Venezuela: La lucha por la libertad

El Universo

Más de 2.000 personas detenidas, 1.000 heridos y 45 muertos, la mayoría jóvenes asesinados por los organismos de seguridad del Estado, es el saldo tras mes y medio de protestas en Venezuela.

Y aunque el presidente Nicolás Maduro, inmune a las demandas de la población, ignora las continuas violaciones a los derechos humanos bailando salsa en televisión nacional, la represión por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las organizaciones paramilitares organizadas por el Gobierno (los colectivos armados), aumenta con cada día de protestas.

Directamente proporcional al descaro gubernamental aumenta también las demostraciones de heroísmo y compromiso ciudadano de los manifestantes. 

Podemos resumir el carácter del conflicto político en Venezuela a partir de dos variables.

En primer lugar, la firme determinación del Gobierno de mantenerse en el poder a costa de todo, ya sea la economía, el bienestar, la alimentación, la salud, la vida e incluso la muerte de los venezolanos.

Adicto dependiente al poder, utiliza la institucionalidad del Estado para evitar al pueblo. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Defensoría del Pueblo y la Contraloría solo funcionan para proteger a la revolución de una elección democrática. Por supuesto, todo ello bajo el escudo protector de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

En segundo lugar, la firme voluntad de la oposición de enfrentar al Gobierno en las calles y a través de la lucha ciudadana y democrática, y de no detenerse hasta tanto alcance su lista de demandas: 1. Apertura de un canal humanitario para la dotación de medicinas y alimentos para atender la crisis; 2. El reconocimiento del poder de la Asamblea Nacional por parte de los poderes judiciales y ejecutivo; 3. La presentación de un cronograma electoral que contemple la realización de las elecciones de gobernadores que debieron realizarse en diciembre del 2016, las elecciones de alcaldes que deben realizarse durante el 2017 y las presidenciales de 2018, y en último lugar; 4. La liberación de los presos políticos.

Estas dos variables configuran la dinámica del conflicto en términos antagónicos e irreconciliables, pues el Gobierno no está dispuesto a permitir que las marchas opositoras se acerquen a las instituciones públicas objeto de sus demandas (Defensoría, TSJ, Consejo Nacional Electoral, ministerios), ni la oposición parece dispuesta a utilizar un mecanismo de presión (a nivel nacional) distinto a la movilización de calle.

Aunque pareciera que hasta el momento el Gobierno ha acusado el mayor desgaste político, evidenciado en pronunciamientos públicos de algunos de sus aliados, que van desde las palabras de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, el diputado Eustoquio Contreras y el reconocido director de orquesta Gustavo Dudamel, hasta numerosos militares que en privado se han negado a continuar reprimiendo las manifestaciones, la verdad es que no han sido más que acciones individuales y aisladas.

Por eso, acostumbrado como está a huir de los problemas creando nuevos problemas, el presidente ha convocado a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a través de un mecanismo cuyo objetivo es fundamentalmente ir a un proceso electoral que le garantice una victoria con tan solo el 20% de los votos, es decir, donde la gente vote pero no elija nada.

Para lograrlo ha propuesto un sistema electoral con dos mecanismos: territorial y sectorial. El primero a partir de la construcción de nuevas circunscripciones distintas a las tradicionales estatales y municipales utilizadas para la Asamblea Nacional (gerrymandering); y las segundas, a partir de sectores sociales como comunas, consejos de trabajadores, sindicatos, entre otros.

Por supuesto, esta propuesta no solo es inconstitucional, sino especialmente discriminatoria. Ella divide a los venezolanos en ciudadanos de primera, de segunda, de tercera y más. Pero claro está, el objetivo de la seudoelección es el de evitar una elección democrática y escoger una ANC que funcione como versión extendida de su consejo de ministros para mantenerse en el poder eternamente.

Ante este contexto, los escenarios posibles se resumen en tres opciones: 1. Las protestas se mantienen hasta que el Gobierno abandona la violencia y reconoce las demandas de la población, dando paso a un proceso de transición negociada; 2. El Gobierno arrecia la represión hasta que la oposición abandona la lucha ciudadana, lo que genera el desprestigio de los actuales líderes opositores, dando paso a una oposición radical que podría plantear la confrontación en términos violentos y de resultados inciertos y catastróficos para el país, y; 3. Las manifestaciones y la represión se extienden indefinidamente hasta rutinizarse, dando paso a pequeñas concesiones mutuas entre Gobierno y oposición que no modifican la distribución de poder hasta el 2018 y unas eventuales elecciones presidenciales.

El futuro de Venezuela de momento luce incierto. Cualquier cosa puede pasar. Pero como nunca antes la gente está dispuesta a luchar por la libertad aunque el precio sea la vida misma.