Rechazan petición en contra del muro

Por Maribel Hastings
La Opinión, Los Angeles

WASHINGTON, D.C.— La Suprema Corte desestimó ayer la petición de grupos ambientalistas que pretendían frenar los intentos del gobierno federal de pasar por alto leyes y regulaciones para agilizar la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos y México.

La acción compete a un sector de barda en Arizona de unas dos millas, que de hecho, ya fue construido. Pero ciertamente establece un precedente de que el gobierno, como ya hizo, puede echar mano de dispensas (waivers) para completar las millas restantes de barda.

Empero, no quiere decir que otros retos a los planes del gobierno no tengan éxito en los tribunales.
El pasado mes de abril el Departamento de Seguridad Interna (DHS) anunció que pasaría por alto más de 30 leyes y regulaciones ambientales y territoriales para completar la barda en la frontera con México y, entre otras cosas, “frenar la actividad ilícita”.

Michael Chertoff, secretario del DHS, argumentó que “el Congreso y el pueblo estadounidense han sido muy firmes en pedir y esperar seguridad fronteriza. Y estas dispensas permitirán el avance de importantes proyectos de seguridad”.

El DHS pretende completar todos los proyectos para fines de este año.

De las 670 millas de muro, hasta el momento se han construido poco menos de la mitad.

Pero el DHS ha enfrentado demandas de dueños de propiedades y terrenos a lo largo de la franja fronteriza y también de grupos pro inmigrantes y de organizaciones defensoras del medio ambiente.

El muro, alegan, no es el mecanismo efectivo desde el punto de vista humano y en las relaciones con el vecino país, sino que también afecta adversamente la flora, la fauna y puntos de importancia cultural en la región, y emplear las dispensas es anticonstitucional, alegan.

En marzo los grupos ambientalistas Sierra Club y Defenders of Wildlife, le solicitaron a la Suprema Corte que revisara la constitucionalidad de las dispensas porque desde su punto de vista constituyen una “violación flagrante” del principio de separación de poderes garantizado por la Constitución.

Las dispensas, dicen los grupos, hacen de la frontera un lugar menos legal porque el DHS obvia leyes que garantizan la limpieza del aire y del agua, que protegen vida silvestre, ríos, tierras, y lugares de significado cultural.

El congresista demócrata Bennie Thompson, quien preside el Comité de Seguridad Interna cameral, fue uno de 14 congresistas que sometieron un documento como amigos del tribunal (amicus curiae) para que el Supremo Tribunal concediera un auto de avocación en el caso.

“Me decepciona en extremo la decisión de la Corte. Esta dispensa sólo prolongará que el Departamento [de Seguridad Interna] no aborde el tema real que es la falta un plan amplio de seguridad fronteriza. Sin un plan integral este muro es sólo una solución temporal”, declaró Thompson.

No obstante, es al Congreso a quien le compete aprobar una reforma migratoria integral, pero hasta ahora las consideraciones partidistas y divisiones en los partidos Republicano y Demócrata han impedido el avance de esa reforma.

El vocero del DHS, Russ Knocke, alabó la decisión del máximo tribunal y agregó que el departamento consultará con las partes interesadas durante el proceso de construcción de la barda.

“Los estadounidenses esperan que este departamento aplique las leyes en la frontera”, afirmó Knocke.