Derecha endógena o mercantilismo
Por Leonor Filardo
El Universal
Recientemente el diputado Luis Tascón declaró que en el chavismo había una derecha endógena: grupos que se enriquecen con el Gobierno, que tienen una poderosa influencia sobre el Presidente y que están desvirtuado la revolución. Es bueno aclararle que no existe tal revolución, pues lo que aplica el Presidente es el capitalismo mercantilista, donde la propiedad y la empresa privada son privilegios concedidos por el Gobierno a esa derecha endógena. Esto es capitalismo salvaje. El que tanto critica.
Mercantilismo es el nombre dado por los historiadores de finales del siglo XIX al sistema político-económico del Estado absoluto, el cual prevalece en las monarquías europeas desde el siglo XVI.
Estuvo caracterizado por el estatismo en su máxima expresión. En él se crea un mercado de privilegios mediante las concesiones de monopolios, subsidios y proteccionismo comercial, a cambio del engrandecimiento del Estado como fuerza del gasto real, elevados impuestos, déficit fiscal, inflación y devaluación de la moneda. Jacob Viner, economista de Chicago, describe el mercantilismo así: “Las leyes y decretos que lo respaldan son fruto de intereses en conflictos con grados variables de honorabilidad.
Cada grupo económico o social presiona permanentemente por una legislación conforme a sus intereses específicos. Las necesidades fiscales de la corona constituyen un elemento determinante de influencia en las referidas legislaciones, concediendo a sus favoritos privilegios especiales, vendiéndolos o subastándolos al mejor postor”.
Riqueza
Rothbard, en su Historia del pensamiento económico, señala que países que lo practicaban como Francia, España e Inglaterra, ocasionaron una gran concentración de riqueza en grupos privilegiados, a costa de encarecerle la vida a toda la población, y afectaron seriamente a aquellos que poseían menores recursos, gravándolos con los impuestos más perversos como la devaluación y la inflación. Ello dio lugar a revoluciones y al surgimiento de diferentes escuelas de pensamiento político-económico.
Una de ellas, la escuela de Salamanca (siglo XVI, XVII), cuyos integrantes fueron precursores de la protección a los derechos humanos y de la teoría de la economía de mercado, donde los seres humanos desarrollan su potencialidad y creatividad en un contexto ético.
Una segunda escuela, socialismo/comunismo/nacionalismo (siglo XIX), inspirada en la teoría marxista, cuyo elemento fundamental es la lucha de clases, porque, según Marx, la clase privilegiada domina y explota a la trabajadora. Por ello, su propuesta era la revolución del proletariado, donde la única solución para mejorar a la clase obrera es quitarle a los ricos para darles a los pobres, mediante la eliminación o depredación de la propiedad privada, y transfiriendo total o parcialmente los medios de producción al Estado.
El comunismo/socialismo viene a completar la pieza que le faltaba al rompecabezas del mercantilismo, convirtiéndose en la máscara que necesitaba para que se le confiera al Estado un poder totalitario. Así, el discurso populista engaña al pueblo ignorante con promesas de derechos que nunca podrán cumplirse (protección a la familia, niños, trabajo, salud, vivienda¿).
El resultado consiste en aprovecharse del pueblo para incrementar su poder, ampliando el mercado de favores, manejando y limitando a su antojo las libertades individuales, civiles, económicas y políticas. Surge así un sistema de poder corporativo: el mercantilismo-socialismo, integrado por grupos de interés (derecha endógena), que recibe el privilegio del gobernante según sea su favorito y se ajuste a sus requerimientos.
Arbitrariamente
Para legalizar el sistema se aprueban y modifican arbitrariamente constituciones y leyes de acuerdo con el capricho del gobernante. Ahora bien, en un sistema mercantilista/socialista, como dice mi amigo Enrique Ghersi, existe un Estado de legalidad, pero no un Estado de Derecho.
Se utiliza la ley como un control social y político, y como tal el Presidente la inventa y aplica a sus enemigos. Sin darse cuenta, el pueblo -esperanzado por las promesas políticas- va concediendo poderes al Gobierno. Éste se convierte en autoritario y va cercenando todas las libertades.
Por ello, sus acciones podrán ser legales, pero no encajarán dentro del Estado de Derecho, pues éste requiere que las leyes se conformen con base en principios universales.
Esto sólo es posible en un sistema democrático limitado, combinado con una economía libre (verdadera revolución).
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