Chile: Urgencia de una reforma del Estado

Editorial – El Mercurio

Hay amplio consenso entre los especialistas en cuanto al impacto negativo que está teniendo el menor dinamismo, por el cambio en la productividad de los factores -es decir, en la capacidad de la economía de lograr mejores resultados con una misma cantidad de recursos- como fuente de crecimiento.

Las cifras oficiales muestran que mientras la expansión promedio de la economía en el período 1985-1997 fue de 7,1 por ciento -del cual 2,9 puntos porcentuales pueden ser atribuidos a una mejoría en la productividad total de los factores-, en el lapso 1998-2006 el crecimiento promedio del PIB fue de sólo 3,6 por ciento -del cual 0,2 puntos porcentuales serían atribuibles a cambios en la productividad.

Que este deterioro se haya manifestado en un contexto en que las condiciones de la economía mundial fueron más favorables, pone de manifiesto que el problema tiene un origen netamente interno. Es obvio, por tanto, que una de las principales tareas pendientes en materia de políticas públicas es la creación de condiciones que permitan mejorar la productividad de la economía chilena, materia en la cual la mayoría de los países emergentes exhibe un envidiable dinamismo.

Un aspecto central para lograr éxito en esto es la necesidad de una reforma profunda al aparato estatal, orientándolo a mejorar su eficiencia operativa. La apertura de la economía a la competencia internacional forzó al sector privado a realizar grandes esfuerzos para poder desenvolverse exitosamente en un mundo globalizado: debió adecuarse a los estándares internacionales en materia de tecnologías, de procesos informáticos y operativos e, incluso, de prácticas de gobierno corporativo. Buena parte del mayor crecimiento que se logró en las décadas anteriores se explica por la contribución de este ajuste a la competitividad de nuestra economía.

El aparato estatal chileno, por el contrario, está lejos de haberse sometido a una exigencia semejante. Actualmente, la tercera parte del gasto total de la economía es administrada por entidades públicas: gobierno central, municipalidades y empresas públicas. Resulta evidente que es enorme el potencial de mejoras en productividad que no se ha aprovechado, con su consiguiente efecto en el crecimiento del país.

Peor aún, la obsolescencia del aparato estatal se está convirtiendo, además, en una pesada carga para el funcionamiento de la economía, afectando negativamente la productividad del sector privado.

Mayor autonomía, mejores incentivos, más transparencia

El actual marco institucional en que se desenvuelven las reparticiones públicas se ha convertido en una verdadera camisa de fuerza que les impide desarrollar bien sus labores. Como primer paso debería adscribirse la totalidad de los servicios y programas gubernamentales al Sistema de Alta Dirección Pública para la selección de sus máximos directivos. Asimismo, debe darse mayor autonomía a los jefes respectivos para el desarrollo de su labor, lo cual debe incluir la opción de flexibilizar el uso de personal, y establecer incentivos en caso de cumplirse con las metas asignadas. Por cierto, esto debe ir acompañado de mayores instancias de control, en especial en cuanto a la rendición de cuentas por cada servicio a la ciudadanía. Igualmente, la labor fiscalizadora de la Contraloría, centrada en la legalidad de los actos, debería complementarse por instancias de control independientes, que evalúen la calidad de gestión de los programas de gasto e inversión. Hay interesantes modelos de esto en otros países, cuya experiencia debería ser considerada.

Durante los últimos gobiernos ha habido avances importantes en la generación de indicadores de gestión, que en muchos casos son usados como herramientas internas para ordenar la discusión presupuestaria. Sin embargo, estos instrumentos no están debidamente institucionalizados, lo cual les resta fuerza. De hecho, ha sido común la aprobación de proyectos de inversión que no superan las vallas mínimas de una rigurosa evaluación socioeconómica, lo que se suma a una falta de transparencia que impide a los ciudadanos acceder a los resultados de tales evaluaciones y a los antecedentes considerados para la decisión.

En las empresas públicas urge una modernización de la estructura de gobierno corporativo. La reciente paralización de la licitación de una empresa portuaria por razones puramente políticas -al punto que los directores que apoyaban la medida fueron sustituidos- constituye una muestra elocuente de la fragilidad y de la falta de objetivos claros del sistema actual. La constitución de un “holding” de empresas públicas manejado con directorios independientes y profesionales, sometido a los mismos requerimientos que se exigen a las sociedades anónimas abiertas, no puede seguir esperando.

Inmejorable oportunidad para consensuar una propuesta

El típico argumento que se aduce para no abordar este tema -la falta de recursos- carece de validez en la actual coyuntura. Más aún, sería difícil encontrar un mejor uso para parte de los recursos fiscales acumulados que su aplicación a una reforma del aparato estatal.

Si a esto se agrega que los principales centros de estudio y grupos de pensamiento del país -tanto aquellos afines al Gobierno como a la oposición- concuerdan en la necesidad de dar pasos importantes en esta dirección, se concluye que sólo faltaría ahora consensuar una propuesta en el ámbito político.