Chile y Mideplan : La institucionalidad no basta

La Tercera

¿Es la institucionalidad de Mideplan suficiente para el desarrollo y coordinación de la política social? Los resultados de la última encuesta Casen hacen aun más urgente esta pregunta y, por tanto, la necesidad de acelerar la propuesta que debe presentar el gobierno en este ámbito.

La transformación de este ministerio en una autoridad social fuerte, con foco en la intersectorialidad, integralidad y coordinación de las políticas sociales requiere de una real voluntad política, pues este cambio no puede ser sólo organizacional. Desde hace más de 30 años se viene discutiendo sobre la necesidad de una transformación profunda de la institucionalidad que guía la política social. Durante este tiempo hemos visto cómo la autoridad de Mideplan ha estado más ligada al liderazgo de quienes ejercieron el cargo, en lugar de trabajar por un cambio de fondo en sus funciones.

La evidencia internacional sobre la institucionalidad social sugiere una serie de elementos que debiesen estar presentes para asegurar el éxito de esta crucial reforma. Si bien comparativamente con otras naciones Chile exhibe buenos indicadores, existe una serie de desafíos que debiésemos enfrentar. Es preocupante que en casi el 70% del presupuesto del erario nacional no exista una mirada global y coordinada entre los ministerios que permita una mejor asignación de recursos.

Un ejemplo de lo anterior es el rol que Mideplan ha desempeñado en el diseño, ejecución, gestión y coordinación de la política social. En esta cartera conviven una serie de funciones, en donde sólo en última instancia se menciona la misión de armonizar las diferentes iniciativas del sector público para erradicar la pobreza. Asimismo, el doble rol de Mideplan como prestador de servicios y fiscalizador debilita su papel como autoridad objetiva para evaluar libremente el desempeño de estas políticas. Además, la visión parcializada de los sectores reduce la sinergia que podría alcanzarse.

Desde esta perspectiva, a la hora de plantear una propuesta para la creación de un Ministerio de Desarrollo Social fuerte, el gobierno debe considerar, al menos, tres desafíos. El primero: considerar a los beneficiarios de las políticas sociales como clientes, con derechos y deberes. Es fundamental que el diseño e implementación de nuevas políticas considere el mayor empoderamiento de la población favorecida y la obligatoriedad de que las instituciones encargadas de ello rindan cuentas.

El segundo desafío tiene relación con una efectiva descentralización territorial y funcional. En la medida que la política social requiera producir bienes públicos locales, éstos deberán ser realizados a ese nivel, dotando a los gobiernos regionales de la autoridad y capacidad para ejecutar esas tareas. Asimismo, es vital aprovechar la cercanía de las organizaciones de la sociedad civil para conocer las demandas de los beneficiarios. Por último, se requiere medir la pobreza, la desigualdad de ingresos y la movilidad social con mayor periodicidad. Nuestra sociedad es cada vez más dinámica. Por lo tanto, la política social requiere un sistema que entregue información precisa y completa de los cambios en los grupos más vulnerables.