Escenario de la política antimonopolio en América Latina

Por Francisco Ribeiro y Marcelo Maciel Torres Filho

América Economía

Sao Paulo. - El presente texto busca delinear el panorama de las políticas que defienden la competencia en América Latina. Como no hay espacio para un análisis individual de cada país de la región, el artículo presentará algunas consideraciones generales, detallando después el desarrollo de esas acciones que ha ocurrido recientemente en algunos lugares. 

En las últimas décadas del siglo XX, diversas reformas institucionales buscaron profundizar el uso de los principios del mercado en las economías de varios países del mundo. América Latina no fue la excepción. En diferentes grados y en diferentes contextos, se trató de transferir a los agentes privados el poder para tomar decisiones económicas, reduciendo la participación estatal en la  economía.

En ese contexto, varios países latinoamericanos adoptaron legislaciones para defender la competencia o reforzaron sus leyes antimonopolio ya existentes, con el objetivo de impedir carteles y otras conductas anticompetitivas, además de controlar los consorcios empresariales nocivos para la economía. Ese proceso, sin embargo, avanzó y avanza en diferentes niveles, dependiendo de los contextos político-institucionales que prevalecen en distintos lugares. 

De hecho, en muchos países de América Latina, las leyes que defienden la competencia aún no se aplican de manera efectiva o simplemente no existen. No obstante, en otros países esas leyes se están aplicando con un creciente rigor. En esos casos, instrumentos como entregar más poder para investigar a las autoridades, la aplicación de mayores multas y la introducción de programas de indulgencia (que permiten que participantes de un cartel denuncien un ilícito a las autoridades a cambio de inmunidad o reducción de penas) han contribuido de forma significativa a la persecución de prácticas anticompetitivas.

En Brasil, por ejemplo, una ley federal promulgada en 1994 marcó una nueva fase en el control de operaciones empresariales que pudiesen perjudicar la libre competencia. A partir de 2003, con los avances en el llamado “programa de indulgencia” (introducido en 2000), aumentó la eficiencia de la lucha contra conductas anticompetitivas, principalmente contra los carteles. Desde 2003, de acuerdo con las autoridades, se firmaron aproximadamente 15 acuerdos de indulgencia en el país (aunque casi la totalidad de esas investigaciones aún no terminan).

Las autoridades antimonopolio brasileñas también buscan aumentar las multas aplicadas a carteles y otras conductas anticompetitivas. En julio de 2009, por ejemplo, AmBev fue multada con R$ 352,7 millones, por supuestamente haber abusado de su posición dominante en el mercado cervecero. Otro aspecto que buscan aumentar son las penas a los individuos envueltos en prácticas ilícitas.

En México, reformas implementadas en 2006 buscaban remediar varios problemas presentes en la aplicación de la ley antimonopolio, que data de 1992. Una de esas reformas fue, exactamente, la adopción de un programa de inmunidad administrativa. Actualmente, las autoridades mexicanas estudian adoptar una guía que establecería procedimientos más detallados para el proceso de indulgencia, el cual, de acuerdo con informaciones oficiales, ya ha sido solicitado siete veces en el país. Otros cambios están en estudio, incluyendo el aumento de las multas y la simplificación de los procedimientos de búsqueda y detención en empresas.

Un proceso similar ocurre en Chile. Aunque la actual legislación antimonopolio se haya creado en 1973, la reforma implementada en 2003 fortaleció el aparato institucional antimonopolio, creando un tribunal exclusivo para juzgar asuntos de esa naturaleza. Y el combate a los carteles aumentó gracias a cambios legislativos llevados a cabo en julio de 2009. Esas reformas, que entrarán en vigencia en octubre, incluyen la adopción de un programa de indulgencia, mayores multas a los carteles y nuevos poderes para las autoridades antimonopolio, como búsquedas, detenciones e intervención de comunicaciones.

En Colombia, reformas a la ley de defensa de la competencia se implementaron en julio de 2009. Entre los principales cambios, destacan mayores multas y aumento de la independencia de la autoridad antimonopolio. Además, personas que hayan recurrido a una práctica anticompetitiva podrán recibir inmunidad total o parcial si delatan el ilícito o cooperan con las autoridades. Sin embargo, ese programa de indulgencia aún se debe reglamentar.

En conclusión, existen grandes diferencias entre los países latinoamericanos en lo que se refiere a políticas que defienden la competencia. Algunos son más rigurosos frente a conductas anticompetitivas, otros poseen leyes antimonopolio, pero su aplicación aún se encuentra en un nivel menos desarrollado. En otros lugares ni siquiera existe una legislación para defender la competencia, aunque algunos países, como Ecuador, estudian su adopción.

Considerando ese escenario de diversidad institucional, las empresas presentes en América Latina deben estar preparadas para actuar según las políticas internas y cumpliendo las diferentes legislaciones antimonopolio, principalmente ahora que diversos países buscan profundizar la aplicación de sus leyes frente a prácticas anticompetitivas.

Francisco Ribeiro Todorov es socio en Brasilia (DF) de la firma de abogados Trench, Rossi e Watanabe Advogados, asociada a Baker & McKenzie International.
Marcelo Maciel Torres Filho está asociado en Brasilia (DF) a la firma de abogados Trench, Rossi e Watanabe Advogados, asociada a Baker & McKenzie International.