La deuda, en la Constitución

Por Rómulo López Sabando
El Expreso de Guayaquil

Inmerso en escándalos financieros y políticos, en el país se repite un error conceptual que amerita rectificar. La “tasa de interés” no es el “precio” del dinero. Es el precio del crédito. El precio del dinero es el inverso de su poder adquisitivo. Es decir, su poder de compra. Y este está determinado por el “costo” del dinero que depende de su volumen o “masa monetaria” la que, por el creciente e improductivo gasto público, aumenta (se infla). Es decir, el dinero compra menos (inflación). Suben los precios de todo.

Con mayor gasto público, generalmente dadivoso y antieconómico, se bloquean las ofertas de bienes y servicios que no satisfacen la demanda (escasez). El precio del dinero se deteriora. Hay carestía. Advienen la especulación y el mercado negro.

Para mejorar el poder de compra (o “precio”) del dinero, sueldos, ahorros, etc. de los más pobres, hay que aumentar la oferta de bienes y servicios. Esto es posible mediante la producción industrial, comercios y trabajos que mejoren los servicios en calidad y variedad, lo que, de suyo, impulsa la oferta y variedad de fuentes de trabajo. Entonces el “precio” del dinero tendrá mayor valor adquisitivo. Los precios de las cosas bajarán. La producción aumenta con inversión que compita, sin monopolios ni privilegios privados ni públicos.

Las tasas de interés no se pueden bajar por decreto ni por manipulación, acuerdos o imposiciones. La mejor forma de bajarlas es aumentando los ofertantes del crédito, lo que, además, estimula su variedad y eficiencia.

Para pagar sus deudas, el Estado aumenta los impuestos y adquiere nuevas deudas que, generalmente, derivan en corrupción. En 36 años el Gobierno, aparte de sus enormes ingresos petroleros, nos endeudó en USD 81.591 millones y pagó USD 127.308,6 millones. De 1970 a 2006 la principal política pública ha sido el “endeudamiento agresivo”. Tecnócratas vinculados a prestamistas internacionales se han enriquecido, destruyendo la producción y convertido la democracia en picardías financieras.

¿Dónde está el dinero de la deuda externa? En qué se invirtió, si no hay empleo, producción ni recursos para pagar a maestros, médicos y empleados aunque sí para pagar a la tecnocracia dorada y a los acreedores. La deuda externa ha sido onerosa, ineficiente, improductiva y sin contenido social. Genera desempleo, miseria y corrupción. El dinero de la deuda es inflacionario y su pago (el “servicio”) disminuye al gasto social.

Endeudar al Estado es pésimo negocio para el pueblo que sufre insatisfacción, pobreza y coraje. Lucrativo para los endeudadores. Las deudas del Estado deberían pagarla sus gestores (Ministros, subsecretarios, presidentes) y no el pueblo. Sus fines, parecen sociales. Grandes obras de infraestructura (Elefantes blancos), minimizan la educación, la salud y la generación de empleo. Por esto, lo obvio, necesario y económico es aplicar políticas públicas que impulsen la producción masiva interna, mediante inversión cuyo riesgo no lo pague el pueblo sino los inversores quienes asumen la contingencia incierta de ganancia o pérdida.

El dilema, entonces, es entre “inversión de riesgo” o “deuda pública”. Es el mismo dinero e igual proveedor.
Como “inversión de riesgo”, si es mal manejada, pierde el inversor. Y, si es bien administrada, gana el Gobierno, se reduce la emigración y los pobres dejan de serlo. El dinero que entra como préstamo tiene el efecto de un alucinógeno y se debe pagar con intereses (servicio de la deuda). El dueño no pierde. El dinero que entra como inversión de riesgo, auditado por el Estado, reduce la inflación. Ergo: en la nueva Constitución se debe priorizar la inversión de riesgo y evitar la deuda pública que causa pobreza y corrupción.