Los tres nudos gordianos de la Argentina

Infobae

Más allá del final que tengan las negociaciones comenzadas, uno tiene la sensación de que en la Argentina se están discutiendo cuestiones nodales que constituyen el corazón de muchos de los inconvenientes que, como capas geológicas, se han ido acumulando durante todos estos años. El Gobierno está confiado en conseguir, el jueves, un acuerdo general con los gobernadores que básicamente distribuya los impuestos de otra manera entre la nación y las provincias, pero que también avance sobre cuestiones que tienen que ver con la masa de fondos previsionales y algunas de las disposiciones que regulan el trabajo en la Argentina.

Los gobernadores entienden que ese acuerdo es difícil por las disparidades que tiene la situación de las jurisdicciones y porque la aplicación de un plan único, general e igualitario para el programa de reducción de impuestos a los ingresos brutos y a los sellos es básicamente impracticable.

En el Gobierno están confiados porque creen que los que no firmen quedarán expuestos ante la opinión pública, que se expidió en la últimas elecciones del modo que lo hizo. A mi criterio, sería un error suponer que esa foto instantánea le permite al Gobierno confiarse y creer que los gobernadores tendrán temor a enfrentarla. Aquí lo que se discute es dinero, mucho dinero. Mientras las partes no queden conformes con cómo se distribuyen esas fichas, podrán entender que se exponen a una opinión pública reticente a sus posturas, pero no sería extraño que encontraran la manera de salir a la luz pública, explicar las razones de su oposición y no sólo superar el escollo del aparente fortalecimiento del Gobierno luego del 22 de octubre, sino de invertirlo. Todo es muy volátil en la Argentina y el Gobierno debería saberlo ya.

No hay dudas de que el quid de la cuestión pasa por la situación de la provincia de Buenos Aires. La mayor provincia argentina ha construido, con el transcurrir de las décadas, un cinturón alrededor de la ciudad capital en donde viven, hacinadas, cerca de diez millones de personas. Esas personas han emigrado de sus provincias de origen y se han instalado en lo que se conoce con el nombre de "Conurbano bonaerense" con la esperanza de encontrar allí un mejor futuro que el que les auguraba si se quedaban en su lugar de nacimiento.

El resto del país se ha desvinculado del problema: le ha venido bien deshacerse de parte de su población y de endilgarle el problema de su mantenimiento a otra jurisdicción. En esa simple explicación radica la injusticia del problema. 

En los noventa, el presidente Carlos Menem quiso reparar esa distorsión otorgándole a la provincia unos fondos especiales para esa subregión que el peronismo inventó para favorecer su demografía política. Para eso creó el llamado Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, con una asignación de 650 millones de pesos. El problema fue que, en ese momento, los 650 millones eran 650 millones de dólares. Cuando el duhaldismo pesificó la economía y el kirchnerismo congeló el fondo en el valor nominal, toda la contribución se convirtió en un chiste.

Desde ese momento todos los gobernadores de la provincia pasaron a ser mendigos del poder central, algo perfectamente funcional al concepto político del kirchnerismo. El resultado fue un empobrecimiento mayúsculo de esa geografía, una pauperización en donde el caldo de cultivo del pobrismo K hizo pie.

Ahora hay que destrabar ese nudo gordiano mezcla de mezquindad, cálculo político, corrupción y bajeza humana. Los gobernadores deben asumir parte de la responsabilidad por ser expulsores seriales de ciudadanos que migran hacia ese barro sin dignidad y en donde germinan el delito, la droga, la marginalidad, la inseguridad y la falta de oportunidades. Es cierto que las realidades provinciales son diferentes y que quizás la pretensión de aplicar una matriz única es irreal, pero la primera responsabilidad para superar uno de los principales focos de injusticia y de pobreza es de ellos.

Otro de los temas que está en la agenda de la Argentina es la reforma previsional, un terreno ideal para el ejercicio de la demagogia. Los recursos que el tesoro público debe dedicar a pagar a la masa de jubilados y pensionados del país ascienden al 40% del presupuesto. Si no se hace algo al respecto, la baja del déficit será, en los hechos, una quimera.

El proyecto de reforma buscar actualizar los ingresos jubilatorios cada tres meses de acuerdo con los índices de inflación y reemplazar de ese modo la fórmula polinómica que se encuentra en vigencia hoy, con incrementos semestrales. Los gobernadores y algunos legisladores encabezados por Miguel Ángel Pichetto parecen coincidir con el plan, porque si no se avanza en el ahorro de 50 mil millones de pesos que la nueva fórmula implicaría, no se podrá cumplir tampoco con la nueva repartición de fondos coparticipables que el Gobierno promete a partir de la derogación del artículo 104 de la ley de impuesto a las ganancias.

Habrá que ver aquí qué posición adopta el massismo, porque la que protagonizará el kirchnerismo residual ya se conoce. De nuevo, habrá que estar atento al despliegue de la demagogia.

Finalmente, el otro campo enorme de reformas es el del derecho laboral. La CGT ya adelantó que no permitirá retoques a la ley de contrato de trabajo, que es justamente lo que no sólo habría que modificar, sino directamente desaparecer. Allí Pichetto parece estar más cerca de los sindicatos que de las intenciones de reforma gubernamentales. Pero si no se avanza en este terreno, la improductividad argentina no desaparecerá y el peso del costo nacional destruirá, como lo ha hecho hasta ahora, la capacidad de nuestras empresas para competir.

Sin capacidad para competir, las empresas no ganarán mercados y, al no ganar mercados, no generarán empleo, y sin empleo los sindicatos tendrán su venerada ley de contrato de trabajo para nada. El círculo vicioso es simple de entender y sólo puede pretender sostenérselo cuando una inmensa red de recursos mantiene sin trabajar a una serie de caciques millonarios que no tiene ninguna empatía por los trabajadores.

No hay duda de que entramos en días cruciales para el futuro, no sólo económico sino político de la Argentina. Una eventual solución a la cuestión del Conurbano puede entregarle a María Eugenia Vidal una independencia inédita a un gobernador de Buenos Aires, quizás por primera vez en la historia argentina. Nunca, salvo el caso de Eduardo Duhalde, que fue elegido por la Asamblea Legislativa y no por el pueblo, un gobernador de Buenos Aires pudo ser presidente. ¿Será que Macri se propone matar dos pájaros de un tiro: tener recursos para resolver el problema demográfico más serio que tiene el país y, a la vez, encontrar una fórmula de horizonte político para Cambiemos que pueda pelearle el poder al peronismo por generaciones?