Clara Rojas brindó una digna lección
Por Emilio J. Cardenas
La Prensa
Clara Rojas es una de las dos mujeres secuestradas por las FARC que acaban de ser liberadas, luego de ser -ambas- entregadas al gobierno de Venezuela, con la habitual discreta participación de la Cruz Roja Internacional.
En su primera conferencia de prensa, realizada en la propia Caracas -cuando recién respiraba sus primeros aires de libertad después de seis años de inhumano cautiverio- con su madre a su lado, Clara Rojas puso sobre la mesa una contundente definición, a la que cabe dar la mayor de las trascendencias. Porque es el mensaje más importante que el episodio nos debe dejar. Me refiero a la frase que, apuntando a la banda marxista, Clara Rojas pronunciara con total serenidad: “Las FARC son una organización delictiva porque el secuestro es un delito de lesa humanidad”.
UNA JOVEN POLITICA
Clara Rojas es una abogada de 44 años de edad. Fue la compañera de fórmula de Ingrid Betancourt (por el Partido Verde Oxígeno) en las elecciones presidenciales de Colombia que tuvieran lugar en el 2002.
Cuando durante la campaña electoral ambas deciden visitar San Vicente del Caguán, cuyo intendente pertenecía a su fuerza política, el vehículo en que viajaban fue detenido por un contingente de las FARC que tomó prisioneras a Ingrid y a Clara. Por su carácter político, Ingrid y Clara fueron rápidamente declaradas canjeables por sus captores.
Mientras estuvo en cautiverio, Clara dio a luz un hijo varón: Emmanuel. Su padre habría sido un guerrillero sin rango. El parto fue por cesárea practicada con un cuchillo. Emmanuel fue cruelmente separado de su madre y, al poco tiempo, entregado a las autoridades colombianas (al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) como si fuera un niño abandonado, sin familia. La información suministrada por el subteniente John F. Pinchao -que acababa de escapar, él mismo, de las FARC-, en el sentido de que Emmanuel no estaba, como sostenían las FARC, secuestrado, pone en evidencia el fraude que las FARC intentaban consumar y hace fracasar el primer intento de liberación, el que claramente se pretendió utilizar como instrumento propagandístico de las FARC y de sus varios compañeros de ruta, incluyendo algunos oportunistas.
UNA EXTRAÑA LIBERACION
La operación de liberación de las dos rehenes fue liderada por el propio ministro del Interior y Justicia de Venezuela, el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, que operó la misma en permanente compañía del embajador de Cuba en Venezuela, Germán Sánchez Otero, lo que es toda una señal.
En el momento de la entrega de las dos mujeres, Rodríguez Chacín se comunicó telefónicamente con el líder de las FARC, ‘Tirofijo’ (Manuel Marulanda), y le envió públicamente un fraternal “abrazo bolivariano”.
No puede olvidarse que tanto las FARC como el gobierno del autoritario Hugo Chávez se autoproclaman abiertamente “bolivarianos” (eufemismo con el que se procura disimular el uso de la palabra “marxista”, cuya connotación actual recuerda obviamente algunas experiencias fracasadas). Las FARC y Chávez son entonces -políticamente- idénticos. La misma cosa. De allí el “abrazo” del ministro del Interior. Y la enorme intimidad en el trato.
Rodríguez Chacín -que estuvo preso durante el gobierno de Rafael Caldera, pidiendo entonces su baja- es uno de los militares con mayor cercanía a Chávez. En los primeros años de la administración de Chávez, Rodríguez Chacín se involucró personalmente en las negociaciones vinculadas con los secuestros del empresario Richard Bulton y de la estudiante Mely Carrera. Sus visitas a la zona del Caguán sin autorización del gobierno colombiano se tornaron tan frecuentes que el presidente Andrés Pastrana le prohibió específicamente el ingreso a Colombia sin estar acompañado por funcionarios de su gobierno.
El ex marino es especialista en inteligencia. Algunos sugieren que, durante el fugaz golpe de Pedro Carmona, se escondió en Santa Fe, en Caracas, donde no obstante fue detenido, secuestrándosele gran cantidad de armas y municiones pesadas. Este personaje gozaría de toda la confianza e intimidad de Chávez y de las FARC. De allí su rol central en todo lo que tenga que ver con la insurgencia marxista colombiana. Y con algunos “empresarios” que parecerían haberse enriquecido a la sombra de Chávez, como: Wilmer Ruperto; Danilo Díaz Granados; Walter Alexander y Willy del Nogal; Kalil Mayed; Carlos Kaufmann; Francisco Durán; Guido Antonini Wilson; Pedro Prieto; Rosa Yadira Silva Suniñaga; Gonzalo Morales; Gerardo Esteves; Eudo y Carlos Carruyo; César Guillén; Camilo Lamaletto; Víctor Gil; Ramón Canela; David Osio; Samuel Duer; Juan Bravo; Alexander Arwais, o Luis Benshimol. Esto es, la “crema” de la nueva ‘elite’ venezolana del mundo de los negocios, cercana al poder.
EL PORQUE DE LOS DICHOS DE CLARA ROJAS
Cuando Clara Rojas acusa a las FARC de cometer crímenes de lesa humanidad dice lo correcto. Porque, como ha sido confirmado por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en su sentencia liminar recaída en el caso ‘Milan Martic’, los “crímenes de guerra” son, a la vez, “crímenes de lesa humanidad”. Así de claro.
Según el artículo 3 de la Convención de Ginebra del 12 de agosto de 1949, que protege a los civiles en los casos de conflictos armados sin carácter internacional, esto es, en los conflictos internos, cada una de las partes contendientes debe por lo menos asegurar que las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso los miembros de las fuerzas armadas que hubieran depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, heridas, detención, o por cualquier otra causa, sean tratadas, en todas las circunstancias, con humanidad.
A ese efecto, quedan prohibidas, respecto de esas personas: (a) los atentados a la vida y a la integridad corporal, las mutilaciones, los tratos crueles, las torturas y los suplicios; (b) la toma de rehenes; (c) los atentados a la dignidad personal y los efectuados sin previo juicio por un tribunal regularmente constituido y dotado de las garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.
La definición de la jurisprudencia reciente sobre qué debe entenderse por conflicto armado interno es bien sencilla: la existencia de enfrentamientos armados entre las autoridades gubernamentales y organizaciones armadas o entre dichas organizaciones, en el interior de un Estado. En la determinación de la existencia -o no- de este tipo de conflictos deben analizarse la intensidad y la duración de los enfrentamientos y el grado de organización de las partes, pero (como lo ha reconocido la jurisprudencia en el caso Milosevic) no es necesario que exista autoridad civil alguna que conduzca a las organizaciones armadas que enfrentan a los gobiernos, ni tampoco es necesario (como algunos siguen creyendo) que ellas controlen, en modo alguno, territorio.
Esta importantísima convención es, recordemos, derecho interno en la Argentina desde marzo de 1957. Pero nuestros tribunales parecen haber decidido ignorarla. Pese a que es difícil poder sostener que una conducta que, por inhumana, ha sido expresamente prohibida por el derecho internacional no conforma una infracción penal en la Argentina y, mucho menos, que las Convenciones de Ginebra de 1949 no procuren perseguir y sancionar en todos los casos de conflictos armados internos las conductas que, por razones de humanidad, ellas prohíben explícitamente.
La cláusula 3, antes aludida, recoge y refleja la costumbre internacional y es central al derecho humanitario internacional, razón por la cual debe ser respetada (y aplicada) a rajatablas por todos y no puede ser derogada.
A ella se refería concretamente, con toda seguridad, Clara Rojas. Mientras esa cláusula no se respete, será cierto aquello atribuido a Voltaire de que “la civilización no suprime la barbarie, sino que la perfecciona”.
LA LECCION QUE NOS DEJA CLARA ROJAS
Clara Rojas tiene absoluta razón: las FARC violan abiertamente la Convención de Ginebra de 1949. Lo hacen de manera abierta, generalizada y sistemática y, por ende, cometen -con total conocimiento de lo que sus conductas suponen- clarísimos crímenes de guerra, que son, a la vez, delitos de lesa humanidad.
La comunidad internacional no puede silenciar esto. Y mucho menos ignorarlo. En su momento, los responsables de esos cobardes crímenes deberán enfrentar, en los tribunales, las consecuencias de sus conductas.
Porque el derecho internacional humanitario obliga a todos los estados por igual a investigar los delitos que desde el propio Estado puedan haberse cometido contra civiles inocentes. Pero también los obliga a investigar los delitos de similar naturaleza que pudieran haber sido cometidos por las organizaciones armadas que se enfrentan al Estado, las que están claramente alcanzadas por las mismas prohibiciones, lo que no puede callarse nunca. Por los motivos o conveniencias que fuere.
Emilio J. Cardenas es ex embajador de la Argentina ante las Naciones Unidas.
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