COFAVIC/ Día Mundial contra la Pena de Muerte

Correo del Caroní

Países como China, Irán, Arabia Saudita, Pakistán y Estados Unidos fueron responsables del 88 por ciento de las 1.252 ejecuciones de las que Amnistía Internacional tuvo conocimiento que ocurrieron durante el 2007 en todo el mundo. Amnistía Internacional por motivo de la conmemoración del Día Mundial contra la Pena de Muerte, el pasado 10 de octubre emitió un comunicado en el cual expresa que la pena de muerte viola el derecho a la vida, carece de un efecto disuasorio claro sobre la delincuencia y no tiene cabida en un sistema de justicia moderno.

Amnistía Internacional, en este comunicado agregó que más de dos tercios de los países del mundo han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. Y esta organización mostró datos de países que han abolido la pena de muerte: a finales de junio de 2008, la cifra ascendía a 137 países, de los cuales 92 son abolicionistas para todos los delitos, 11 son abolicionistas únicamente para los delitos comunes y 34 son abolicionistas en la práctica.

El 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución que pedía “una moratoria de la aplicación de la pena capital”, la cual fue aprobada por una amplia mayoría, con 104 votos a favor, 54 en contra y 29 abstenciones. Sin embargo, todavía hay países que mantienen esta práctica.

Un año después, el pasado 10 de octubre de 2008 se conmemoró el sexto día mundial contra la pena de muerte. En este acontecimiento participaron diversas organizaciones como la coalición mundial contra la pena de muerte.

Durante el mes de octubre de 2008, la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU va a debatir temas relacionados con la pena de muerte, así como la aplicación de la resolución de 2007 de la Asamblea General en la que se pedía una suspensión de las ejecuciones.

Amnistía Internacional define la pena de muerte como la negación más extrema de los derechos humanos que consiste en el homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado y en nombre de la justicia. Por lo que este organismo considera que viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y corresponde a un castigo más cruel, inhumano y degradante.

“La pena de muerte es discriminatoria y a menudo se utiliza de forma desproporcionada contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas. Se impone y se lleva a cabo arbitrariamente”, afirma Amnistía Internacional.

Sin embargo, aclara que no intenta en modo alguno restar importancia ni dar su aprobación a los delitos de los que fueron declaradas culpables las personas condenadas a muerte. Sin embargo, sostiene que la finalidad y la crueldad inherentes a la pena capital o pena de muerte hacen que ésta resulte incompatible con las actuales normas de conducta civilizada y que sea una respuesta inadecuada e inaceptable a los delitos violentos.

Esta organización internacional ha sostenido que científicamente no se han conseguido pruebas de que la pena de muerte disuada de la comisión de delitos más eficazmente que otras penas. Y con respecto a este tema señala un estudio reciente sobre la relación entre la pena de muerte y los índices de homicidio, realizado para la ONU en 1988 y actualizado en 1996 y en 2002, en el cual se concluía: “(…) la investigación no ha conseguido demostrar científicamente que las ejecuciones tengan mayor efecto disuasivo que la cadena perpetua. Y no es probable que lo consiga próximamente. En conjunto, las pruebas científicas no ofrecen ningún respaldo a la hipótesis de la disuasión”.

Contra la pena de muerte

La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en diciembre de 1948 en respuesta al asombroso grado de brutalidad y terror estatal de la Segunda Guerra Mundial, reconoce el derecho de todo individuo a la vida (artículo 3). Además en este documento se afirma: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” (artículo 5).

El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1989, establece la total abolición de la pena de muerte, pero permite a los estados partes mantenerla en tiempo de guerra si hacen constar su reserva a tal efecto en el momento de ratificar el protocolo o de adherirse a él. Igualmente, el Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, adoptado por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en 1990 establece la abolición de esta práctica.

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