El camino a la reelección se ha cerrado en Colombia
Madrid. – No es casual que Colombia sea el primer país en que una alta instancia del poder judicial dice no a la reelección, una tendencia muy de moda en América Latina y muy unida al hiperpresidencialismo dominante. La Corte Constitucional ha dicho no de forma terminante, tanto a las pretensiones del ejecutivo, como a un estado de opinión cada vez más asfixiante en ciertos círculos colombianos. El término de "estado de opinión" fue acuñado en Colombia para hablar de la presión popular en torno a la permanencia de Uribe en el poder.
Eran muchos los seguidores del presidente que, utilizando un razonamiento profundamente antidemocrático y más propio del populismo de raíz peronista que circula por muchos países latinoamericanos, esgrimían el argumento de que la voluntad popular está por encima de las leyes y las instituciones. De ahí, por ejemplo, las alusiones a la democracia participativa para justificar conductas más propias de cualquiera de las revoluciones de moda en la región, fuera ésta bolivariana, ciudadana o plurinacional.
Sean cuales sean los verdaderos motivos para hacerlo, lo cierto es que tras el fallo sin fisuras de la Corte Constitucional el camino a una segunda reelección consecutiva se ha cerrado en Colombia. Colombia es, y generalmente ha sido, un país con una profunda tradición institucional, donde el respeto a la legalidad siempre fue un valor en si mismo. Una vez más, como dicen muchos columnistas, el estado de derecho se ha impuesto al estado de opinión.
Desde el punto de vista legal el fallo de la Corte ha clausurado cualquier debate. No sólo por la contundencia de los argumentos esgrimidos, sino también porque desde el primer momento el presidente Uribe acató el falló en su totalidad, sin poner ningún reparo, ni hablar de ningún complot de los jueces o de ningún intento de desestabilizar al gobierno mediante un golpe de estado constitucional. Es más, en algunos países de Centro y Suramérica una medida semejante hubiera sido equiparada desde el poder a un acto terrorista.
Si bien el debate legal se ha cerrado quizá sea conveniente mantener abierto el debate político. Muchos opinólogos colombianos, y de fuera de Colombia, daban por cierta la voluntad de Uribe de aspirar a un tercer mandato consecutivo, una vocación truncada por mor de la resolución judicial. Sin embargo, siempre he pensado, y lo he asegurado públicamente en diversas ocasiones, que Uribe no se presentaría a la re-reelección (para utilizar la jerga menemista).
Y si acicateaba a sus seguidores o mantenía la ambivalencia en sus opiniones era por su deseo de no verse afectado por el síndrome del pato cojo, dada la envergadura de sus enemigos internos (las FARC) y externos (Hugo Chávez y, en menor medida, Rafael Correa).
Nunca conoceremos los verdaderos designios de Álvaro Uribe, pero, de haber sido tan profunda su vocación reeleccionista, ¿por qué no impulsó más, con todos los medios a su alcance, la celebración del referéndum? También queda otra duda, que nadie podrá aclarar, ¿de haber ganado el referéndum, se hubiera presentado a la reelección o hubiera dado un paso al costado en aras de la gobernabilidad del país?
Así como señalaba mis creencias sobre Uribe, también manifestaba mi radical oposición a una nueva reelección. Primero, porque otra vez se hubiera hecho realidad la costumbre inaugurada por Carlos Menem, seguida por Alberto Fujimori y Fernando Henrique Cardoso, y, de momento, concluida con las reformas constitucionales bolivarianas de última generación, de cambiar las reglas de juego en mitad del partido en beneficio del gobernante de turno. Y segundo, de gran importancia en el caso colombiano, porque todo el entramado institucional de equilibrio de poderes, y de pesos y contrapesos, construido por la Constitución de 1991, se basaba en un ejecutivo que no podía ser reelegido. Tras dos períodos consecutivos de gobierno uribista estaba en peligro la gobernabilidad del país, un proceso que abortó el fallo de la Corte, sea cual sea la identidad del próximo gobernante.
Hay un último punto vinculado al análisis casi unánime de la prensa colombiana sobre la inevitabilidad de la segunda vuelta en las próximas elecciones presidenciales. Para ello sacan a relucir una gran cantidad de encuestas que muestran una gran fragmentación del voto popular, en algunos casos agitando ya el fantasma de la débil legitimidad de un nuevo gobierno que deberá hacer frente a un escaso apoyo y a una baja participación electoral.
Pero eso hoy por hoy no se sabe. Todo lo que circula en la prensa colombiana, muchas veces con ánimo intoxicador, son puras especulaciones. La cuestión es saber qué pasará en un escenario caracterizado por la ausencia de Uribe entre los posibles candidatos y eso sólo lo dirán los ciudadanos colombianos convocados a las urnas. Hay quien esgrime el argumento de que no hay tiempo para decantar el favor popular detrás de una candidatura mayoritaria. Es posible. Pero todavía es pronto, no sólo para saber qué candidatos estarán en carrera, sino también cuál será la reacción de la gente frente a ellos. Y así como los ciudadanos colombianos demostraron una gran altura al aceptar el fallo de la Corte, es muy posible que el próximo 30 de mayo, y, si es necesario, también el 20 de junio, vuelvan a demostrar su madurez.
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