AMIA: 19 años de vergüenza e impunidad

Editorial –

La Nación

Al cumplirse, hoy, 19 años del salvaje atentado a la
AMIA, que costó la vida a 85 argentinos e hirió a otros 300, el
aniversario vuelve a encontrar a la investigación judicial en una grave
crisis, ocasionada por el Gobierno. Lamentablemente, no es una novedad
esta injerencia de los intereses políticos en lo que debería ser un
expediente encaminado exclusivamente a la búsqueda de la verdad real y a
la identificación y sanción de los culpables. Algo similar ocurrió en
los años 90 cuando, como producto de las pujas políticas entre Carlos
Menem y Eduardo Duhalde, se imputó a una presunta banda de policías
bonaerenses, que luego resultaron absueltos en el juicio oral.

Ahora, la crisis la ha provocado la Presidenta. Su sorpresiva política tendiente a un tan inexplicable como peligroso acercamiento con Irán
condujo a la firma de un acuerdo entre los dos países para constituir
una Comisión de la Verdad, que revisará lo actuado por la justicia
argentina en la causa del atentado.

De esa manera, sin una explicación acabada ni una
franca discusión con las partes del proceso y los dirigentes de la
oposición, el gobierno nacional no sólo pone bajo un enorme manto de
sospechas todo lo actuado por la justicia de nuestro país, sino que, de
hecho, prácticamente desplaza al juez natural, Rodolfo Canicoba Corral, y
al fiscal federal Alberto Nisman, para reemplazarlos por la futura
Comisión de la Verdad, que actuará como el verdadero juez y resolverá
qué está bien y qué está mal en el gigantesco y complejo expediente.

La Presidenta, como cualquier ciudadano, tiene todo el
derecho a dudar acerca de la orientación que se imprimió a la
investigación y la calidad de las pruebas recolectadas en abono de esa
línea. Es más, en sus años de legisladora elaboró un informe sobre la
primera etapa de la investigación, por lo cual no puede negársele
conocimiento del tema. Si ella no está satisfecha con lo realizado por
Nisman desde que el propio presidente Néstor Kirchner colocó a este
fiscal al frente de la unidad especial creada con el exclusivo fin de
investigar el atentado, debería decirlo sin vueltas y explicar por qué.

Las versiones de que la procuradora general de la
Nación, Alejandra Gils Carbó, nombraría un fiscal adjunto que se
desempeñaría junto a Nisman tampoco resultan halagüeñas, por más que se
las haya desmentido, igual que su negativa a autorizarle a realizar un
viaje oficial para exponer el contenido de su último dictamen en el
Congreso de los Estados Unidos. O se confía en el fiscal o se lo
desplaza tras un fundado informe sobre todo aquello que se le objeta.
¿También se desconfía, acaso, de los elementos que habría aportado la
propia Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), encabezada por dos
kirchneristas, para la confección de ese dictamen que ha vuelto a
responsabilizar a Irán?

Lo peor que podría ocurrir para enturbiar aún más el panorama es que se esté buscando un acercamiento con Irán
a costa de la causa AMIA y por motivos ajenos al genuino
esclarecimiento del caso. Ha de ser indefectiblemente la justicia
argentina la que revise, en la etapa procesal correspondiente, lo
actuado por Nisman y Canicoba Corral. A estas alturas de los
acontecimientos no se puede hacer entrar por la ventana a una comisión
que integrarán figuras elegidas por la Argentina e Irán, otorgándole la
potestad de aprobar o desautorizar lo actuado, porque de lo que se trata
aquí es del peor atentado cometido en la Argentina. Como hemos
sostenido semanas atrás en esta columna, el juez Canicoba Corral debería
tener esto bien presente cuando resuelva sobre la constitucionalidad o
no del acuerdo con Irán. Es preciso, también, que terminen de una vez
las demoras que vienen postergando en forma reiterada el indispensable
inicio del juicio oral sobre el desvío que sufrió la investigación en
sus primeros años, cuando el juez era Juan José Galeano, y en el que se
encuentran imputados, entre otros, el ex presidente Menem, ex jerarcas
de la SIDE y ex funcionarios judiciales.

Ni la política nacional ni la internacional deberían
entrometerse cuando la memoria de 85 personas, junto con los heridos y
los familiares, y toda la sociedad reclaman y merecen verdad y justicia,
la verdad y la justicia que se les ha negado durante 19 años, muchas
veces por motivos tan mezquinos como los que actualmente enturbian el
panorama. La prueba es que en la causa principal no sólo no hay
condenados, sino que tampoco hay procesados.

Con el pretexto de su viaje a Colombia, la Presidenta
no estará hoy presente en el acto que se realizará bajo el acertado lema
de "19 años. La herida sigue abierta". Su ausencia es toda una
definición..