Guatemala: ¿Estado fallido?

Prensa Libre

En los países latinoamericanos se da un denominador común: la ingobernabilidad, y según los analistas, Guatemala cumple con todos los requisitos para convertirse en un Estado fallido.

Para determinar qué distingue el proceso de transición de un Estado desintegrado a uno de estructuras frágiles, debe tomarse en consideración qué tan graves son los siguientes síntomas: las crisis generadas por las migraciones internas, la presencia de refugiados, los conflictos étnicos, las desigualdades económicas, el deterioro de los servicios públicos, la criminalidad, la violación de los derechos humanos y la impunidad de los servicios de seguridad.

Estos factores determinan la realidad guatemalteca, y es posible afirmar que el Estado es incapaz de establecer un legítimo uso de la fuerza física y de proteger a sus ciudadanos de la violencia.

En este sentido, los números para Guatemala son aterradores: ocupa el último lugar del continente —el 120— en el Índice de Desarrollo Humano —Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo—, muertes violentas: 20 homicidios diarios, el 99 por ciento de casos quedan impunes, corrupción a todos los niveles posibles, dentro y fuera del Gobierno.

No hay alguna institución política que no esté salpicada de corrupción. No hay día de la semana que no se destape un nuevo escándalo de robo de millones, un Congreso bueno para nada, un Ministerio Público que no da una y un Ejecutivo indiferente cuando le conviene.

Nuestro pan de cada día es: crimen sin castigo, impunidad total, solo en los narcopaíses se ven mensajes tan crudos como el que mandaron la semana pasada desde las cárceles, solo en este país se negocia con los presos.

El honesto va a la cárcel por atropellar a alguien; el delincuente sale libre de inmediato, al trabajador lo matan en la camioneta, el corrupto anda en carro de lujo y con guaruras.

Estos signos y muchos más que no alcanzarían hojas enteras para describir, colocan al Estado de Guatemala al filo de la ingobernabilidad, fallido o no, lo cierto es que no existe voluntad ni compromiso político para evitar la crisis sin precedentes que se avecina.

El Estado tiene la obligación de proporcionar, por lo menos, los elementos básicos: seguridad y justicia, y no lo hace; la clase política guatemalteca está jugando con la soberanía de nuestra patria.