El improbable objetivo de Calderón: cambiar la institucionalidad mexicana

América Economía

Sucedió en 1810, cuando México tuvo su independencia, y en 1910, con el inicio de su conocida revolución. No obstante, aún está en duda en 2010 si México mantendrá su ciclo histórico de iniciar intensos procesos de cambios políticos cada 100 años.

La oportunidad está. El presidente Felipe Calderón presentó una propuesta de reforma política de 10 puntos que podría revolucionar la manera de hacer gobierno en México. Casi como sucedía cada 100 años. No obstante, las mismas fuerzas inmovilizadoras que la propuesta de Calderón busca solucionar, podrían hacer que México cierre el año sin grandes variaciones institucionales a como lo empezó.

El decálogo presentado por Calderón recoge 10 ideas que han formado parte de la discusión académica y política en México, desde que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la mayoría calificada en la cámara de diputados de 1997. Entre ellas están la introducción de la segunda vuelta electoral, la reducción de integrantes del Congreso y la posibilidad de reelección de alcaldes y diputados.

Como suele ocurrir, no son pocos los que se disputan la paternidad de la “niña bonita”. La oposición, por ejemplo, considera “pretencioso” atribuírsela sólo al presidente, a quien acusan de desechar todos los análisis y propuestas presentadas con anterioridad en esta materia, tal y como le recrimina Alberto Aguilar Iñárritu, quien fuera secretario técnico de la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Estado (Cenca), formada por decreto presidencial en 2007.

La verdad es que en dicha comisión se recibieron 6.188 propuestas de partidos políticos, ONG y universidades, y se presentó un documento de trabajo. “Sin embargo, en la propia administración de Calderón nos hicieron un vacío político e ignoraron nuestro trabajo”, señala Aguilar Iñárritu.

Sea quien fuere el autor de la ingeniería, para el senador del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, Tomás Torres, lo principal es otra cosa. “No hay que hacerse grandes expectativas de que con ello se modifique la estructura del poder en México”, dice, pues ninguna reforma será suficiente hasta no desmantelar las estructuras de poder vigentes -sindicales, monopolios, medios de comunicación- montadas desde la época del PRI.

Por su parte, el líder de la bancada priista en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, y uno de los hombres más influyentes en el partido que ostenta la mayoría en el Congreso, aseguró en diversos medios que primero se debe recibir la propuesta concreta del presidente y que ésa tendría que ser arropada por otras modificaciones. ¿Cuáles? A su juicio: la figura del referéndum, la revocación del mandato presidencial y la ratificación de los miembros del gabinete por parte del senado de la República.

Lo anterior debería ser suficiente para aprobar esta serie de iniciativas que permitirían formar mayorías estables en el país y agilizar la labor legislativa. No es así. Aún los miembros del PAN ven complicado que la iniciativa se apruebe en su totalidad. Consideraciones de vanidad partidaria serían la causa de esto para el senador Alejandro Zapata Perogordo. Desde su punto de vista, el PRD se opondrá porque con esta medida “el presidente Calderón los está rebasando por la izquierda”. Para él, sólo la sociedad civil será la que pueda presionar al Congreso para aprobar estas demandas históricas.

De todas formas, el mayor obstáculo es el que refleja en el documento de trabajo la Cenca, y “consiste en no separar la discusión técnica de la discusión del poder, es decir, pretender que no es posible alcanzar un consenso técnico en una propuesta viable, cuando en realidad la dificultad surge de no asumir y llamar así por su nombre, que las condiciones políticas o, más bien, de lucha y armonía política no están suficientemente maduras para que las fuerzas políticas se acerquen a un pacto de poder y en consecuencia abocarse a construir ese ambiente”.

Tema escabroso.

Al menos por ahora, el asunto más polémico es el de la reelección. Tiene historia y mucha sangre detrás. Todo comenzó cuando, en 1910, Francisco I. Madero convocó al pueblo de México a levantarse en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz a través del Plan de San Luis, el cual culminó con la que fuera su principal consigna: “sufragio efectivo, no reelección”. De hecho, durante décadas todos los documentos oficiales del gobierno federal y los estados se firmaban al calce con dicho lema.

Han tenido que pasar casi 100 años para que un presidente se atreva a tocar el tema de manera abierta y proponga una iniciativa que permita esta reelección consecutiva del Congreso y los municipios.

Durante su discurso del 4 de diciembre, Felipe Calderón argumentó que con estas medidas “los ciudadanos podrán decidir con su voto si los legisladores que han cumplido adecuadamente la tarea que les fue encomendada se quedan, y siguen representándolos, o se van del Congreso”, y lo mismo sucederá con los presidentes municipales.

Si bien estos candados fueron impuestos para frenar los cacicazgos y las dictaduras, en 2010 permitir la reelección evitará que el futuro político, y por ende profesional, tanto de los legisladores como los presidentes municipales, dependa de quienes estructuren las listas de candidatos para las elecciones.

Alejandro Zapata Perogordo cree que donde habrá más resistencia para este punto es en el PRI, “porque de entrada le rompe su cultura de la lista de espera”. De hecho fue dicho partido, en 1933, el que impuso la no reelección para legisladores para así, desde el partido y la presidencia, poder repartir el pastel del poder político y controlar a los diversos sectores que lo componían.

Para muchos, el presidente es quien ha perdido el control de la agenda pública producto de la crisis económica y la derrota electoral en las legislativas de mediados de 2009, le ha hecho un guiño a la sociedad civil organizada, que promovió con éxito el voto en blanco en los pasados comicios para renovar la cámara de diputados.

El disenso agresivo de los partidos y una indiferencia de la sociedad llevarían al peligro de que la esperanza inicial generada por el proyecto se transforme en una mera carta de buenas intenciones con la oposición, denunciando que el gobierno federal pretende culparlos del fracaso de esta iniciativa o bien colgarse la medalla por haberla logrado. Nadie dijo que mejorar la democracia fuera fácil. Más si se trata de la mexicana.