Estados Unidos no fue fundado por “hombres de los aranceles”, al contrario de lo que muestra este cuadro de la Casa Blanca de Trump
El año pasado, el presidente Donald Trump presentó un cuadro con marco dorado en el que aparece él mismo en el centro, flanqueado por figuras que compartían, en cierta medida, su entusiasmo por gravar las importaciones: Alexander Hamilton, Henry Clay, Abraham Lincoln y William McKinley. Debajo de sus rostros figuran las palabras “Los Hombres de los Aranceles” (“The Tariff Men”).
Los aranceles han ocupado durante mucho tiempo un lugar central en la peculiar interpretación que tiene Trump de la historia de los orígenes de Estados Unidos. En su primera campaña presidencial, hace una década, Trump declaró que el libre comercio es “una afrenta directa a nuestros Padres Fundadores”, quienes “entendían de comercio” y creían que los aranceles eran necesarios para garantizar la independencia económica de la nueva nación. “Doscientos cuarenta años después de la Revolución”, se lamentaba el candidato, “hemos dado un giro radical a la situación”. Con los aranceles, concluía, “es hora de declarar nuestra independencia económica una vez más”.
Trump y sus funcionarios no han dejado de insistir en ese tema desde entonces. A principios de este año, el representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer, aprovechó su intervención en Davos para dar una lección a todos sobre el “sistema económico hamiltoniano” de los Padres Fundadores, que “los líderes estadounidenses fueron olvidando poco a poco” al abandonar los aranceles y la política industrial en favor del libre mercado. El vicepresidente J. D. Vance ha venido narrando una historia similar. “Creo que la riqueza de Estados Unidos se construyó gracias a un sistema estadounidense” de proteccionismo comercial y subsidios industriales, afirmó en 2021. “Yo… no creo que fuese construida gracias a lo que la gente suele llamar neoliberalismo o liberalismo clásico”. Los abogados de Trump esgrimieron sus argumentos en el reciente caso sobre aranceles ante la Corte Suprema con referencias a los Padres Fundadores, especialmente a Hamilton.
Siguiendo la evolución de la línea argumental del cuadro “Los Hombres de los Aranceles” de Trump, estos cuentan la historia de unos Estados Unidos que surgieron de la Revolución en un estado de precariedad económica. Según ellos, una vez conseguida la independencia política en el campo de batalla, Hamilton centró su atención en la independencia económica del comercio británico, utilizando las herramientas de los aranceles y la política industrial para consolidar la Revolución. Luego, Clay, mientras fue miembro de la Cámara de Representantes y más tarde secretario de Estado, formalizó estas políticas como el “Sistema Estadounidense” en la década de 1820, un programa tripartito de aranceles, banca central y subsidios para mejoras internas a fin de preservar y fomentar la riqueza estadounidense. Lincoln y McKinley tomaron el relevo en el siglo XIX, lo que culminó en un período sostenido de proteccionismo arancelario tras la Guerra Civil y hasta principios del siglo XX.
En este punto, entra en escena un componente conspirativo, con figuras antiproteccionistas que desviaron al “Sistema Estadounidense” de su lugar histórico como motor de la riqueza de Estados Unidos. Supuestamente, se produjo a continuación un debilitamiento de la economía estadounidense, hasta que llegó Trump para enderezar el rumbo y devolvernos a nuestros orígenes fundacionales, centrados en los aranceles.
Esta es, en esencia, la historia que cuenta Oren Cass, a quien Vance ha apodado “uno de los pensadores más brillantes del país en materia de economía política”. Según el relato de Cass, “la tradición estadounidense desde su fundación fue de un proteccionismo agresivo y apoyo a la industria nacional”. El libre comercio, por el contrario, “emana[ba] de Gran Bretaña como una ideología al servicio de sus propios intereses” para apuntalar su imperio a expensas del resto del mundo. Tras casi 175 años de independencia económica, Estados Unidos acabó sucumbiendo a la propaganda del libre comercio tras la Segunda Guerra Mundial.
Si esta historia te suena familiar, se trata básicamente de una adaptación “trumpiana” de una antigua mitología proteccionista que lleva décadas circulando. En la década de los noventa, Pat Buchanan caracterizó de manera similar al libre comercio como “una traición al país tal y como lo estructuraron Washington, Hamilton y Madison”, y trazó un linaje “perdido” idéntico desde Hamilton hasta Clay, pasando por Lincoln y McKinley. Lo mismo hizo el líder de la secta Lyndon LaRouche, quien escribió un panfleto de tono paranoico en el que acusaba al economista Milton Friedman de seducir a Estados Unidos con dogmas del libre comercio y, de ese modo, subvertir sus fundamentos proteccionistas. (El coautor del libro de LaRouche, David Goldman, es actualmente asesor principal del Departamento de Estado de Trump y una presencia habitual en el movimiento “conservador nacional”).
Una omisión llamativa complica estos y otros intentos de alistar a los Padres Fundadores estadounidenses en la causa de la agenda arancelaria de Trump. Entre sus numerosas referencias históricas, el texto de la Declaración de Independencia está completamente ausente. Concretamente, nunca mencionan las acusaciones de la Declaración de Independencia contra la Corona británica por “interrumpir nuestro comercio con todas las partes del mundo” e “imponernos impuestos sin nuestro consentimiento”, acciones que guardan más que un ligero parecido con los intentos de Trump de reescribir todo el régimen arancelario de EE. UU. mediante un decreto presidencial.
Como sugieren esos pasajes, la Casa Blanca ha malinterpretado un aspecto clave de su historia. Lejos de pretender crear una república arancelaria al estilo de Hamilton, las colonias estadounidenses se rebelaron explícitamente contra las restricciones británicas a su capacidad para comerciar con el resto del mundo.
Unos dos años antes de redactar la Declaración, Thomas Jefferson preparó una lista de reclamos para los delegados de Virginia en el Primer Congreso Continental. Su “Resumen de los derechos de la América británica” apuntaba a garantizar una solución pacífica a las crecientes tensiones con Londres, sin llegar a la separación. Aunque Jefferson no asistió personalmente al Congreso, su elocuente documento lo consagró como alguien capaz de expresar con claridad los reclamos de los colonos. Por eso fue elegido para redactar la Declaración en 1776.
Cuando comparamos ambos documentos, el origen de la cláusula comercial de la Declaración resulta inmediatamente evidente. Un pasaje clave del documento anterior de Jefferson declara el interés de las colonias en “el ejercicio del libre comercio con todas las partes del mundo, que poseían los colonos americanos por derecho natural y del que ninguna ley propia los había privado ni restringido”.
Para respaldar su argumento, Jefferson analizó la historia jurídica de la relación de Gran Bretaña con sus colonias americanas. Invocó un acuerdo de 1651 entre la Cámara de los Burgueses de Virginia y la comunidad política inglesa, en el que se establecía que “el pueblo de Virginia goza de libre comercio, al igual que el pueblo de Inglaterra, hacia todos los lugares y con todas las naciones” y que “Virginia estará exenta de todo tipo de impuestos, aranceles y gravámenes”, salvo que diera su consentimiento. El Parlamento intentó alterar unilateralmente esta relación —al principio de modo gradual, mediante las Leyes de Navegación, que rara vez se aplicaban y exigían que los envíos se realizaran a través de Inglaterra y en buques ingleses, y más tarde mediante los más famosos impuestos sobre el azúcar, el té y los productos impresos en papel—.
Estas medidas culminaron en una agresiva afirmación del poder parlamentario para imponer legislación sobre las colonias “en todos los casos, sin excepción”, a través de la Ley Declaratoria de 1766, y posteriormente en una demostración de ese poder en represalia en 1774, cuando la Corona cerró el puerto de Boston y suspendió la carta colonial y el gobierno de Massachusetts. Varias de las provocaciones más flagrantes que desencadenaron la Revolución Estadounidense se debieron, por tanto, a los impuestos británicos y a la suspensión del comercio estadounidense.
Temas similares aparecen a lo largo de las protestas contra la Corona previas a la Declaración. Ya en 1763, James Otis denunció “la imposición de impuestos, ya sea sobre el comercio, la tierra, las casas o los barcos, o sobre bienes inmuebles o muebles, fijos o flotantes” como “absolutamente incompatible con los derechos de los colonos”. El orden en que Otis enumeraba estas medidas era relevante, ya que consideraba que los impuestos sobre el comercio eran la fuente de la que manaban todas las demás afirmaciones unilaterales del poder tributario de la Corona. Samuel Adams condensaría estos argumentos en un grito de guerra: “Pues, si nuestro comercio puede ser gravado, ¿por qué no nuestras tierras? ¿Por qué no los productos de nuestras tierras y todo lo que poseemos o utilizamos? Esto, a nuestro entender, anula el derecho que nos otorga nuestra carta a gobernarnos y gravarnos a nosotros mismos”.
La restricción del comercio precipitó, de manera similar, la militarización de las colonias por parte de la Corona, acompañada de la suspensión de derechos y libertades civiles arraigados desde hacía tiempo. En 1761, Otis interpuso una demanda contra el uso por parte de la Corona de las “órdenes de asistencia” para llevar a cabo cateos sin orden judicial en Boston. Estas también tenían su origen en el comercio, ya que los clientes de Otis —un grupo de 63 comerciantes— se oponían al uso de las órdenes como herramienta de ejecución ilimitada para el cobro de aranceles. John Adams, que observó como joven abogado el infructuoso alegato de Otis ante el tribunal, relataría más tarde que fue “entonces y allí que nació la Independencia. En quince años… creció hasta alcanzar la madurez y se declaró libre”.
La importancia del comercio en los orígenes de la Revolución ayuda a resolver una paradoja observada desde hace tiempo sobre los motivos de los colonos. A pesar de la reputación de la Revolución como una revuelta fiscal, los estadounidenses pagaban tasas impositivas relativamente bajas en comparación con los habitantes de la propia Inglaterra. La suma total era “insignificante”, y la mayoría de las nuevas medidas fiscales del Parlamento eran “moderadas y, a menudo, efímeras”, en palabras de la economista Deirdre Nansen McCloskey. No obstante, provocaron una convulsión política contra la imposición de una autoridad nueva y extranjera.
La cuestión no era la tasa impositiva, sino el hecho de que el Parlamento pudiera reclamar la potestad tributaria sobre el comercio y, por ende, sobre todo lo demás. Para Jefferson, como abogado, la regulación del comercio por parte de la Corona era “nula”: el “verdadero fundamento por el que declaramos nulas estas leyes es que el Parlamento británico no tiene derecho a ejercer autoridad sobre nosotros”. O, como, según se dice, el anciano capitán Levi Preston, veterano de la batalla de Concord, le dijo a un joven entrevistador en 1843: “Siempre nos habíamos gobernado a nosotros mismos, y siempre fue esa nuestra intención”.
Sería un error concluir que la concepción sobre los aranceles de la generación fundadora se limitaba a sus objeciones políticas acerca de la forma de aplicarlos. Varios de los principales fundadores eran ávidos estudiosos de la economía política. En 1774, Benjamin Franklin ayudó a su amigo George Whatley a elaborar un folleto en defensa del libre comercio. Anticipándose a la obra más famosa de Adam Smith, La riqueza de las naciones, las notas de Franklin en el manuscrito señalan que “Ninguna nación se ha arruinado jamás por el comercio, ni siquiera por aquel que, en apariencia, resulta más desfavorable”. Varios años después de la Declaración, John Jay respondió a una consulta del gobierno español prometiendo que la nueva nación defendería el libre comercio. Explicó que el sentir de los estadounidenses estaba a favor de que “cada hombre tuviera entonces la libertad, por ley, de cultivar la tierra como quisiera, de producir lo que quisiera, de fabricar lo que quisiera y de vender el producto de su trabajo a quien quisiera y al mejor precio, sin aranceles ni gravámenes de ningún tipo”.
Sin embargo, en los primeros años de la República surgió un sistema arancelario, lo que otorga un atisbo de credibilidad a la narrativa de Trump. La nueva Constitución de 1787 subsanó la falta de una potestad tributaria nacional al autorizar los “impuestos aduaneros” (imposts), es decir, los impuestos sobre las importaciones. Sin embargo, se trataba principalmente de instrumentos de recaudación. Incluso Hamilton, por lejos el más proteccionista de los principales Padres Fundadores, restringió sus recomendaciones arancelarias a tasas relativamente bajas que maximizaran los ingresos en su famoso Informe sobre las manufacturas de 1791. Lejos de romper con la supuesta doctrina británica del libre comercio, la mayoría de los estadounidenses consideraban a su antigua nación como una de las principales fuentes de proteccionismo en el mundo. George Washington criticó duramente a Gran Bretaña por su “imprudente” y contraproducente “restricción a nuestro comercio y sus elevados impuestos aduaneros sobre los productos de exportación de este país” tras el restablecimiento de la paz.
Es cierto que Estados Unidos emprendió un rumbo más proteccionista en el siglo XIX, siguiendo en ocasiones la doctrina del “Sistema Estadounidense” de Clay. Aunque Trump intenta situar esta tradición en el legado de la Revolución, eso dista mucho de la verdad.
Clay propuso por primera vez su programa arancelario en un célebre discurso pronunciado en 1824, una generación después del fallecimiento de la mayoría de los Padres Fundadores. Tras recibir una copia, James Madison escribió al congresista de Kentucky para expresarle sus preocupaciones: “La franqueza me obliga a añadir que no puedo estar de acuerdo con el alcance que el proyecto de ley pendiente pretende dar a los aranceles, ni con algunos de los argumentos con los que se lo defiende”.
En la cercana Monticello, un Jefferson de 82 años leyó el proyecto de ley de Clay con dudas aún más profundas. El Sistema Estadounidense, en su opinión, reivindicaba una “potestad federal para hacer todo aquello que considerara, o pretendiera, que promovería el bienestar general, interpretación que convertiría por sí sola esa potestad en un poder de gobierno pleno, sin limitación alguna de sus atribuciones”. Concluyó que Virginia probablemente tendría que acatar tal medida si se aprobaba, descartando la impensable alternativa de la desunión. Pero al autor de la Declaración de Independencia le quedaba un último acto en su carrera política. Redactó una resolución denunciando las “usurpaciones” del Sistema Estadounidense, “contra las cuales, conforme a derecho, protestamos por ser nulas y sin efecto, y para que nunca sean invocadas como precedentes jurídicos”.
“Nulas y sin efecto”. Era la misma terminología que Jefferson había utilizado medio siglo antes para condenar al Parlamento por pisotear el derecho de los estadounidenses a comerciar libremente con el mundo.
Traducido por Gabriel Gasave
