Chile: Parlamentarismo de facto

Por Eugenio Tironi
El Mercurio

Hay decisiones que, con el correr del tiempo, comienzan a tener efectos imprevistos. Es el caso de la reducción del período presidencial a cuatro años, sin reelección, consensuada por el mundo político hace pocos años.
La intención declarada fue hacer coincidir las elecciones presidenciales con las parlamentarias, lo que resulta inobjetable.

Una finalidad no verbalizada fue disponer de gobiernos más cortos, menos tentados a plantearse cambios revolucionarios y más resignados a una lógica reformista. Un propósito no reconocido fue promover una mayor rotación de las élites, lo que mitigaría la ansiedad de la oposición, estimularía en ésta una mayor adhesión al sistema, y promovería en la misma una conducta más responsable frente al gobierno de turno. En fin, es probable que una intención oculta fuese prevenir crisis políticas como la de 1973: en regímenes presidenciales, mandatos muy largos de gobiernos que se desfondan pueden terminar en quiebres institucionales o soluciones poco ortodoxas -por decir lo menos-, como las que se han visto recientemente en varios países latinoamericanos.

Ésas eran, más o menos, las intenciones. Hay que ver ahora cuáles están siendo los resultados. Si se observa la experiencia del Gobierno actual, el primero con un mandato reducido, se concluye que en su mayoría se han confirmado. Con casi un año gastado entre la instalación y la despedida, y con las enormes energías que hay que invertir en la gestión de los asuntos cotidianos y los accidentes -naturales y de los otros-, la fuerza que resta en cuatro años para emprender cambios de fondo es muy escasa. No cabe más que concentrarse en muy pocas reformas altamente consensuadas, pues sería fatal promover una agenda de cambios muy amplia, que quede a medio camino. Para quienes desean cambios radicales del “modelo”, o para los que creen que se requiere una nueva ola de reformas estructurales para dar un nuevo salto en crecimiento, competitividad o equidad, y confían para ello en la acción del Gobierno, una administración tan breve tiene que resultar exasperante; pero la inercia es precisamente lo que se buscaba.

La reducción del mandato -se ha visto- entraña una atenuación del poder del Ejecutivo. El poder no desaparece, sino que se transfiere. Pues bien, éste se ha trasladado al Congreso, que cuenta con senadores que duran ocho años, parlamentarios que se reeligen indefinidamente y un sistema binominal que promueve el empate de fuerzas y, con ello, la necesidad de negociar todo en la arena parlamentaria. Es ostensible cómo en este período la escena política se ha trasladado a Valparaíso, cómo los parlamentarios imponen su ley por sobre los acuerdos de partidos y de las directrices del Gobierno, y cómo el rol de los ministros ha incorporado como cuestión central la recolección de apoyos entre los parlamentarios -a veces mediante gestos que rayan con la humillación-. Los límites entre el Ejecutivo y el Congreso se han diluido, con lo que tener a uno en Santiago y al otro en Valparaíso se ha vuelto un anacronismo insostenible. En suma, la reducción del mandato ha devenido en un parlamentarismo de facto.

Así las cosas, las opciones que se abren son dos: volver a un régimen propiamente presidencialista -lo que implica aumentar el período o permitir la reelección-, o bien sincerar las cosas y avanzar hacia un régimen semipresidencial o parlamentario en forma. Hay que elegir. Lo que no se puede es seguir en esta ambigüedad, que podría arrastrar a una crisis de la gobernabilidad democrática y a la frustración de nuestras aspiraciones de desarrollo.