del precio internacional con los domésticos (ya habían fondos para ello y en exceso), se hacían contra la “sojización” (el complejo sojero aporta la cuarta parte de nuestras exportaciones, la industria aceitera es la más eficiente y principal exportadora del mundo), la soja es la culpable de que tengamos menos leche y carne (ocultando la falta de políticas específicas), es contra el desarraigo rural (extraño, porque en Europa y USA para ello se subsidia a los productores, es decir que aquí se hace lo contrario).

Paralelamente empiezan las negociaciones y para demostrar su poder el gobierno pretende poner de rodillas a los dirigentes, se cierran las exportaciones de carne vacuna, (Uruguay y Paraguay nos sobrepasan en exportaciones), no se abren los registros para exportar trigo y maíz, nuestros clientes derivan sus compras a Estados Unidos y Brasil y otros competidores.

En fin, una serie de medidas que se parecen más a una autodestrucción implementada desde el propio estado, que a un plan de contingencias.

Los productores están acostumbrados a asumir riesgos de todo tipo, como empresarios enfrentan todos los años el riesgo climático: inundaciones, sequías, heladas, vientos, granizo, y cuando les va mal toman aire y redoblan su esfuerzo.

También enfrentan el riesgo de los mercados, invierten con un precio esperado y el mercado puede darles sorpresas, algunas veces buenas y otras malas.

Ahora se suma un tercer riego más difícil de manejar, el político, un funcionario que se extralimita en sus atribuciones y dispone de sus ganancias manejando su rentabilidad cambiando las reglas de juego cuando quiere y a su antojo.

Para los dos primeros riesgos los productores cuentan con algunas herramientas como los seguros, diversificación y mercados a futuro. Pero para el tercer riesgo son pocas las herramientas: protestar y hacer conocer ese avasallamiento al resto de la población.

Una sociedad donde impera la justicia social es aquella en que ante la injusticia sufrida por uno solo de sus miembros el resto sale en defensa de él. Que así sea.

El Autor es Ingeniero agrónomo, asesor de empresas agropecuarias y analista del sector en medios periodísticos.