La Asamblea General de la OEA

La Tercera

Hoy tendra lugar la Asamblea General extraordinaria de la OEA para
aprobar la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
pieza clave de todo lo que se conoce como el Sistema Interamericano de
Protección de Derechos Humanos.

Esta comisión (además del
tribunal correspondiente) es, junto a la Relatoría Especial que se ocupa
de la libertad de expresión, lo único de la OEA que tiene prestigio
continental. Y lo tiene porque, con todos los errores que se le pueden
achacar, funciona bastante bien.

A ningún país le gusta la CIDH,
porque se mete con casi todos a partir de casos que plantean los
ciudadanos. Desde la centroderecha, Colombia ha tenido choques con la
CIDH por los atropellos cometidos por los militares en el combate contra
el narcoterrorismo. Desde la centroizquierda, Brasil no toleró que la
CIDH dictara una medida cautelar contra la construcción de una represa
en la Amazonía. Pero es desde la izquierda chavista que han venido los
cuestionamientos más sistemáticos. Hugo Chávez denunció la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (por cuya vigencia vela la CIDH) y
Ecuador ha usado como pretexto para pedir, con apoyo boliviano, una
revisión del Sistema Interamericano el que la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión criticara el acoso judicial contra el diario El
Universo.

Bajo presión, la OEA emprendió el año pasado un proceso
de consultas para reformar la CIDH, que tendrá su momento cumbre en una
Asamblea General de este viernes. Lo mejor que puede pasar es que se
adopten las propuestas de reforma presentadas por la propia CIDH para
salvar su propio pellejo, como quieren México, Chile y Brasil, por
ejemplo, y lo peor, que la OEA le imponga ciertas reformas, medidas que
proponen los países de la izquierda autoritaria, como Venezuela y
Ecuador, que en la práctica la desdentarían.

Entre las distintas
propuestas de los países que más atropellos han cometido están el
recorte de competencias de la CIDH (por ejemplo emitir medidas
cautelares o publicar la lista de países que violan los derechos
humanos), el traslado de la sede del organismo nada menos que a
Argentina, aliada estrecha de quienes más la atacan, y la limitación del
financiamiento autónomo de la Relatoría que se ocupa de la libertad de
expresión (que la Sociedad Interamericana de Prensa acaba de criticar).

La
CIDH es un referente para todas esas víctimas actuales o potenciales
que en ciertos países poco democráticos la tienen como el recurso último
contra la desesperanza. Me consta lo que significó para quienes en los
90 acudían a ella, o intentaban hacerlo, para denunciar la implacable
aplanadora que era el régimen peruano de entonces contra  todo esfuerzo
por defender los derechos humanos y la libertad de expresión.

Hoy,
para los venezolanos, los ecuatorianos y otros pueblos, el Sistema
Interamericano es una de las escasísimas zonas de la “comunidad
internacional” que ha intentado protegerlos de los abusos de poder
sistemáticos. Aunque pertenece a la OEA, por ser autónoma la CIDH ha
podido sustraerse al juego político que ha reducido a letra muerta la
Carta Democrática Interamericana, suscrita a la caída del régimen de
Fujimori con la idea de prevenir que en el futuro gobiernos elegidos se
metamorfosearan en lo que es hoy Venezuela.

No extraña que
quieran neutralizar a esa institución. Pero si ello acaba ocurriendo,
tarde o temprano los países democráticos del continente estarán más
expuestos a que allí también, un buen día, el caudillismo populista o el
autoritarismo con charreteras se hagan fuertes.