Ecuador: ¿Queremos el socialismo del siglo XXI?
Por José Luis Ortiz
El Expreso de Guayaquil
Hugo Chávez se proclama socialista y al mismo tiempo “bolivariano”. Y eso puede pasar como una frase combativa, como arranque propio de su personalidad caliente, como necesidad de sentirse protagonista y líder. Pero cuando se asume portador de una corriente denominada “socialismo del siglo XXI”, muchos, preocupados como yo por escarbar el contenido de aquella, acudimos a compararla con lo que hemos conocido como socialismo en su dimensión real, histórica y tangible, para saber si en verdad existe y distinguir sus detalles y aspectos específicos.
A fin de no alargarnos en disquisiciones, la experiencia socialista que vivió el mundo hasta aproximadamente 1990, se caracterizó en lo político por el dominio absoluto de estados burocráticos sobre el conjunto de las sociedades, por la imposición de un partido único -el comunista- y por la inexistencia de un sistema de partidos o de oposición. Pensábamos, y estimo que numerosas personas también, que la renovación del objetivo socialista tendría que pasar, necesariamente, por la apertura política, el respeto a la disidencia, la amplia y normal vigencia de un sistema de partidos, el equilibrio de las funciones del Estado, etc. Pero no ha sido así, y lo que ocurre hoy en Venezuela nos demuestra cuan equivocados y lejos de la realidad hemos estado.
Una de las demostraciones de la particular concepción de socialismo que tiene el coronel Chávez es la forma como ejerce su papel de jefe absoluto del Estado venezolano. Hasta ahora ha sido el creador de más de 150 leyes, y dispone, por obra y gracia de una Asamblea Nacional en la que no hay un solo voto en contra, de dieciocho meses para elaborar y aprobar leyes, disposiciones y reglamentos en diez importantes áreas de la vida de su país. Puede transformar las instituciones del Estado, instaurar nuevas formas de participación popular, cambiar el rumbo y el carácter de la economía venezolana, reestructurar territorialmente el organigrama político-regional, poner y quitar presupuestos para las entidades oficiales.
Ya en 1999 la Asamblea Nacional le otorgó por seis meses la facultad de legislar, y en esa oportunidad dictó más de cincuenta decretos con fuerza de ley en materias tributaria, financiera y empresarial (creó el IVA y el impuesto al débito bancario), y en 2001, con otra decisión en ese sentido, la misma Asamblea Nacional le permitió arremeter en campos más delicados como la tenencia de la tierra y el manejo petrolero, con las consecuencias conocidas del levantamiento social y el retiro de la presidencia por dos días.
Ahora Chávez tiene mayor liberalidad para legislar, y hasta lo puede hacer en el campo penal, arrasando con los sistemas de la lógica jurídica que en un régimen democrático establecen el cumplimiento riguroso de fases de discusión y aprobación.
El presidente de Venezuela llegó hasta ahí luego de un proceso sustentado en una estrategia envolvente para copar todas las instancias del poder del Estado, eliminar la oposición, perseguir a los detractores mediante la agresión pura y simple de grupos civiles armados, irrespetar el sistema de partidos, negar permisos de operación a estaciones de radio y televisión que no aceptaron sumarse al aparato propagandístico liderado exclusivamente por él, interpretar todo pronunciamiento electoral como una carta en blanco de la ciudadanía en beneficio de su personal forma de decidir lo que le conviene al país, cerrar las filas alrededor de un movimiento social y popular con su excluyente liderazgo y, por último, erigir un poder central estatal en contra y por encima del poder de la ciudadanía y bajo su indiscutible mando.
El Ecuador quiere todo lo contrario: anhela un sistema de verdadera democracia y libertad. Y confía en que sus mandatarios también.
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