Un Brasil a la deriva

El País, Madrid

Brasil es hoy un barco a la deriva. Al poder le falta un ancla: la legitimidad. A pesar de haber ganado las elecciones hace 17 meses, Dilma Rousseff no está hoy en condiciones de gobernar. Pero encontrar un esquema de reemplazo, capaz de restaurar la estabilidad, es un problema de difícil solución.

Rousseff no puede administrar el país. Sobre todo desde el martes pasado, cuando el PMDB, el partido con más representantes en el Congreso, rompió su alianza con el PT. El líder del PMDB es Michel Temer, el vicepresidente de Brasil. Temer está armando, en las sombras, su gabinete. Calcula que asumiría en mayo, con el compromiso de no postularse en 2018. La incógnita principal es quién será el ministro de Hacienda. El nombre más recurrente es Henrique Meirelles, que presidió el Banco Central con Lula da Silva. Pero Meirelles procede del sistema financiero y amenaza con una política ortodoxa. Son dos inconvenientes. El sucesor de Rousseff debe demostrar que no llega para ajustar los programas sociales del PT.

Temer busca el número mágico del impeachment. Para sustituir a Dilma necesita los votos de 342 diputados de los 513 que integran la Cámara. El gobierno tendría unos 130 asegurados. La oposición, 310, de los cuales 261 ya manifiestan su apoyo a Temer. La partida depende, entonces, de unos 70 indecisos. El PT ofrece cambiar votos por cargos en un futuro gabinete. La desesperación aumenta el desprestigio. Para colmo de males, Lula ya no está disponible para componer este consenso. Cada vez menos gente acepta sus llamados, por temor a que la conversación esté siendo grabada por un juez.

Dilma denuncia un golpe. El argumento puede ser una coartada. O una regresión al guevarismo de su adolescencia, para el cual la liturgia parlamentaria es una patraña de la clase dominante. Ella aprovecha que se la juzga por haber tergiversado la contabilidad fiscal. Una práctica que es difícil presentar como un delito ante una opinión pública acostumbrada al eterno desmanejo de las cuentas del Estado. Es su única ventaja.

La calle no atribuye la salida de Rousseff a formalidades de tesorería. Entiende que la echan por inepta. O por corrupta. Las noticias siguen alimentando esa percepción. Mientras el PT busca retener lealtades en el Congreso, Otávio Pessoa, exgerente de Petrobras América, reveló que él mandó a avisar a Dilma sobre la escandalosa sobrefacturación de una refinería en Pasadena, cuando ella presidía el Consejo de Administración de la compañía.

El viernes pasado, la causa Lava Jato produjo nefastas novedades. Fueron detenidos el exsecretario del PT Silvio Pereira, conocido como Silvio Land Rover por un vehículo que aceptó como regalo de una empresa, y el extesorero del partido Delúbio Soares. Pereira fue acusado en 2005 de ser el gerente del reparto de sobornos del gobierno de Lula en el Senado, el famoso mensalão. A Soares, que fue dos veces jefe de campaña de Lula, le condenaron en el marco de esa causa.

Ahora Pereira y Soares fueron acusados por cobrar un soborno cuyo monto fue a parar a los bolsillos de Ronan Maria Pinto, un empresario del transporte y los medios de comunicación de Santo André, una localidad del Gran San Pablo. A Ronan Pinto, que también cayó preso, le habrían pagado para evitar que publique detalles sobre la muerte de Celso Daniel, el alcalde de Santo André, asesinado en 2002. La deplorable saga del PT va pasando de los fraudes financieros a los crímenes de sangre.

Por si los tribunales brasileños no fueran una fuente suficiente de infortunios, durante el fin de semana aparecieron los Panama Papers. Allí figuran dos centenares de sociedades offshore que podrían tener vinculación con el lavado de dinero de los sobornos de Petrobras.

Dilma corre dos riesgos. El más obvio, ser desplazada por el impeachment. El otro es ganar la votación. Debería gobernar con una minoría legislativa y 80% de la opinión pública que piensa que debe retirarse.

Para la oposición también sería un desafío complicado. Debería concentrarse en la causa que tramita el Tribunal Superior Electoral y en la que se investiga si la última campaña electoral se financió con plata negra. El problema es que ese delito sacaría también a Temer del poder. El gobierno quedaría en manos de Eduardo Cunha, el presidente de la Cámara, un dirigente del PMDB que está involucrado en el escándalo de Petrobras.

Las principales centrales empresariales piden el impeachment. Sostienen que Rousseff no puede recomponer las condiciones de la gobernabilidad. ¿Puede hacerlo un gobierno presidido por Temer, organizado alrededor del PMDB y surgido de un Congreso en el que decenas de legisladores están siendo investigados por corrupción? Esta es la paradoja: para que el poder en Brasil encuentre el ancla de la legitimidad haría falta una elección anticipada. Pero la llave de esa elección la tiene Dilma Rousseff. Es su renuncia. Ella se niega a presentarla: "Me la piden los que quieren lavar la culpa de removerme con un método ilegítimo", se defiende. Por este laberinto circular navega la barca de Brasil.