El socio más importante

Por José Raúl González
Prensa Libre

Las empresas que operan en Guatemala tienen un socio que, todos los años, toma casi una tercera parte del patrimonio de sus propietarios. Este socio no aporta un centavo de capital, pero tiene derecho a revisar hasta el último número de la compañía. Nunca contribuye con ideas nuevas, pero, si le da la gana, puede arbitrariamente aumentar lo que se lleva o cobrarle multas y recargos. Le llaman “fisco”, y la pregunta del millón es: si no contribuye con nada, ¿para qué sirve?

Entre los siglos VIII y X, los mercaderes musulmanes adoptaron una práctica comercial que, posteriormente, se “globalizaría”. Los italianos la llamaron commenda. Consistía en que un socio (con capital) se aliaba con otro (sin capital) para realizar un viaje ida y vuelta con mercadería. Hoy en día, una exportación e importación no nos parecen nada emocionantes. Sin embargo, en esa época, la labor era muy peligrosa. Por ello, el socio sin capital corría con el riesgo de dirigir la expedición y, si ésta resultaba exitosa, podía conservar el 25 por ciento de las utilidades. El otro 75 le correspondería al socio que no viajó, pero que puso su capital en riesgo.

Algo parecido pasa con la tasa de Impuesto sobre la Renta y el Impuesto Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz que pagan las empresas guatemaltecas. Hoy en día, el Estado de Guatemala pretende un 30 por ciento de sus utilidades, supuestamente, a cambio de “servicios públicos”. El problema es que mientras el retorno sobre los impuestos es bajísimo, el costo de oportunidad de prescindir de ese capital tiene un costo social altísimo.

Está claro que la situación de seguridad que este régimen heredó es grave. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, la única función legítima de un gobierno (seguridad y justicia) se ve comprometida en la medida que el presupuesto de gastos de la Nación y las acciones impulsadas por el propio presidente no reflejan que ello es su prioridad. Lamentablemente, se está haciendo lo “fácil”: “redistribuir” el presupuesto (supuestamente) entre los más pobres, sin entender que la situación de inseguridad agrava la pobreza de todos los ciudadanos.

Si el Gobierno no redirecciona el presupuesto para fortalecer las únicas dos funciones por las cuales se crearon los Estados (seguridad y justicia), estaremos teniendo que convivir con el peor de los socios que las empresas puedan tener. Uno que no contribuye a que el viaje sea un éxito; que solo toma una parte del patrimonio para repartirlo (ojalá) entre los más pobres; que tampoco promueve un ambiente para generar más riqueza y que, peor aún, cada año exige más sobre la excusa de que lo que recibe no le alcanza…

Por lo tanto, una reforma tributaria que no solucione esos problemas debe ser rechazada, porque simplemente es más de lo mismo. Y esa reforma viene del lado del gasto, no del ingreso.