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La restauración del Estado de Derecho y el gobierno constitucional
13/2/2006
Ivan Eland

Tan solo le insumió concesiones menores a la administración Bush convencer a un número suficiente de demócratas para que apoyen la renovación de la Ley Patriota de los EE.UU. y para terminar con un bloqueo filibustero del Senado a la sanción del proyecto de ley. En verdad, tanto respecto de la renovación de la Ley Patriota como del espionaje interno no autorizado por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA es su sigla en inglés), los demócratas han recientemente sucumbido o están dando señales de que pronto lo harán. En contraste, tan solo un enfoque más militante—la derogación de la Ley Patriota, el fin del espionaje doméstico no autorizado, y la apertura del proceso mediante el cual las autorizaciones de la seguridad nacional son aprobadas—preservarán adecuadamente las libertades que los fundadores de la nación incluyeron en el Bill of Rights de la Constitución.

Las concesiones de los demócratas están de acuerdo con la inclusión de una modificación en las Cartas de la Seguridad Nacional de una forma de citación judicial secreta para compadecer ante un tribunal, la cual no podrá ser utilizada ahora en las bibliotecas (pero aún puede ser usada en cualquier otra parte). También, los beneficiarios de las citaciones de la “Sección 215”, emitidas por el tribunal secreto de la Ley de Vigilancia del Espionaje Extranjero (FISA como se la conoce en inglés), podrían en la actualidad desafiar eventualmente la prohibición de comentarle a alguien acerca de que recibieron una. Pero la vasta mayoría de las provisiones draconianas de la Ley Patriota que incrementan la facultad de las autoridades federales para realizar escuchas telefónicas, obtener antecedentes personales, y registrar hogares probablemente serán renovadas.

Es improbable que la Ley Patriota impida otro ataque terrorista. Aún antes del 11/09, las autoridades encargadas de la aplicación de la ley contaban con facultades investigativas suficientes como para combatir al terrorismo sin ella. En 1996, la administración Clinton les otorgó a las agencias de aplicación de la ley una autoridad incrementada a través de la Ley sobre el Anti-Terrorismo y la Pena de Muerte Efectiva, pero la misma no evitó el 11 de septiembre de 2001. El fracaso en detectar e impedir los ataques del 11/09 se debió a la falta de coordinación dentro y entre las agencias federales de aplicación de la ley y de inteligencia, no a la ausencia de una facultad para fisgonear. El Congreso debería preguntarse si el hecho de premiar tal fracaso con una autoridad y un financiamiento incrementado es el mejor modo de combatir al terrorismo. Pero es un año electoral y los políticos—especialmente algunos demócratas—precisan demostrar que están tomando férreas acciones en aras de “proteger” a los ciudadanos estadounidenses de la amenaza terrorista.

Esta inclinación estuvo sobre el tapete en un episodio del programa televisivo “Meet the Press.” Tanto Jane Harman, la demócrata de mayor jerarquía en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, como Tom Daschle, ex Líder de la Mayoría en el Senado y posible futuro candidato para la nominación presidencial demócrata, estuvieron ambos de acuerdo en que el programa de espionaje interno no autorizado de la NSA debería continuar pero dieron a entender que la ley debería ser modificada de modo tal que el Presidente Bush no actuase ya más en violación de la misma. Sin embargo la Cuarta Enmienda a la Constitución implica que es necesaria una autorización para cualquier allanamiento o escuchas indiscretas y sostiene que debe existir una “causa probable” de que se haya cometido un crimen antes de que un tribunal pueda emitir una. La Constitución nada dice respecto de la suspensión de esta provisión en épocas de guerra. La exigencia de la Cuarta Enmienda, tanto en épocas de guerra como de paz, de una autorización ordenada por un tribunal se contradice con la afirmación de la Casa Blanca de que en épocas de guerra la autoridad del presidente es suprema. Incluso el Presidente George W. Bush, el 20 de abril de 2004, obviamente ocultando su programa de espionaje interno no autorizado, dijo que nada había cambiado y que una escucha telefónica todavía requería de una orden judicial.

La afirmación de que otros presidentes, incluido Franklin Roosevelt, tomaron acciones que involucraron una autoridad presidencial así de amplia en épocas de guerra no invalida la clara intención de los fundadores de restringir la posibilidad de que el líder de la nación llevase unilateralmente al país a la guerra.

En cuanto a que la resolución parlamentaria que autoriza el uso de la fuerza contra el terrorismo global implica la autoridad para el espionaje interno no autorizado, aún el senador conservador Lindsay Graham (republicano por Carolina del Sur) no compra este pretexto de la administración. También, Daschle destacó en el programa “Meet the Press” que el Congreso restringió la autoridad del presidente en esa resolución y que omitió las palabras “en los Estados Unidos” de su autoridad para librar la guerra, confinándola a las acciones en el exterior.

La administración pareciera pensar que precisa obtener una autorización del Tribunal secreto de la FISA cuando está entrometiéndose en las comunicaciones entre dos partes que se encuentran dentro del país pero no cuando una de las partes en la nación se está comunicando con una parte del exterior. ¿Por qué una persona en los Estados Unidos que conversa con o le envía un correo electrónico a un extranjero tiene menos derechos que un individuo que se comunica con otra persona situada dentro de los límites de la nación?

Los dos demócratas en el programa, junto con los dos contrincantes republicanos, se pasaron gran parte del tiempo deplorando los efectos negativos que sobre los esfuerzos para monitorear a los terroristas tiene la filtración que reveló el programa de vigilancia de la NSA y argumentando respecto de sí los demócratas deberían o no haber objetado al mismo con anterioridad. Como si los terroristas no sabían que el gobierno estadounidense estaba monitoreando sus comunicaciones. ¿Y a quién la importa si los demócratas deberían haberlo objetado antes (probablemente deberían haberlo hecho)? La cuestión es sí el espionaje interno no autorizado debería o no ser detenido. Debería serlo.

¿Y por qué detenernos allí? La circunstancia de que dependamos de un tribunal secreto para hacer respetar los derechos de los individuos demuestra el lamentable estado de las libertades civiles en este país. Los tribunales secretos son para la Alemania Nazi y la Unión Soviética, no para los Estados Unidos de América. ¿Por qué no desclasificar al tribunal de la FISA? Los tribunales ordinarios manejan casos de espionaje y de crimen organizado mediante la protección de los testigos. Lo mismo podría hacerse en los pedidos de vigilancia. La falta de responsabilidad pública por parte del tribunal le ha permitido convertirse en un sello de goma virtual para cualquiera que sea la administración que detenta el poder. Tan solo un puñado de decenas de miles de solicitudes secretas de vigilancia ha sido denegado. Esta falta de una supervisión significativa erosiona los controles y equilibrios de nuestro gobierno dividido en tres ramas, tal como fuera creado por la Constitución.

En el contexto actual de “progresivo autoritarismo”, las medidas radicales—tales como una abrogación de la Ley Patriota, la culminación del espionaje interno no autorizado, y la desclasificación del tribunal de la FISA—son las únicas cosas que pueden restaurar el estado de derecho y el auténtico gobierno constitucional.


Ivan Eland es Investigador Asociado Senior y Director, Centro Para la Paz y la Libertad en The Independent Institute en Oakland, California, y autor de los libros Recarving Rushmore: Ranking the Presidents on Peace, Prosperity, and Liberty, The Empire Has No Clothes, y Putting “Defense” Back into U.S. Defense Policy.




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