Detienen control de inmigrantes por el Seguro Social

Diario Las Americas

Una jueza federal impidió que la Administración Bush ponga en marcha la próxima semana un control de los inmigrantes indocumentados mediante el número del Seguro Social, en respuesta a una demanda de la central sindical de Estados Unidos.

La jueza Maxine Chesney, del Distrito Federal en San Francisco (California), prohibió que el Departamento de Seguridad Nacional envíe notificaciones a unos 140.000 empleadores acerca de los “números sospechosos” del SS.

El presidente Bush, anunció el 9 de agosto varias iniciativas contra los inmigrantes indocumentados, y la principal era la exigencia, a partir del 4 de septiembre, de que los empleadores exigieran números del Seguro Social válidos a sus empleados.

El Seguro Social, otorga a cada trabajador un número de cuenta, y a esa cuenta los empleadores envían las deducciones que se hacen de contribuciones jubilatorias sobre los sueldos de los trabajadores.

La nueva política del Departamento da a los empleadores un plazo de 90 días para verificar los números del Seguro Social de sus empleadores o los despida.

Muchos trabajadores indocumentados emplean números falsos para obtener empleo. Cuando la Administración del Seguro Social encuentra una discrepancia, la notifica al empleador, pero durante décadas los empleadores no han tomado medidas al respecto.

En EE.UU. hay entre 12 y 20 millones de inmigrantes indocumentados, en su mayoría gente joven y trabajadora, que contribuyen casi con el 10 por ciento de los fondos para el plan federal de jubilaciones, y que no tienen derecho a percibir el beneficio.

La contribución de los indocumentados ha crecido a un promedio de 57.000 millones de dólares por año entre 2000 y 2004, acumulando 585.000 millones de dólares, según la Liga de Ciudadanos Mayores.

En los sesenta y tres años desde su creación en 1937 hasta 1999, el Fondo Fiduciario del Seguro Social había acumulado 301.800 millones de dólares en “ganancias no acreditadas”, que es como el SS denomina a las contribuciones que no pueden vincularse con un número válido de identificación.

La CENTRAL SINDICAL AFL-CIO, el Centro Nacional Sobre Ley de Inmigración y la Unión Americana de Libertades Civiles, habían presentado una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional para que no aplique una resolución sobre números del Seguro Social, con el argumento de que el Departamento de Seguridad se había excedido en su autoridad para aplicar las leyes de inmigración y pretendía usar de manera ilegítima los bancos de datos del Seguro Social.

Esos grupos, en su presentación ante la justicia federal, dijeron que tomando en cuenta que el sistema de la Administración del Seguro Social (SSA, siglas en inglés), tiende a cometer errores, las nuevas normas pueden amenazar innecesariamente los empleos de trabajadores legales.

Los demandantes añadieron que tal medida perjudicaría a ciudadanos estadounidenses e inmigrantes documentados: hay errores en los datos del SS de unos 12,7 millones de personas nacidas en EE.UU., 250.000 personas nacidas en otros países y que se han hecho ciudadanos estadounidenses, y unos 4,8 millones de inmigrantes documentados.

La orden de Chesney es temporal, y la jueza fijó una audiencia para el 1 de octubre en la que se analizará el asunto.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés), dijo que “la nueva norma del Departamento impone penas basadas en la falta de respuesta a una carta de la SSA de que los números no coinciden con una persona, pese a que los errores de la SSA son causados por muchos errores inocentes, como ser tipográficos y cambios de nombre debido a matrimonios o divorcios y el uso de varios apellidos”,

ACLU dijo en un comunicado que la SSA ha dicho que más del 70 por ciento de las discrepancias encontradas en su base de datos corresponden a ciudadanos nativos. La demanda agrega que las nuevas normas superan la autoridad del Departamento y de la SSA para investigar empleados y empleadores.

También dice “al adoptar las leyes de inmigración y de impuestos el Congreso hizo un balance cuidadoso. Comenzar a usar ahora los informes confidenciales de la SSA para aplicar las leyes de inmigración es una decisión que solo puede ser tomada por el Congreso”.

ACLU afirma que la SSA enviará unas 140,000 cartas informando sobre las discrepancias que afectan a unos 8 millones de empleados. En Florida se recibieron más de 7,300 de esas cartas en el 2006.

El presidente de la AFL-CIO, John Sweeney, dijo que las nuevas normas pueden dar a los empleadores un pretexto importante para despedir empleados que están tratando de organizarse o que sufren heridas. La demanda agrega que como las oficinas gubernamentales están abiertas durante horas de negocios, los empleados tendrán que pedir permiso para ir a solucionar disputas burocráticas.