Bolivia: Los fantasmas del rentismo

Por Fernando Molina
Infolatam

La Paz – Bolivia vuelve a llenarse de conflictos, decenas de ellos, a causa de muchos motivos diferentes que en el fondo son uno solo: el control de los recursos naturales, del gas. Camiri, una antigua localidad petrolera que añora sus viejas glorias, acaba de arrancar por la fuerza al gobierno la promesa de que se volverá a perforar en las inmediaciones del pueblo, en busca de un yacimiento que los geólogos consideran agotado, pero que para los lugareños representa su particular El Dorado.

Pues bien, justamente. Éste es el tiempo en Bolivia para las búsquedas fantásticas, incluso fantasmagóricas. La posibilidad de echar mano de las rentas del gas alienta a todos a la acción, se trate de exigir directamente una bonificación, o de armar algún proyecto faraónico (incluso, como en este caso, uno mitológico) que asegure ingresos y ocupación para la mayor cantidad posible de allegados. Camiri quería 800 empleos, pero obtendrá, por lo pronto 40. Y semejante botín (una perforación alucinada y unos cuantos empleos) detuvo el tráfico de la carretera internacional entre Bolivia y Argentina, y estuvo a punto de causar hasta muertos por la represión militar del bloqueo.

Sin embargo, vemos cosas incluso peores en estos días. El gobierno ha aceptado que los empresarios del transporte pesado, que reciben altos ingresos, paguen impuestos rebajados bajo un sistema que normalmente se aplica a los comerciantes que se apostan en las calles. Ha admitido que los vendedores de ropa usada extranjera sigan internándola en el país, con graves daños a los productores nacionales. Tampoco pondrá objeciones a la importación de autos con más de veinte años de antigüedad, el nuevo negocio de los contrabandistas. Y, en el colmo de la permisividad, está de acuerdo en principio con los dirigentes campesinos que demandan la transferencia directa de recursos estatales a las organizaciones del sector, para que éstas los “inviertan” en el desarrollo agrario.

Todo esto, claro, era perfectamente previsible. Fue en nombre de la redistribución de la riqueza natural (concebida como infinita) que Evo Morales y su partido llegaron al poder. Una vez en él, ellos promovieron la nacionalización, la reforma agraria y otras medidas destinadas a cambiar la riqueza de manos, antes que a crearla. Es lógico que hoy todo esto se haya salido de madre, y que la primera víctima de las presiones redistributivas que se producen por doquier sea el propio gobierno, especialmente ahora que se halla debilitado por su lucha contra el departamento de Santa Cruz (lucha que en parte también se origina en la repartija de los recursos).

Pero el problema es todavía más serio. No sólo es que los grupos sociales exigen beneficios al gobierno (y la ola de demandas salariales para compensar la inflación apenas comienza), sino que se los disputan directamente entre sí. A lo largo de estos años, ya son varias las veces en las que comunidades campesinas han chocado con los mineros cooperativistas o incluso asalariados por el control de tal o cual yacimiento. Decenas de personas murieron como resultado de estos enfrentamientos. El Ministerio de Minería ha informado que recibe múltiples reportes sobre conflictos de este tipo por mes.

También es cotidiana la batalla entre pueblos indígenas y campesinos por concesiones agrícolas, y las presiones de los grupos sociales sobre las empresas privadas y municipales, la más notable de las cuales fue la realizada por los comunarios de Hampaturi -donde se encuentra la principal represa del sistema de agua potable de La Paz- para obtener un pago por el agua que se reúne en las quebradas que habitan. La siguiente es una figura muy usada, pero también muy expresiva: el gobierno de Morales, al insistir tan imprudentemente en el derecho de todos a beneficiarse de la bonanza gasífera, y al eliminar el discurso sobre la necesidad de disciplina y contención sociales en aras de un futuro mejor, opera como el aprendiz de mago que invoca fuerzas que después resulta incapaz de detener.