Femicidios, una expresión del wokeism

Por Carolina González Rodríguez
La expresión, en inglés, “wokeism” responde a un movimiento iniciado, fundamentalmente, en los claustros universitarios estadounidenses a principios del siglo XXI. Se desprende del verbo “to wake”, o despertarse, estar alerta, estar consciente de lo que -para quienes sustentan esta nueva ideología- consisten las más grandes fallas del sistema capitalista. Con el tiempo, el “wokeism” se tradujo en los movimientos como el Black Lives Matter (BLM), o la expansión y profundización de las exigencias impuestas a las empresas y corporaciones a favor de la “Responsabilidad Social Empresaria”, profundizada en la pretensión de consagrar programas de ESG (Environmental, Social and Corporate Governance).
En América Latina el “wokeism” como concepto englobador de las premisas revolucionarias, (o de visibilización de las disparidades sociales, étnicas o económicas) todavía no encuentra una traducción adecuada. Por suerte. Tal vez lo más similar al término podría traducirse al concepto del “buenismo” que muchas posiciones sostienen como postura aspiracional hacia una sociedad mejor, o más “justa”.
Sin embargo, los Latinoamericanos no estamos inmunizados frente a esta oleada de corrección política que tan gravemente azota a los Estados Unidos. Y tal vez, por el contrario, estamos aún más afectados de lo que la inmensa mayoría cree.
Mientras en los Estados Unidos aún se discute (y se combate fieramente) la legislación y la regulación que impone los contenidos “woke”, en nuestra región los propios estados avanzaron silenciosa pero significativamente hacia legislaciones que serían la envidia de muchos activistas estadounidenses.
Las expresiones del “wokeism” en la legislación Latinoamericana
En su país de origen, el movimiento “woke” incluye a los promotores del BLM, el feminismo y los “derechos” de la colectividad LGTB+, siendo una de sus manifestaciones el movimiento #MeToo, la “Critical Race Theory”, una postura académica estrictamente vinculada con la Critical Legal Studies, oriunda de los claustros de la propia Universidad de Harvard, y que postula la eliminación de los contenidos básicos del sistema legal no sólo Americano sino Occidental. De todas estas múltiples variaciones de colectivismo explícito, tal vez la promoción del “Cancel Culture” resulte las más grave y peligrosa para la promoción de sociedades libres y abiertas.
El impacto de las tecnologías y las redes sociales ha sido determinante para la expansión de esta infame ble expresión, en la medida que logra la “cancelación”, precisamente, de individuos que osan manifestarse -abierta o sutilmente- contra la poderosa influencia de estos presupuestos “woke”. Brevemente, “cancel culture” implica la denostación y la promoción del ostracismo (académico, mediático y profesional) de quienes resulten condenados por los fundamentalistas a cargo del “wokeism”.
Lo cierto es que, hasta el momento, y afortunadamente para los Estados Unidos, ninguna de estas infames expresiones logró significativos reflejos legislativos que -institucionalmente- abriguen sus postulados. Por ejemplo, a mediados del el Director de la Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, sugirió una regulación a las empresas sujetas al contralor del organismo que condensaría los postulados de ESG, imponiendo muy altos costos a las empresas listadas en las Bolsas de ese país. Que no son pocas.
El feminismo, en su versión más radical y actual, puede ser válidamente considerado como una de las manifestaciones del “wokeism”. A partir de la colectivización del género femenino, las feministas plantean colisiones insalvables, prácticamente, entre hombres y mujeres, y la devaluación, insultos y desacreditación de aquellas mujeres que rechazan sus postulados.
Desde esta perspectiva, la situación en América Latina es radicalmente diferente a la que experimentan los Estados Unidos. La incorporación de la ideología feminista al cuerpo legislativo de nuestra región es apabullante en comparación con la estabilidad jurídica que impera en aquel país.
Según un informe del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, Argentina cuenta con 21 leyes contra la violencia de género, Argentina 21, Belice 4, Bolivia 19, Brasil 23, Chile 12, Colombia 26, Costa Rica 18, Ecuador 12, El Salvador 18, Guatemala 14, Honduras 10, México 14, Nicaragua 11, Panamá 11, Paraguay 10, Perú 23, Uruguay 12 y Venezuela 4. Observando cada una de ellas, se distingue que las más antiguas datan de mediados de los años 90, y las más modernas de los años 2019 a 2021. En cuanto a su contenido, sólo una (o a lo sumo dos) de estas leyes impactan en la modificación de los códigos penales que tipifican particularmente el homicidio de mujeres a manos de hombres. Y algunas mejoran levemente su técnica legislativa tipificando el homicidio “intrafamiliar”. Es decir, ampliando las penas por la calificación del vínculo que unía a víctima y victimario, con independencia del género de cada uno de ellos. cayendo en una contradicción que parecería insalvable: si las mujeres son “iguales” a los hombres, el fundamento que generalmente se arbitra en estas ampliaciones de penas radica en la condición de poder del hombre sobre la mujer; de la “fragilidad” de la segunda frente al primero. Como diría mi abuela, “no aclares, que oscurece”.
El resto de las normas visitadas, son expresiones voluntaristas; muestras del “buenismo” que la corrección política impone a favor de una manifestación explícita del feminismo; declamaciones altisonantes que evitan, naturalmente, informar el fondeo necesario para su concreción. Es decir, “promesas de amor” que finalmente no pasan de ser la positivización normativa de criterios ideológicos. Pero que, al momento de ejecutar esas premisas, resulta imperativo contar con el vil dinero que las haga posibles. De eso, no se habla.
El contenido filosófico del “wokeism”
¿Es el feminismo una ideología siniestra, como el nazismo o el fascismo? Mientras la aspiración final podría traducirse en un reclamo de igualdad ANTE LA LEY, que el liberalismo clásico viene promoviendo desde sus inicios, al momento de colectivizar esas pretensiones en un grupo particular (las mujeres) el feminismo emite un mensaje incongruente que, al final, podría significar más perjuicios que beneficios para el grupo que dice defender.
La visión institucionalista de la sociedad sostiene que los cambios de paradigmas se dan paulatina pero sostenidamente, a favor de sociedades más pacíficas, con principios y valores superadores. Por ejemplo, el valor de la vida humana en la Edad Media era prácticamente nulo, cuando hoy en día el asesinato es el peor de los crímenes que se puedan cometer.
El éxito de estos movimientos “woke” radica en que las personas -en general- tendemos a favorecer aquellos sistemas que mejoren los términos de convivencia en sociedad; que incorporen principios universalistas, inclusivos, que expandan el reconocimiento del “otro” que tenemos al lado. O, en pocas palabras, sistemas que nos hagan (a todos) más buenos y menos malos.
Pero, surge, inevitablemente, la famosa frase latina ¿Quis custodiet ipsos custodes? ¿Quién es el custodio de lo “bueno” y lo “malo”? ¿Y quién custodia al custodio que así lo determine?
Los movimientos que he mencionado parecerían tener el sello de aprobación de los custodios. El racismo es malo, indiscutiblemente. Pero qué tan bueno es el colectivismo que BLM impone sobre los individuos de raza negra? Y que pretende imponer sobre quienes no pertenecemos a ese colectivo.
¿Por qué el feminismo entiende que quienes preferimos ser madres, tener una familia “tradicional”; disfrutamos de las actividades típicamente “femeninas”, o nos volcamos a tareas y profesiones mayormente de cuidado (salud, educación) somos traidoras a la causa? ¿Cómo se entiende que pretender imponer a las empresas, usinas naturales de producción, creación de riqueza para todos los intervinientes, la obligación de ir más allá de sus objetivos naturales y velar por el cuidado del medio ambiente, de la igualdad de géneros, del “bienestar” de las comunidades en las que funcionan, es un objetivo “bueno”?
El “wokeism”, es malo. No es bueno como lo plantean (con gran éxito, lamentablemente) sus militantes, porque ejecutar sus premisas arroja como resultado ineludible aquellas condiciones que -empíricamente- han demostrado ser devastadoras para las personas, y para la convivencia pacífica en sociedad. El “wokeism” es malo porque i) promueve el colectivismo, con la resultante eliminación de la libertad individual, y más grave aún, de la responsabilidad individual por los actos propios; ii) su expansión lleva a consecuencias altamente indeseables como la licuación de principios y valores fundamentales como la libertad de expresión y la propiedad privada; iii) sólo puede concretarse mediante la coacción e imposición forzada de sus premisas. Lo que llevaría a cuestionar la “sustentabilidad” de sus logros; iii) precisamente por esto último, son expresiones de neo-marxismo, en tanto pretenden alcanzar los cambios a los que aspiran mediante la lucha, la violencia y la confrontación; iv) en el mediano y largo plazo, demoran -si no aniquilan- la real mejoría en la calidad de vida de las personas a las que dicen “proteger”, sujetándolas a la real discriminación que dicen combatir; y a la indignidad de alcanzar puestos o posiciones en razón de criterios completamente coyunturales como la raza, el género o la etnia, en lugar de enaltecer sus habilidades y capacidades propias, individuales; y, por último v) son funcionales a la casta política, en tanto el barullo de sus militancias les hacen creer a los políticos que es esa la verdadera demanda de los votantes. Finalmente, la relación agente-principal entre los primeros y los segundos se ve cada vez más distorsionada, a favor, por supuesto, de los agentes, que aumentan y profundizan sus potestades de disposición sobre los escasos recursos públicos, la vida, la libertad y la propiedad privada de las personas.
Las expresiones legislativas a favor de la igualdad de género son una clara prueba de estas conclusiones. Son declamaciones “buenistas” que en absolutamente nada mejoraron la calidad de vida de las mujeres a las que pretenden resguardar. Tomando como ejemplo a mi país, Argentina, las estadísticas producidas por la Oficina de la Mujer, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, registró 225 víctimas de femicidio en todo el país en el año 2014, mientras que -con 21 leyes vigentes y un Ministerio de la Mujer que cuenta con un presupuesto de $ 6.200 Millones (o US$ 31 Millones) —-,en 2020 se registraron 251 víctimas de femicidios. Las víctimas de homicidios, informados por el Ministerio de Seguridad de la Nación,en el mismo año 2020, fueron 2416. Lo que indica que los “femicidios” fueron el 10% de la totalidad de personas fallecidas a manos de otras.
¿Perjudica a la sociedad que existan leyes diferenciales para el caso de muertes de hombres y mujeres? Si. Porque esa distinción distrae, hace perder de vista la importancia que los INDIVIDUOS tenemos como seres racionales, autónomos, independientes, y excelsamente únicos.Porque promueven una cosmovisión que profundiza distinciones que en nada resultan importantes para el avance y el desarrollo de las mujeres, y de la sociedad en general.
Para el liberalismo clásico, sólo aquellas sociedades en las que se respeten las vidas (de hombres, mujeres, niños, ancianos, sin distinción), en las que los sistemas jurídicos sostengan reglas claras; en las que las personas sean libres de tomar decisiones y afrontar la responsabilidad por las consecuencias de sus actos, y en las que los contratos reflejen el intercambio, el comercio y los vínculos de cooperación, en lugar de la confrontación y la lucha son aquellas sociedades con más chances de crecer y desarrollarse.
Los colectivismos, de cualquier tipo, atentan directamente contra estas posibilidades, condenándonos, a todos, a la condición de débiles, frente a los fuertes que imponen sus preferencias, sus valores, sus principios.
La autora es abogada, profesora de Economía Política, Law and Economics y Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en la carrera de Abogacía de la UCEMA. Es también Miembro del Consejo Académico de Fundación Atlas de Buenos Aires.
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