Caracas - Las colas para adquirir productos de primera necesidad siguen tan largas como a comienzos de año frente a los puestos de distribución de Mercal, la empresa estatal que tiene por meta distribuir artículos básicos a las personas de menor poder adquisitivo en Venezuela, pero esta no es, sin embargo, la peor noticia que ha recibido Hugo Chávez en los últimos tiempos. Lo más grave ahora es que el aspirante a dictador venezolano está ya enfrentando un deterioro constante en las finanzas públicas que puede llevar, en poco tiempo, a una crisis económica y social de fuertes repercusiones políticas.

La congelación preventiva de activos por 12.000 millones de dólares que ha logrado obtener la ExxonMobil contra la petrolera estatal PDVSA, que incluye la imposibilidad de movilizar más de 300 millones de dólares y vender los activos que posee la compañía ha puesto de relieve las dificultades que tiene el gobierno para mantener sus altos ingresos y ha desatado, como suele ocurrir, la reacción destemplada del presidente. Chávez ha amenazado con dejar de vender crudo a los Estados Unidos y ha roto relaciones con la ExxonMobil, aunque no existían con ella más que débiles relaciones comerciales.

La suspensión de los envíos a los Estados Unidos, que algunos han temido, es simplemente una bravata imposible de cumplir, al menos dentro de un plazo razonable. PDVSA se encuentra en una situación cada vez más difícil y, si dejara de vender a su principal mercado, enfrentaría de inmediato una crisis muy severa. Veamos algunas cifras, para explicar mejor lo que podría suceder.

Después del paro petrolero de fines de 2002 y principios de 2003 Chávez, violando abiertamente todas las leyes laborales y el mínimo sentido común que tiene todo dueño de empresas, decidió despedir nada menos que a 18.000 empleados de la estatal petrolera. No fue una decisión muy racional porque lo elevado de la cifra, casi una cuarta parte del personal, desarticuló por completo las actividades de la compañía, especialmente si se tiene en cuenta que la mayoría de los despedidos formaban parte del personal técnico, científico y gerencial que constituía la columna vertebral de la empresa. Como resultado de esa acción, y de la recurrente falta de inversiones en exploración y actualización tecnológica, PDVSA dejó de producir aproximadamente medio millón de barriles diarios, pasando de 3 millones a cerca de 2.400.000. De esta cantidad, que no se logró aumentar en los años subsiguientes, PDVSA vende aproximadamente la mitad a su socio del norte. Se trata de petróleos pesados, que no cualquier refinería en el mundo puede procesar, por lo que la empresa no podría encontrar de inmediato compradores en el mercado mundial, ni siquiera mediante el recurso de bajar algo los precios: sencillamente la mayoría de las refinerías no podría hacer nada con el petróleo venezolano sin modificar previamente sus maquinarias y sus instalaciones, en un proceso que en promedio podría durar entre uno y dos años. Chávez, así, está en una mala situación como vendedor, pues la mitad de su producción está prácticamente amarrada a sus tradicionales compradores en los Estados Unidos.

Pero las limitaciones que le impone esta circunstancia, y que algunos funcionarios venezolanos han reconocido ya, se magnifica cuando se analiza cómo se está colocando el resto de la producción venezolana: del 1.200.000 de barriles restantes más de la mitad se vende en el mercado local, donde precios increíblemente subsidiados potencian el consumo, y unos 300.000 barriles más, por otra parte, se regalan prácticamente al gobierno cubano (y a otros aliados menores). No le queda entonces a PDVSA campo alguno de maniobra, ninguna posibilidad de reestructurar sus mercados para obtener mayores beneficios, salvo en el supuesto negado de que Chávez se decidiese a hacer lo que por ahora resulta imposible: multiplicar por diez, o por veinte el precio al que se vende la gasolina en Venezuela y, simultáneamente, abandonar a sus aliados cubanos.

Mientras PDVSA afronta una situación legal delicada, que se agrava por las inmensas deudas que ha contraído la compañía en los últimos años (ésta ha pasado en poco tiempo de 5.000 a 16.000 millones de dólares), la situación interna de Venezuela se complica día a día. Precios artificiales producen una reducción intensa de la oferta de los productos de primera necesidad que escasean y se consiguen sólo esporádicamente, mientras un control de cambios estricto y continuas amenazas de expropiación a las empresas del sector alimentario han reducido a cero las inversiones y obligan a gastar cada vez más divisas para importar los productos de la dieta diaria.

El descontento aumenta en el país y la popularidad de Chávez está cayendo en picada. Con menos recursos para gastar en remediar la situación y con una oposición que se ha unificado el momento se presenta difícil para el presidente, que cada vez se nota más errático y más contradictorio. Esperemos que esta situación tan difícil para el gobierno pueda ser utilizada por las fuerzas democráticas del país para poner fin a un régimen que sólo ha traído innecesarios conflictos y mayor pobreza para casi todos.


Carlos Sabino es asociado de la Fundación Francisco Marroquín en Guatemala, director en CEDICE, un instituto de políticas públicas en Venezuela, y autor de varios libros sobre el desarrollo.