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Decisiones difíciles sobre el cuidado de la salud: ¿Debería el gobierno establecer las prioridades?
7/3/2001
Roger D. Feldman

Usualmente, consecuencias desfavorables tienen lugar cuando el gobierno se involucra en el suministro de los servicios. Los consumidores de electricidad de California están aprendiendo que los beneficios de la desregulación no pueden hacerse realidad si los políticos realmente no eliminan las reglamentaciones. Pero para los pacientes que experimentan en carne propia los faltantes generados políticamente en el mercado de los servicios de la atención de la salud, las consecuencias pueden ser mucho más serias que el hecho de que se apaguen las luces.

Cuando el gobierno interviene en la provisión del cuidado de la salud, lo hace acompañado de reglamentaciones que protegen a los ingresos de los proveedores médicos de una competencia significativa en materia de precios, haciendo que el seguro médico sea accesible para los consumidores menos saludables pero llevando a los consumidores sanos a integrar las filas de los no asegurados.

Prácticamente la mitad de todos los jubilados pasarán algún tiempo en algún geriátrico. A pesar de que el Medicaid asistirá a dos tercios de ellos, el tercio restante no estará cubierto por el Medicaid y debe tomar la difícil y compleja decisión de si adquiere o no un seguro de salud.

Contrariamente a la sabiduría convencional, el sector privado puede efectivamente disciplinar a los médicos y proporcionar los productos de seguros de salud que los consumidores desean a precios que pueden pagar.

Desde el punto de vista del consumidor, las soluciones basadas en el mercado a los problemas con el suministro de los servicios del cuidado de la salud deberían tener preferencia por sobre la intervención gubernamental. Pero si la experiencia en Texas del Presidente George W. Bush ofrece algún indicio, tanto él como el entrante Secretario de Salud y Servicios Humanos Tommy Thompson es probable que promuevan una legislación similar a una ley de Texas en vigencia, la cual extenderá la declaración de derechos de los pacientes a toda la nación.

La consecuencia inevitable de esta involuntaria replica del contrato entre los pacientes y los proveedores será la de un incremento en los costos de la atención de la salud-y en los ingresos por el cuidado de la salud. Los defensores de la ley de Texas sostienen que la misma no ha tenido un impacto significativo en las primas de los seguros en ese estado. Eso es algo ingenuo. Desde la sanción de la Texas Health Care Liability Act (Ley de Responsabilidad del Cuidado de la Salud de Texas) en el año 1997, al menos siete demandas judiciales invocando a la nueva ley han sido incoadas, pero ninguna de ellas ha llegado aún a ser sometida ante un jurado. En el último Congreso, un proyecto de ley similar que fue aprobado por la Cámara de Representantes pero que fracasó en el Senado puede todavía convertirse en ley debido a que varios senadores clave que se oponían a una declaración nacional de los derechos de los pacientes, fueron derrotados en las elecciones. Dicha legislación puede traer más complicaciones para las HMO (sigla en inglés para Health Maintenance Organization u Organización para el Mantenimiento de la Salud) las que han ya sufrido un incremento en sus costos de hasta un 30 por ciento a cambio de equipamiento de alta tecnología, de nuevos medicamentos, y de la modernización de sus instalaciones.

Por lo tanto, Washington parece aún más dispuesta a adoptar la intervención gubernamental, en vez de a las soluciones basadas en el mercado, a fin de curar las afecciones de la atención de la salud de la nación.

¿Pero qué harán un nuevo Presidente y un nuevo Congreso respecto de los interrogantes más apremiantes sobre la política de salud—cómo garantizar el futuro del Medicare* y qué hacer respecto del creciente costo de la tecnología médica?

El superávit del Medicare es tan solo pasajero y será consumido por los incrementos que están apareciendo en el gasto del sistema. No obstante algunos progresos recientes, el fondo fiduciario del Medicare se encuentra todavía programado para quebrar en el año 2025, según el último informe de sus síndicos. Los economistas que estudian el gasto en el cuidado de la salud concuerdan en que la tecnología es la causa principal del aumento en los costos. ¿Cuánto vale una nueva tecnología médica, cuánto podemos solventar, y quién debería obtenerla? El Presidente ha guardado silencio sobre estas cuestiones, mientras la creciente atención del electorado en el cuidado de la salud exige respuestas. El Medicare continúa agregando exámenes costosos, como el recientemente incorporado examen de tomografía por emisión de positrón (conocido en inglés como PET,) pese a la ausencia de evidencia de que tales exámenes puedan ser útiles en todos los casos, y no tan solo en un puñado de ellos.

Una estimación reciente ubica al valor de extender la vida humana durante un año en cerca de $100.000. En comparación, los $300.000 que cuesta un transplante de hígado, el cual extiende la vida en cerca de siete años, pareciera ser una buena inversión. Gran parte de la atención de la salud de alta tecnología está dedicada a individuos que se encuentran en su último año de vida. Existen también 11 millones de niños no asegurados. ¿Quién debería decidir dónde son asignados los recursos?

No resulta razonable creer que los mercados privados por sí solos pueden resolver el problema de cuánta tecnología puede costear la nación. El gobierno juega un papel importante en el apoyo a la investigación médica, la cual genera la base para las nuevas tecnologías. La mayoría de los economistas consideran a la investigación médica como un "bien público" en virtud de que la misma produce beneficios para el público que no podrían ser capturados por un patrocinador privado. Pero una vez que la tecnología se encuentra disponible, el sector privado supera al gobierno en la utilización de esa tecnología para ayudar a los pacientes.

Durante la reciente campaña electoral, los candidatos presidenciales eludieron la interacción de las responsabilidades públicas y privadas en la atención de la salud. Ahora que la campaña ha terminado, por el bien de aquellos que dependen de los servicios de atención de la salud, la administración entrante y el público deberían estar preparados para enfrentar las preguntas difíciles.

*Nota del Traductor:
Medicare es el sistema de seguro médico estatal, destinado principalmente a las personas jubiladas y discapacitadas, financiado con tributos sobre los salarios de los trabajadores en actividad .

Traducido por Gabriel Gasave


Roger D. Feldman es profesor de economía en el Center for Health Services Research de la University of Minnesota y director del libro, American Health Care (The Independent Institute, 2000).




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