Teóricamente, al menos, el pueblo estadounidense estableció al gobierno de los EE.UU. para asegurar sus libertades y para proveer la defensa común. Durante los dos últimos siglos de la historia de los Estados Unidos, sin embargo, el gobierno—compuesto de políticos y de burócratas—ha regularmente secuestrado a la política para sus propios fines. No puede tenerse un mejor ejemplo de la divergencia entre los intereses del gobierno y del pueblo que el de las políticas post 11 de septiembre hacia Irak y Arabia Saudita.
Las declaraciones durante las reuniones internas de la administración Bush posteriores al 11 de septiembre, filtradas a los medios, demuestran claramente que los halcones de la administración estaban preparados para emplear el creciente apoyo público en la estela de los horrendos ataques terroristas, a fin de saldar viejas cuentas con Saddam Hussein—un hombre sin ningún vínculo demostrado con los ataques. Esa política satisfizo el deseo neo-conservador de disfrutar la sensación de invadir y pulverizar a una nación relativamente pobre, que gasta anualmente solamente una trigésima parte de lo que gastan los Estados Unidos en «defensa.» Los intransigentes también deseaban el prestigio internacional percibido (aunque algo de esto puede estar esfumándose a medida que Irak comienza a parecerse cada día más al atolladero ruso en Chechenia) derivado de que los Estados Unidos son una policía global muscular y edificadora de naciones. Todo eso es bien y bueno para aquellos en Washington, pero el pueblo estadounidense—de cuya seguridad los poderes se supone que sean administradores—fue abandonado sosteniendo la valija de la seguridad y la libertad disminuidas. La invasión de una nación islámica soberana sin una sana justificación de «autodefensa» ha conducido ya a un incremento en el terrorismo (bombardeos recientes en Arabia Saudita e Indonesia) y hace que los terroristas sean más proclives de atacar a la patria estadounidense. Más ataques contra la patria conducirán indudablemente a un renovado acometimiento sobre las libertades civiles, el que hará que las restricciones draconianas post 11 de septiembre en la Ley Patriota de los EE.UU. luzcan suaves.
En síntesis, el gobierno estadounidense está ahora comportándose en gran medida como los fundadores de la nación lo temían. Cuando la Constitución de los Estados Unidos fue escrita, los fundadores deseaban mayormente evitar lo que le acontecía a los ciudadanos de las monarquías europeas de ese entonces. Sus gobiernos llevaron a sus países a la guerra para la gloria y el agrandamiento, pero era el propio pueblo quién soportaba los enormes costos—las muertes y las cargas tributarias para llevar a cabo tales aventuras de ultramar.
A medida que el gobierno de los EE.UU. atacaba a una nación que no tenía ninguna implicación demostrada en los ataques del 11 de septiembre, el mismo censuró un informe del Congreso sobre el 11/09 que aparentemente vincula al gobierno saudita con el financiamiento de actividades terroristas, incluyendo las de al Qaeda. Al parecer, existe más evidencia de que los «amistosos» sauditas están implicados con el terrorismo dirigido contra los EE.UU. de la que supuestamente existía contra Irak.
También, tras el incidente del 11 de septiembre, los sauditas proporcionaron solamente un cooperación a regañadientes en la investigación del gobierno estadounidense relacionada con la conspiración, pese a que la gran mayoría de los secuestradores eran sauditas. Además, la administración incumplió una promesa de un funcionario del Departamento del Tesoro de revelar los nombres de los individuos y de las organizaciones bajo investigación por el gobierno federal por financiar posiblemente a al Qaeda y a otros grupos terroristas. Ese mismo funcionario del Tesoro, le dijo a miembros del personal del Congreso que el Departamento de Estado había solicitado repetidamente al Departamento del Tesoro que no incluyese a ciertas entidades en su lista de alerta terrorista.
Incluso si la administración se encuentra cubriendo las pistas de sus aliados por razones diplomáticas y económicas, ¿pueden estos objetivos ser más importantes que llevar ante la justicia a los individuos que se encuentran vinculados a un ataque horrendo contra territorio estadounidense y detener el flujo de dinero hacia el grupo que lo perpetró y que representa una amenaza continua? Un gobierno verdaderamente preocupado acerca de la seguridad de su pueblo encontraría la respuesta a este obvio interrogante. Ninguna alianza vale la seguridad del pueblo estadounidense, la cual siempre debe prevalecer.
Debemos arribar a la alarmante conclusión de que el gobierno estadounidense no siempre tiene los mejores intereses de sus ciudadanos en el corazón. Lamentablemente, un gobierno “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” podría haber ya desaparecido de la tierra.
Traducido por Gabriel Gasave
La Guerra contra el terrorismo: ¿Tiene realmente en mente el gobierno de los EE.UU. nuestros mejores intereses?
Teóricamente, al menos, el pueblo estadounidense estableció al gobierno de los EE.UU. para asegurar sus libertades y para proveer la defensa común. Durante los dos últimos siglos de la historia de los Estados Unidos, sin embargo, el gobierno—compuesto de políticos y de burócratas—ha regularmente secuestrado a la política para sus propios fines. No puede tenerse un mejor ejemplo de la divergencia entre los intereses del gobierno y del pueblo que el de las políticas post 11 de septiembre hacia Irak y Arabia Saudita.
Las declaraciones durante las reuniones internas de la administración Bush posteriores al 11 de septiembre, filtradas a los medios, demuestran claramente que los halcones de la administración estaban preparados para emplear el creciente apoyo público en la estela de los horrendos ataques terroristas, a fin de saldar viejas cuentas con Saddam Hussein—un hombre sin ningún vínculo demostrado con los ataques. Esa política satisfizo el deseo neo-conservador de disfrutar la sensación de invadir y pulverizar a una nación relativamente pobre, que gasta anualmente solamente una trigésima parte de lo que gastan los Estados Unidos en «defensa.» Los intransigentes también deseaban el prestigio internacional percibido (aunque algo de esto puede estar esfumándose a medida que Irak comienza a parecerse cada día más al atolladero ruso en Chechenia) derivado de que los Estados Unidos son una policía global muscular y edificadora de naciones. Todo eso es bien y bueno para aquellos en Washington, pero el pueblo estadounidense—de cuya seguridad los poderes se supone que sean administradores—fue abandonado sosteniendo la valija de la seguridad y la libertad disminuidas. La invasión de una nación islámica soberana sin una sana justificación de «autodefensa» ha conducido ya a un incremento en el terrorismo (bombardeos recientes en Arabia Saudita e Indonesia) y hace que los terroristas sean más proclives de atacar a la patria estadounidense. Más ataques contra la patria conducirán indudablemente a un renovado acometimiento sobre las libertades civiles, el que hará que las restricciones draconianas post 11 de septiembre en la Ley Patriota de los EE.UU. luzcan suaves.
En síntesis, el gobierno estadounidense está ahora comportándose en gran medida como los fundadores de la nación lo temían. Cuando la Constitución de los Estados Unidos fue escrita, los fundadores deseaban mayormente evitar lo que le acontecía a los ciudadanos de las monarquías europeas de ese entonces. Sus gobiernos llevaron a sus países a la guerra para la gloria y el agrandamiento, pero era el propio pueblo quién soportaba los enormes costos—las muertes y las cargas tributarias para llevar a cabo tales aventuras de ultramar.
A medida que el gobierno de los EE.UU. atacaba a una nación que no tenía ninguna implicación demostrada en los ataques del 11 de septiembre, el mismo censuró un informe del Congreso sobre el 11/09 que aparentemente vincula al gobierno saudita con el financiamiento de actividades terroristas, incluyendo las de al Qaeda. Al parecer, existe más evidencia de que los «amistosos» sauditas están implicados con el terrorismo dirigido contra los EE.UU. de la que supuestamente existía contra Irak.
También, tras el incidente del 11 de septiembre, los sauditas proporcionaron solamente un cooperación a regañadientes en la investigación del gobierno estadounidense relacionada con la conspiración, pese a que la gran mayoría de los secuestradores eran sauditas. Además, la administración incumplió una promesa de un funcionario del Departamento del Tesoro de revelar los nombres de los individuos y de las organizaciones bajo investigación por el gobierno federal por financiar posiblemente a al Qaeda y a otros grupos terroristas. Ese mismo funcionario del Tesoro, le dijo a miembros del personal del Congreso que el Departamento de Estado había solicitado repetidamente al Departamento del Tesoro que no incluyese a ciertas entidades en su lista de alerta terrorista.
Incluso si la administración se encuentra cubriendo las pistas de sus aliados por razones diplomáticas y económicas, ¿pueden estos objetivos ser más importantes que llevar ante la justicia a los individuos que se encuentran vinculados a un ataque horrendo contra territorio estadounidense y detener el flujo de dinero hacia el grupo que lo perpetró y que representa una amenaza continua? Un gobierno verdaderamente preocupado acerca de la seguridad de su pueblo encontraría la respuesta a este obvio interrogante. Ninguna alianza vale la seguridad del pueblo estadounidense, la cual siempre debe prevalecer.
Debemos arribar a la alarmante conclusión de que el gobierno estadounidense no siempre tiene los mejores intereses de sus ciudadanos en el corazón. Lamentablemente, un gobierno “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” podría haber ya desaparecido de la tierra.
Traducido por Gabriel Gasave
Defensa y política exteriorTerrorismo y seguridad nacional
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