La danza de los millones

Por Carroll Ríos
Siglo XXI

Los titulares de la semana pasada se centraron en la irregular inversión de Q82 millones, hecha por congresistas en una casa de bolsa, inversión que implicó a políticos de varios partidos. Este escándalo puso en jaque las discusiones en torno a la reforma fiscal que cocina el Ejecutivo. Espero que el efecto no se deba únicamente al hecho de que los diputados están ahora ocupados conteniendo los daños del enredo millonario, sino también, y más importante aún, porque el asunto ilustra el destino que dan a los fondos que tributamos los guatemaltecos.

Debería hacerse mucho más hincapié en el gasto gubernamental cada vez que se busca reformar los impuestos. Dado que los billetes salen directa o indirectamente de nuestros bolsillos, tenemos derecho de preguntar: ¿En qué se gastarán la plata? ¿Cómo se ha usado el dinero en el pasado?
El manejo de los ahorros del Congreso es uno de muchos casos concretos que reporta la prensa casi diariamente. El monitoreo del gasto público mediante reportajes periodísticos constituye una primera denuncia de actos sospechosos. La prensa da seguimiento a casos graves, como el anterior, pero usualmente nos quedamos con la impresión de que reina la impunidad, y que son pocos los funcionarios públicos sancionados por mal utilizar los tributos del pueblo.

No quiero insinuar que a nadie inquieta el adecuado monitoreo de los egresos. El Sistema Integral de Administración y Finanzas (SIAF) y Guatecompras son respuestas desde el Gobierno a este problema. Centros de investigación, incluidos el CIEN, Asíes y Cepal, han analizado los presupuestos gubernamentales, fijándose en aspectos como la transparencia. Creo que los estudios coincidirán en cierto grado con las conclusiones de Rossana Mostajo Guardia, en “Productividad del sector público, evaluación de la gestión del gasto público e indicadores de desempeño en Guatemala” (Cepal).

Primero, la información disponible al público sobre el gasto público es escasa y vaga. Segundo, aun y cuando aumentó en años pasados el gasto social, no está claro que estos recursos beneficien a la población. Los esquemas descentralizados, como el Programa Nacional de Autogestión Educativa (Pronade), rinden mejores frutos en términos de focalización, pero éstos no son parte de una estrategia integral. De hecho, este gobierno eliminó Pronade. Por otra parte, no se contribuye a la economía familiar de los guatemaltecos cuando los servicios públicos son de baja calidad, que es nuestra realidad.

Quisiéramos contar con una visión global del gasto público, pero estas pinceladas bastan para plantearnos la pregunta: ¿Qué características de la maquinaria gubernamental posibilitan y propician el uso cuestionable de los fondos que tributamos al Gobierno? ¿Qué controles o reformas de fondo podrían cambiar dicha estructura de incentivos? No podemos seguir tirando dinero al barril sin primero sellar bien el fondo.

La autora tiene una Maestría en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Georgetown