A mayor poder, mayor corrupción

República

Según una investigación del Fondo Monetario Internacional –FMI- la evasión fiscal del 2015 fue de Q19.5 mil millones. De esta cifra, la mitad es por la evasión de los impuestos de importación, IVA y otros derechos arancelarios; y la otra mitad corresponde a defraudación de impuestos como el de la renta –o ganancias-.

Con base en este informe, Francisco Solórzano, titular de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- informó sobre varias medidas que tomará para reducir este monto en un 50% en los próximos tres años.

Las decisiones que se tomen al respecto dependerá del análisis que se haga de ésta situación, por ejemplo: ¿En qué impuestos se concentra la mayor parte de evasión y defraudación? ¿Cómo se realiza? ¿Por qué se puede hacer? ¿Quiénes intervienen para realizarla? ¿Quiénes se benefician? ¿Qué beneficios obtienen?

Si al contestar estas preguntas vamos al fondo y no nos conformamos con las primeras respuestas podemos llegar a la raíz del problema. El propósito de este ejercicio, que deberíamos hacer todos -o al menos los tributarios- es romper paradigmas.

Si nos enteramos por los medios de los montos de la defraudación y evasión, y además leemos que fiscalizarán con mayor rigor a 10 mil tributarios, la relación nos parece lógica pero es ahí donde debemos hacer las preguntas anteriores para discernir si realmente se combatirá el problema o sólo los casos. Algo así como, le bajo la fiebre al paciente pero no me preocupo en saber del porqué de la misma.

La noticia de que una estructura –con funcionarios de la SAT- recibió más de Q34 millones en extorsiones y sobornos por “agilizar trámites” o “evitar auditorías” nos ayuda a entender aún mejor la situación en la SAT.

Por un lado, los burócratas tienen el poder discrecional de hacer casi cualquier cosa, por ejemplo en la SAT pueden: asignar semáforos rojos o verdes discrecionalmente, pueden cambiar las partidas arancelarias para pagar menos impuestos o pueden subvaluar la mercadería como lo indican las investigaciones del Ministerio Público –MP- en el caso de La Línea. También pueden pedir formularios inexistentes, registros sanitarios, comerciales o de cualquier índole que si bien no les impide la importación, la dificulta tanto que pone en riesgo la existencia de los negocios. Situación que se “soluciona” con el pago de extorsiones.

Por otro lado, también tienen el poder discrecional para “agilizar trámites” como la devolución del crédito fiscal o “evitar auditorías” de fiscalización como apuntan las investigaciones del MP en el caso Impunidad y Defraudación.

Las preguntas que surgen son ¿Por qué alguien contrataría los servicios para “sobornar” la agilización de la devolución de su crédito fiscal? ¿Será porque esa es la única manera de acelerar un proceso que toma hasta cuatro años y esto afecta el flujo de caja? ¿Acaso esto nos demuestra que los procesos para la devolución son ineficientes? ¿Esta lentitud abre la “oportunidad” para estos “negocios”? ¿Sería posible, incluso eliminar la figura de devolución y mejorar el esquema tributario? ¿Se puede llevar el proceso de forma electrónica? Si se hace por medio de una plataforma virtual se podría llevar un registro del tiempo, respuestas y personal asignado al caso; con esto habría una mejor trazabilidad y rendición de cuentas.

El común denominador en estos casos es el poder discrecional de los burócratas y las reglas complicadas de cumplir que permiten la extorsión. Es importante aclarar que no todos los tributarios fueron extorsionados, que es muy probable que algunos de los señalados en las investigaciones se hayan “aprovechado” del poder discrecional de los burócratas para obtener prebendas. Así como los hay quienes fueron extorsionados para poder operar “dentro de la ley”.

El renovar equipos y sistemas, reemplazar a burócratas con nuevas contrataciones que cumplen estándares de reclutamiento, la rotación de personal en los puestos y crear nuevas unidades de fiscalización sólo serán buenas intenciones que se perderán y desperdiciarán cuando se vean inmersos en la cultura discrecional del sistema tributario.

Mientras no SATplifiquemos la legislación tributaria, mientras no le quitemos poder discrecional a los burócratas continuarán las prácticas extorsivas y complicidades corruptas de algunos funcionarios. Así que cuando hablen de reformas y combate a la corrupción -en cualquier organización del gobierno- recuerde que las oportunidades de corrupción y extorsión son directamente proporcional al poder discrecional que los ciudadanos les otorgamos a los burócratas. A mayor poder discrecional, mayor corrupción.