España: El voto para extranjeros se queda corto

Instituto Juan de Mariana

El censo de potenciales votantes en las próximas elecciones municipales, previstas para 2011, puede incrementarse en hasta 800.000 personas. Esto es así en virtud de los quince acuerdos de reciprocidad que el Gobierno tiene previsto firmar con otros tantos países no miembros de la Unión Europea que reconocen el voto en el mismo tipo de comicios a los españoles residentes en su territorio. Por el momento ya se han firmado tres (con Colombia, Perú y Argentina), mientras que un cuarto (Ecuador) será rubricado este mismo mes.

Los beneficiarios serán los ciudadanos de esos países (los cuatro ya citados más Bolivia, Chile, Paraguay, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Burkina Faso, Cabo Verde, Corea del Sur, Islandia y Nueva Zelanda) que lleven residiendo de forma legal e ininterrumpida en España al menos cinco años. Tal vez el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero haya tomado la decisión de firmar estos acuerdos para buscar cambiar el panorama electoral en varias localidades importantes en las que reside un gran número de inmigrantes, pero eso es lo de menos. En primer lugar, los escasos sondeos de intención de voto realizados entre los extranjeros residentes en nuestro país no son concluyentes. Es cierto que una parte de estos estudios muestran una preferencia por el PSOE, pero no ocurre en todos.

En segundo lugar hay que tener en cuenta algo en lo que sí hay una práctica unanimidad (es un fenómeno que ya se produce entre los extranjeros nacionalizados españoles): la escasa movilización electoral entre los inmigrantes. La mayoría de ellos no votará en los primeros comicios en los que pueda hacerlo –más aún cuando para poder ejercer dicho derecho tendrán que registrarse, al igual que ocurre con los ciudadanos del resto de la Unión Europea– debido a que sus prioridades durante los primeros años en España suelen ser otras diferentes a la representación ciudadana. Y, en tercero, aunque en las primeras elecciones buena parte de los nuevos votantes optaran por el PSOE, nada garantiza que su sufragio no cambie con el tiempo en arraigo en el país.

Pero, con independencia de todo ello y aunque se tuviera la certeza de que todos votarían al PSOE y de que lo harían siempre así, es positivo reconocerles el derecho al voto (al menos en las municipales). Estas personas pagan impuestos, están sujetos a todas las legislaciones existentes y sufren las consecuencias de la política municipal, la más próxima a los ciudadanos, como el resto de sus vecinos. La idea de vincular fiscalidad y voto no es nueva. Por ejemplo, uno de los reproches que hacían en 1776 los firmantes de la Declaración de Independencia de Estados Unidos al Rey de Inglaterra era que dejaba a los habitantes de las trece colonias sin representación mientras les obligaba a pagar impuestos.

Es más, la medida se queda corta por vincularse a la reciprocidad. Y se demuestra en el hecho de que quienes se van a ver beneficiados son ciudadanos de países en los que los españoles ya podían emitir su sufragio sin que ellos lo pudieran hacer aquí. A esto se debe añadir que dicha exigencia de reciprocidad resulta injusta. Existen Estados con los que la misma es imposible por tratarse lugares en que no se celebran elecciones o, si existen, no son libres. De esta manera, por ejemplo, se castiga sin derecho al voto a las decenas de miles de cubanos o chinos residentes en España por el hecho de venir, en muchos casos huyendo, de países sometidos a dictaduras. Este tipo de requisitos demuestran que desde el poder no se percibe a las personas como tales, sino como meras extensiones de los Estados cuyo nombre figura en sus pasaportes.

Resulta lógico que se requiera un mínimo de residencia legal y permanente en el país para darle a alguien el derecho al voto, con el fin de que quien tenga capacidad de participar en la elección de los representantes de los ciudadanos sea alguien a quien la acción de estos le afecta de forma directa. Pero no lo es que además se le exija venir de una democracia en la que los españoles puedan votar. Todo el que vive en una ciudad, paga sus impuestos y está sujeto a sus normas jurídicas debería poder participar en los comicios para elegir a los concejales.