Correa amenaza a petroleras con expulsión
Quito - El presidente de Ecuador, Rafael Correa, amenazó el sábado con expulsar a las empresas petroleras extranjeras que inicien procedimientos judiciales en contra de su Gobierno.
"La política va a ser: señores ustedes nos demandan, muy bien, se van del país", sostuvo el mandatario durante una transmisión de radio y televisión.
El Jefe de Estado cuestionó "¿cómo hay empresas que nos demandan y siguen trabajando aquí?". En ese sentido detalló que “yo no voy a aceptar que vengan estas oligarquías a demandar al país y sigan usufructuando de las riquezas nacionales”.
En la semana Correa se reunió con el ministro de Minas y Petróleos, Germánico Pinto, para evaluar los contratos que tiene el Estado con compañías nacionales y extranjeras y las demandas que algunas han presentado en organismos internacionales, informó El Espectador.
En esa línea, detalló que "estamos estudiando las consideraciones legales" para aplicar esas medidas, sostuvo el gobernante, que se declaró dispuesto a no soportar "tanto irrespeto al país".
Demandas internacionales
Según estadísticas oficiales, consignadas por el sitio de noticias El Nuevo Empresario, el Estado enfrenta reclamos internacionales por unos US$ 12.944 millones. Entre las empresas que mantienen un litigio con el Estado están petroleras como la francesa Perenco y las estadounidenses Burlington y Occidental por presuntos incumplimientos de contratos.
Según Correa, estas firmas "no es que están al mismo nivel del Estado (…), no es una relación de igual a igual: es la relación de un Estado soberano, dueño del petróleo, con una compañía que viene a extraer nuestro petróleo".
Las petroleras han sido empresas "que se llenaron los bolsillos de dinero" con contratos que en el pasado aseguraban un precio del barril de crudo de US$ 15, en promedio, pero que sólo dejaban US$ 3 en Ecuador. Es por ello, que lamentó que no se haya revisado el reparto de las ganancias extraordinarias que recibían las petroleras, cuando el precio del crudo subía en los mercados internacionales.
Su administración aplicó una norma que obligaba a las compañía a entregar al Estado hasta el 99% de sus ganancias extraordinarias, que fue el inicio de los problemas con las petroleras y de las demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
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