Chile: Carga tributaria y gasto público

Editorial
El Merurio

La carga tributaria -definida como el total de impuestos en porcentaje del PIB- se ha mantenido, a nivel del gobierno central, relativamente estable desde principios de los años 90. En la década previa fue bajando en forma significativa y alcanzó su mínimo en 1990, cuando llegó a alrededor de 14 por ciento del PIB. Luego de la reforma tributaria que realizó el primer gobierno de la Concertación, la carga tributaria subió a 16 por ciento del PIB, y se ha mantenido en ese rango desde entonces.

No obstante, en los últimos dos años -debido en grado importante al aumento en la tributación de la minería por el alto precio del cobre-, la carga tributaria del gobierno central ha subido, y el año pasado llegó a 17,4 por ciento del PIB (la del gobierno general, que incluye las municipalidades, es alrededor de un punto del PIB más alta).

El crecimiento del PIB mismo, particularmente alto hasta 1997, ha significado que esta presión tributaria se traduzca en cuantiosos recursos para el fisco. En términos reales, el crecimiento del gasto público entre 1990 y 2007 ha sido, en promedio, 6,1 por ciento por año.

La gran preocupación en este período ha sido la eficiencia de dicho gasto. Así, por ejemplo, los recursos destinados a educación se han multiplicado por cuatro, pero para todos es evidente, como lo muestran los resultados de las pruebas nacionales e internacionales, que la calidad de la educación no ha mejorado en paralelo. Algo parecido ha sucedido en salud y otras áreas. Por tanto, la pregunta pertinente es qué hacer con los nuevos recursos que están llegando a las arcas fiscales.

La autoridad, en forma correcta, ha tomado la decisión de ahorrar aquellos recursos transitorios, como los derivados del precio del cobre excepcionalmente alto. Pero aun así hay recursos permanentes que, de acuerdo con la regla fiscal, corresponde gastar. Así, para este año se estima un crecimiento del gasto público de 9,0 por ciento en términos reales. Estos mayores recursos permanentes provienen, básicamente, de dos fuentes: del mayor precio permanente del cobre y de la reducción de la meta de superávit estructural, en un escenario en que el Gobierno ha pasado a ser acreedor neto. A ello se le podría sumar otra fuente, que corresponde a los intereses de los activos que ha acumulado el fisco (aquí, no obstante, hay una discusión, pues estos activos podrían gastarse en períodos de “vacas flacas”). Se estima que a fines de este año el fisco tendrá activos por más de 20 mil millones de dólares, lo que le daría un flujo permanente superior a mil millones de dólares al año.

El desafío es determinar el mejor uso social para estos mayores recursos permanentes. Es probable que educación y seguridad social estén entre los destinos prioritarios, pero es evidente que no se puede descartar a priori que también sea conveniente una reducción de impuestos. Esta reducción no sólo significaría devolver parte del exceso de recursos del fisco a las personas, sino que también puede ayudar a reducir importantes distorsiones y, con ello, contribuir al crecimiento, al empleo y a la reducción de la pobreza.

Dado que el fisco tiene más recursos permanentes, algunos de ellos derivados de mayores impuestos a la minería y otros de otras fuentes, es hoy posible, junto con aumentar el gasto en algunas áreas prioritarias, reducir impuestos. Ha ido emergiendo cierto acuerdo entre parlamentarios de distintos sectores en cuanto a que ésta es una buena idea. El Gobierno debería considerarla.